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| 1/21/2017 12:00:00 AM

La Ruta del Sol quedó entre la espada y la pared por los líos de Odebrecht

Los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht obligarían a que el gobierno pida la nulidad del contrato. Eso tendría graves consecuencias para el sistema financiero y para los proyectos de infraestructura. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno este dilema?

Solucionar el problema del contrato de la Ruta del Sol, en el cual Odebrecht pagó sobornos por 11 millones de dólares, no ha sido fácil. Como el delito se comprobó, el contrato, que ascendía a 2,8 billones de pesos, equivalentes a 1.400 millones de dólares en ese año, tendrá que ser declarado nulo. Las partes del contrato de la Concesionaria Ruta del Sol Sector II son la firma Odebrecht con el 62 por ciento, una sociedad de Luis Carlos Sarmiento con el 33 por ciento y la familia del constructor Solarte con el 5 por ciento.

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La demanda de nulidad en la justicia ordinaria tiene dos problemas graves. Por un lado la obra tendría que detenerse y podrían transcurrir más de dos años mientras se abre otra licitación y se instala el nuevo operador. El otro problema es que el consorcio contratante les debe a los bancos colombianos e internacionales 2,4 billones de pesos (800 millones de dólares). Un monto de esa magnitud en el aire podría tener repercusiones en todo el sistema financiero. Por lo tanto evitar el incumplimiento de ese pago es una prioridad para que no se vea afectada la economía del país.

Para sortear esas complicaciones se presentaron inicialmente algunas fórmulas bien intencionadas, pero no viables. Luis Carlos Sarmiento va a perder una plata importante si se declara nulo el contrato, pues tenía intereses económicos no solo como socio ejecutor, sino como propietario de Corficolombiana, la entidad financiera que había llevado a cabo el cierre del negocio.

Como el empresario tiene el 33 por ciento de las acciones y no está involucrado en el tema del soborno, le ofreció al gobierno que él se podía hacer cargo de terminar la totalidad del proyecto en los términos pactados. Esto, por los retrasos y ajustes requeridos, haría mucho menos rentable el negocio. Hizo el ofrecimiento para que no se detuviera la obra y para que su nombre y su prestigio no quedaran en entredicho con un proyecto inconcluso en un caso controvertido.

Le hizo la propuesta al presidente Santos, al vicepresidente Germán Vargas y a Luis Fernando Andrade, director de la ANI, y como solución práctica era la mejor, pues Sarmiento es reconocido como un contratista eficiente y cumplido en materia de infraestructura. Sin embargo, legalmente la fórmula no es viable. La declaratoria de nulidad es inevitable y obliga a abrir una nueva licitación.

El fiscal Néstor Humberto Martínez también trató de contribuir a la solución. Su fórmula era darles principio de oportunidad a los funcionarios responsables de Odebrecht y al mismo tiempo exigirle la multinacional reparar el desfalco de los 11 millones de dólares. Esa sugerencia está bajo estudio pero no constituye una solucion de fondo pues solamente el gobierno puede pedir la nulidad del contrato.

Otra fórmula que llegó a ventilarse para no detener la obra fue que la participación de Odebrecht en el consorcio pudiera ser endosada al gobierno. En esta forma el Estado se convertiría en el socio mayoritario, los minoritarios permanecerían en la sociedad y se continuaría con la obra. Esta alternativa, sin embargo, era tan poco ortodoxa como las anteriores y tampoco fue considerada viable.

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El jueves de la semana pasada se reunieron Santos y Andrade para buscarle una salida a ese laberinto. Ambos diagnostican que una cosa es que hubiera firmas corruptas en Colombia y otra que, por cuenta de estas, hubiera que paralizar el país. El primer mandatario enfatizó en que la prioridad era mantener el ritmo de la construcción de infraestructura y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Y esos dos flancos estaban en peligro de no aparecer una solución acertada.

La suspensión de una obra de esa envergadura, con múltiples posibles pleitos y un eventual incumplimiento de obligaciones financieras con los bancos por 800 millones de dólares, podría llevar a que otros contratistas se abstuvieran de participar en este tipo de proyectos y a que los bancos dejaran de prestar para financiarlos.

Todas las partes consideran que la persona encargada de solucionar este enredo es la más idónea para hacerlo. Luis Fernando Andrade no solo está por fuera de toda sospecha en relación con cualquier irregularidad, sino que por haber dirigido la firma de consultoría McKinsey tiene amplia experiencia en llegar rápidamente a soluciones concretas. Su mapa de ruta hasta ahora es el siguiente. Antes del escándalo del soborno, Odebrecht había demandado al Estado colombiano por 700.000 millones de pesos con argumentos pocos convincentes de demoras en la entrega de predios y oposición de algunas comunidades que desembocaron en retrasos.

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El pleito está en manos de un tribunal de arbitramento y Andrade tiene la idea de buscar un acuerdo entre las dos partes para liquidar el contrato sin llevar el proceso hasta el final. Eso se haría en la audiencia de conciliación, y se discutirían temas como el retiro de las demandas, el pago de la deuda bancaria y la suspensión del pago relacionado al aporte patrimonial de los socios, que excede los 250.000 millones de pesos, como garantía contra futuros pleitos contra el Estado. La meta sería que el nuevo contratista pudiera iniciar la obra dentro de un año y que durante la mayor parte de ese tiempo los miembros del consorcio terminaran las que están a medio camino. Si no se llega a ese arreglo, la obra no podría reiniciarse tan pronto, pues tocaría esperar al fallo del tribunal de arbitramento, que tomaría un poco más de tiempo. Aún así, sería más rápido que la justicia ordinaria. 

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