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| Foto: SEMANA

JUSTICIA

El Ñoño cree que cabe por la puerta de la JEP

El senador Bernardo Elías quiere presentarse a la justicia transicional argumentando que recibió los sobornos de Odebrecht para promover la paz. SEMANA analiza sus argumentos y las posibilidades que tiene de beneficiarse de ese tribunal especial.

22 de enero de 2018

El Ñoño Elías está moviendo todas las cartas posibles para caer parado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, del cual es protagonista. Por un lado, el suspendido senador pretende convertirse en un ventilador ante la Corte Suprema, y para eso le presentará este martes una matriz de colaboración al tribunal, con la que espera obtener beneficios sobre su eventual condena. Sin embargo, el exsenador aspira a jugar a dos bandas. Al mismo tiempo que pide pista para una negociación dejó sembrada su estrategia para entrar y beneficiarse de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esa jugada la esbozó con una carta que le envió a la magistrada Patricia Salazar el pasado 11 de enero. Después de sentarse a analizar junto a sus asesores jurídicos las causas que lo llevaron a involucrarse en el caso, dice: "Nunca tuve el fin de lucrarme (...) los magistrados pudieron establecer que no existió en mí, ni en mi nucleo familiar, enriquecimiento ilícito".

Entonces asegura que recibió los "aportes económicos" para destinarlos a campañas y actividades políticas, "con el porpósito de impulsar políticas orientadas a poner fin a la confrontación armada, como efectivamente ocurrió". Aunque Elías Vidal no ha radicado la solicitud para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, sus palabras revelan para dónde va. De hecho, en el mundo jurídico esa motivación fue advertida de inmediato y fuentes cercanas al proceso le confirmaron a SEMANA que la decisión está tomada.

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Apenas se dio a conocer en los medios de comunicación el contenido de la carta, el abogado Ramiro Bejarano trinó: "Está clarísima estrategia de Noño Elías al pretender confesar que por la paz recibió sobornos por 14.000 millones. Ahora estos agentes de la corrupción quieren abrir las puertas de la JEP y salir libres alegando que recibieron sobornos por cuenta del conflicto armado".

En conversación con SEMANA, Bejarano agregó que no ve "cómo se colabora a la paz recibiendo sobornos. Eso muestra el desespero. Se la están jugandos por ambos lados (la JEP y la Corte)".

El primer interrogante que se abre frente a las intenciones de Bernardo Elías es si sus conductas pueden ser competencia de la JEP. Hasta ahora ha sido acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, pero solo aceptó su responsabilidad por los dos últimos cargos. Para Bejarano, "la JEP no está concebida para esos delitos comunes. No veo que con esos sobornos hubieran pagado armas, o la subsistencia de la guerrilla. Los cogían para ellos. Es una trampa".

Otros expertos consultados por SEMANA concuerdan con Bejarano. Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, "nada es más absurdo que tratar de conectar actos de corrupción claros con el proceso de paz. Ya habíamos previsto que esto se iba a llenar de oportunistas, pero esto es ser muy iluso".

En la carta del Ñoño queda clara su coartada de decir que la plata de las coimas de Odebrecht, que al parecer fue entregada para torcer la contratación de la Ruta del Sol, nunca entró a sus bolsillos, sino que fue a parar a campañas políticas que apoyaban el proceso de paz.

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El análisis que hace Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc, desestima el argumento del exsenador, al explicar que la competencia de la JEP es sobre los hechos ocurridos en el marco o conectados con el conflicto armado. Es decir, el Ñoño cabría en la JEP si se demuestra que la plata de los sobornos de Odebrecht sirvió para financiar la guerrilla u otro actor del conflicto.

Sin embargo, para Martínez, el mismo Bernardo Elías tumba sus argumentos al explicar que ese dinero se usó para promover campañas que a su vez se la jugaban por la paz. "Buscar la paz no es un delito en el marco del conflicto. La JEP tiene competencia sobre el conflicto, no sobre la paz", explica.

Para Martínez, el punto del lucro es clave en la discusión, pues haberse embolsillado plata es una barrera para entrar a la justicia transicional. "Él está en la libertad de presentarse a la JEP, pero ese delito no entra ahí".

Otra pregunta que queda abierta es si el Ñoño se jugará la carta de la JEP ahora o después de sentencia. Hacerlo ya podría traerle beneficios inmediatos, como recuperar su libertad. Pero otra opción es que el senador suspendido espere a que la Corte Suprema lo juzgue y lo condene. 

En este segundo escenario, lo que buscaría sería que el nuevo tirbunal le conmute o le extinga la pena. En este último caso, el Ñoño podría ahorrarse por completo la purga de la sentencia, o beneficiarse de los topes que establece la JEP, que no pasan de ocho años de restricción de la libertad. SEMANA conoció que Bernardo Elías, por ahora, se decantaría por esta alternativa.

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Para analizar las pretensiones del exsenador hay antecedentes que podrían aportar al debate. Uno de los más conocidos es el del ministro del gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, condenado por la Yidispolítica. Aseguró que la compra de votos en el Congreso en la que él participó tenía como propósito conseguir la reelección de un gobierno, y de paso la continuidad de su política de Seguridad Democrática, con la que se dirigió la guerra contra las Farc.

A Palacio, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá le negó la libertad que había pedido como beneficiario de la JEP. Para los expertos consultado por SEMANA, la tesis de Palacio, aunque rechazada en los estrados, es más robusta que la del exsenador Elías Vidal, pues el exministro no recibió dinero a título personal por sus acciones, y tiene un hilo concector más lógico con el conflicto.

Aunque fue menos mediático, la Corte Suprema de Justicia rechazó la intención de acogerse a la JEP de un agente de Estado, acusado por hacer parte de una organización criminal que estafó masivamente mediante una empresa piramidal. Para el alto tribunal, el caso del exintendente de la Policía José Elmer Mosquera Córdoba, no guarda relación con el conflicto armado por lo cual su solicitud fue rechazada.

Una solicitud como la que pretende Bernardo Elías podría servir para hacer definiciones cruciales sobre los límites de la competencia de la JEP; y serán la Corte Suprema o el nuevo tribunal de paz -dependiendo de qué camino tome el exsenador- los que en últimas tendrán el trabajo de interpretar los argumentos del Ñoño. Por lo pronto, el cacique político ve una ventana y está dispuesto a intentar meterse por ahí.