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| 2/12/2017 10:00:00 AM

La maldición de Odebrecht

Primero le tocó a Óscar Iván Zuluaga y ahora al presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué es verdad, qué es mentira y qué no se sabe del escándalo?

No hay duda en el escándalo de Odebrecht de que el exsenador Otto Bula recibió 1 millón de dólares y que dijo que estaba destinado a la campaña de Santos. Bula afirma que descontó para él una comisión de 200 millones de pesos.

De ahí en adelante todo es menos claro. Bula asegura que el dinero fue entregado a Andrés Giraldo, un amigo de Prieto. El lugar sería el hotel Virrey Park en la carrera 15 con calle 88. Y en cuanto a la fecha, aunque no se acuerda del mes, Bula sí aclara que fue antes de las elecciones presidenciales de 2014. El pago se habría hecho en un maletín en dos entregas en ese mismo lugar. Según agregó, en la segunda reunión, al salir del hotel, Bula vio entrar a Roberto Prieto, aunque no se cruzaron personalmente.

¿Cuál es la versión de Andrés Giraldo, el intermediario? En primer lugar reconoce ser muy amigo de Prieto desde 1984. Sobre la reunión, sostiene que sí tuvo lugar pero para otros fines y en otras fechas. Cuenta que un amigo le pidió el favor de recibir a Bula, quien era un exparlamentario interesado en plantearle un negocio. La reunión fue en el hotel que mencionó Bula, el Virrey Park, pero no en el restaurante italiano, sino en el Juan Valdez.

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Giraldo relata que nunca había visto a Bula y que estuvieron reunidos por no más de media hora. Según él, el exsenador se presentó como un hombre con muchas influencias en la costa Atlántica, en especial entre los congresistas. Luego agregó que tenía un proyecto para hacer unos acueductos en el Tolima y que lo buscaba para que le ayudara a hacer contactos, por medio de Prieto, con autoridades públicas. También dijo que le entregó unos documentos sobre ese proyecto.

Aunque en muchos aspectos las versiones coinciden, en algunos hay diferencias. La principal es la fecha. Para Bula, la reunión fue antes de las elecciones de 2014 y para Giraldo fue muchos meses después. Tampoco están de acuerdo en que para Bula hubo dos reuniones y Giraldo dice que no recuerda la segunda. Pero sí coinciden en que al final de la reunión llegó Roberto Prieto a reunirse con Giraldo. Bula en ese momento ya se había ido pero lo vio entrar de lejos.

La versión de Prieto fue mucho menos detallada. Manifestó que apenas “distinguía” a Bula pues lo había visto una sola vez en una reunión política. Reconoció su larga amistad con Giraldo y contó que cuando este le mencionó las propuestas de negocios de Bula, entraron a internet a averiguar de quién se trataba. Puntualizó que, cuando vieron su polémica hoja de vida, le dijo a su amigo: “A kilómetros de ese señor”.

La semana pasada Vicky Dávila reveló en La W un dato adicional que no se sabía sobre Roberto Prieto. Cuando el detenido Gabriel García rindió testimonio ante la Fiscalía dijo que en la campaña de 2010, cuando él era viceministro de Transporte, se reunió con el presidente de Odebrecht, Luiz Bueno. Este le pidió transparencia en la adjudicación de la Ruta del Sol y le agregó que había un señor de nombre Prieto, muy cercano a Odebrecht, que iba a cumplir un papel importante en la siguiente campaña presidencial. Aunque no lo conoce, García cree hoy que se estaban refiriendo a Roberto Prieto.

En cuanto a la financiación de la campaña de 2015, Prieto aseguró que esta se hizo por medio de un crédito del Banco de Colombia que fue cancelado con la reposición de los votos obtenidos. Hizo énfasis en que como gerente promovió y lideró la política de no recibir donaciones ni de particulares ni de empresas.

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De todas las papas calientes que le han caído a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, ninguna había sido más difícil. Aunque no tuvo cargo oficial, había sido un consejero muy valioso del presidente durante la campaña de la reelección. Tan valioso, que Santos decidió crearle el cargo de superministro, experimento que fracasó por conflictos internos en la Casa de Nariño.

Lo cierto es que cuando la confesión de Bula llegó a su despacho de la Fiscalía, Martínez no tuvo mejor alternativa que hacerla pública. Algunos creen que infló demasiado la noticia si lo único que tenía era el testimonio de un personaje controvertido, sin ninguna otra prueba. Otros creen que un zorro como el actual fiscal no produce semejante terremoto sin estar convencido de que hay alguna irregularidad. Mientras se aclara cuál de las dos versiones es verdad, lo único seguro es que mantener esa información en reserva, mientras Zuluaga era objeto de acusaciones similares, no era una opción. Cuando finalmente se revelara, el escándalo de haberlo ocultado hubiera sido mayor que el de publicarlo.

El fiscal ha tratado de ayudar al gobierno en dos formas. En primer lugar, se ha referido siempre a la “gerencia” de la campaña y no directamente a esta, para recalcar que hasta ahora no se ha probado que el dinero haya entrado. Ese tecnicismo, que puede tener una lógica jurídica, en nada cambia el impacto político y mediático del escándalo.

Y en segundo lugar, ha hecho más énfasis en las implicaciones electorales del caso que en los posibles efectos penales. De ahí que sus pronunciamientos giren esencialmente alrededor de la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral para que este establezca si se violaron los topes.

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Ese es un trámite rutinario pero inocuo. En principio las funciones del Consejo Nacional Electoral se limitarían a certificar que los libros de contabilidad de las campañas se ajustan a las normas vigentes. Estos, por definición, siempre están en orden, pues de lo contrario sus gerentes no las presentarían. En este caso, se trata de averiguar qué pudo haber quedado por fuera de esos libros de contabilidad que pudiera constituir una infracción o un delito. Para eso se requieren dientes y una unidad investigativa con funciones de Policía Judicial que el Consejo Electoral no tiene. Aunque sus miembros están tomando la investigación muy en serio y van a trabajar en mancorna con la Fiscalía, es difícil que lleguen a encontrar la ‘prueba reina’.

Después de que Bula recibió el dinero, este se movió en efectivo de ahí en adelante. Eso significa que el rastro es muy difícil de seguir. En el pago de sobornos no hay cheques, ni recibos ni comprobantes. A menos que aparezca una grabación de algún celular o una cámara de seguridad en que se vea un maletín (que debe ser grande), es posible que nunca se sepa en dónde acabó esa plata. El único elemento adicional que se puede esperar por ahora es que la Justicia brasileña le confirme a la colombiana que Odebrecht autorizó pagar 1 millón de dólares a la campaña de Santos y esté registrado en los libros de la empresa o declarado por sus altos ejecutivos. La próxima semana el fiscal, el procurador y los dos magistrados ponentes del Consejo Electoral viajarán a Brasil a averiguarlo. Si se comprueba, como ha ocurrido en otros países como Perú o Panamá, pudo haber entrado a la campaña pero también pudo haberse quedado en el camino en otras manos.

El presidente cree la segunda versión, es decir que lo que dice Bula es mentira y que ese dinero no ingresó jamás a su campaña. Frenteó sobre ese tema a Roberto Prieto y este le aseguró que ni él ni Giraldo habían recibido un centavo y que todo era un montaje. De haber sido así, significaría que Odebrecht le dio el millón de dólares a Otto Bula y él se lo robó. Lo cierto es que Bula pidió que la declaración a la Fiscalía fuera juramentada, con lo cual se expone a que si dice mentiras incurre en el delito de falso testimonio, con lo cual podría exponerse a una pena de hasta 12 años de cárcel.

Para muchos, tanto en el gobierno como en la oposición, es poco creíble que el presidente hubiera autorizado una operación de esa naturaleza. Sin embargo, no necesariamente coinciden con él en que todo el escándalo termina en Bula. La versión de Prieto de una campaña sin una sola donación, financiada ciento por ciento por un crédito del Banco de Colombia y el pago de este con la reposición de los votos desafía la credibilidad. Como se dice con frecuencia, una cosa es Dinamarca y la otra Cundinamarca.

Todas las campañas presidenciales son un torbellino. Por un lado están los congresistas pidiendo plata para movilizar a su gente y decenas de empresas y de particulares que por convicción o por oportunismo quieren apoyar a un candidato, o a los dos que tienen posibilidades de ganar. Los controles en la campaña de Santos eran bastante estrictos. Su tope permitido era de 13.000 millones en la primera vuelta y 9.000 en la segunda. El reembolso que otorga el Estado por el número de votos obtenidos efectivamente produjo esas cifras.

No obstante, en una u otra forma, el caos que se genera en las campañas desborda esa realidad. Alguien puede ofrecer regalar unas camisetas o unos pendones; también ayuda en materia de movilización en buses o inclusive en un avión. Y así muchas otras cosas. Son ayudas informales que algunas veces no necesariamente quedan en la contabilidad y que son difíciles de detectar.

Por lo anterior, la versión oficial de Prieto de una campaña donde no entra un solo peso por encima del reembolso del Estado suena exagerada. El entonces gerente de la campaña tiene a su favor el hecho de que por tratar de poner en práctica su fórmula no hubo mucha plata para girarles a los políticos regionales en la primera vuelta. Ante el rechazo de estos hacia Prieto y el triunfo de Zuluaga, en la segunda vuelta Prieto quedó relegado y el expresidente César Gaviria cogió la sartén por el mango y con ello Santos ganó la reelección.

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La campaña presidencial de 2014 puede haber sido rutinaria para los entendidos pero definitivamente no para la opinión pública. Por la palabra Odebrecht los ojos de los colombianos están bien abiertos. Ante meses de acusaciones de corrupción a todos los niveles, los ciudadanos de a pie piensan que todos los gobiernos son corruptos, y están cansados de tanto escándalo. Le creen mucho más a quien se vaya contra lo establecido que al que insista en que Juan Manuel Santos no se prestaría para actos de corrupción.

El daño hecho a la imagen de Colombia y a la del presidente con el millón de dólares de Bula ha sido considerable. A nivel internacional, el prestigio del premio nobel de paz quedó salpicado por una acusación inconclusa. Y a nivel nacional esta, a su vez, fortalece el discurso anticorrupción, antipolítico, y antiestablecimiento, no siempre con las voces más sensatas, sino con las más radicales. En Colombia hay muchos malos, pero también hay muchos buenos. Sin embargo, por cuenta de los escándalos de la semana pasada, el sistema quedó deslegitimado y todo el mundo quedó nivelado por lo bajo.

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