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| 2/26/2014 12:00:00 AM

Generales a responder por masacre en Meta

Se destacan los generales (r) Rosso José Serrano y Freddy Padilla de León , y el gobernador Alan Jara.

Por la masacre de Puerto Alvira, en Meta, la Fiscalía investiga a altos oficiales y gobernantes que para la época de los hechos pudieron haber cometido algún tipo de omisión en el hecho ocurrido en 1998 y que dejó a 18 personas muertas.

El pasado 18 de noviembre un fiscal de Derechos Humanos, a cargo del proceso, le pidió a la Unidad de delgados ante la Corte Suprema de Justicia que se indague la posible omisión de altos oficiales y de gobernadores que para la época tenían la responsabilidad de velar por la seguridad de los habitantes de esa región del país.

El 24 de ese mismo mes la petición fue recibida en dicha dependencia. Los investigados afectados son los mayores generales Jaime Humberto Uscategui y Freddy Padilla de León quienes fueran los comandantes de la VII Brigada, con sede en Villavicencio, y el mayor general Agustín Ardila Uribe, comandante de la IV División, cuyo centro de operaciones también es la capital de Meta.

El entonces comandante del Ejército el mayor general Mario Hugo Gaitán también es indagado; otro de los que deberán responder es el exdirector de la Policía el mayor general Rosso José Serrano.

Entre los investigados, también están el exgobernador de Meta Alfonso Ortiz Bautista y el actual gobernador, Alan Jara, quien para la época de los hechos cursaba su primer mandato.

Los hechos

Según publicó el portal VerdadAbierta, el 4 de mayo de 1998 cerca de 200 paramilitares enviados por Carlos y Vicente Castaño, iniciaron una incursión a Puerto Alvira, conocido también como Caño Jabón en Mapiripán (Meta). Durante la masacre el caserío fue saqueado, sus pobladores torturados y ocurrieron 18 asesinatos.

El Consejo de Estado el año pasado en un fallo condenó al Estado por los hechos, los cuales según la corporación se habría podido evitar si las autoridades gubernamentales y la Fuerza Pública hubieran actuado a tiempo.

En el fallo en el que se condena a la Nación a pagar una millonaria indemnización a la familia de una de las 20 víctimas se aseguró que "la masacre ocurrió bajo la mirada indiferente de las autoridades que negligentemente desestimaron las denuncias de los campesinos sobre las amenazas de las autodefensas."

Además se resaltó en la determinación que la situación se veía venir, que los pobladores advirtieron que en Puerto Alvira se podría presentar una incursión armada de paramilitares o de guerrilleros acusándolos como auxiliadores de uno o de otro grupo y que la Defensoría también hizo una alerta temprana, pero nadie buscó evitar la masacre.

El Tribunal de lo contencioso administrativo aseguró el en general Jaime Uscátegui fue el responsable de la omisión en el caso al no haber enviado los hombres bajo su mando a proteger la población. "Aunque Uscátegui anunció una militarización de Puerto Elvira o Caño Jabón, este compromiso evidentemente se incumplió".

El oficial entonces comandante de la VII Brigada, aseguró en una reunión donde se tocó el tema de la posible incursión paramilitar que le “extrañaba que no se recibieran quejas de la guerrilla sino de los paras, por lo cual no sabía qué hacer ya que sus tropas solo alcanzaban a dar protección a las cabeceras municipales y que estaba cansado de dar contestación a tantos oficios que le llegaban, pero que aun así militarizaría Caño Jabón”.

En su fallo el Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Defensa y el departamento del Meta, son responsables de lo ocurrido con las 20 víctimas y del pánico que debieron vivir los sobrevivientes.

“El ministerio de Defensa fue negligente y no cumplió con su deber constitucional de precaver, prevenir y proteger la vida, honra y bienes de la población, mientras que el departamento del Meta pudo haber actuado a través de los consejos extraordinarios de seguridad para encontrar vías de acción frente a las amenazas de los paramilitares”, agregó el fallo del Consejo de Estado.

El contestar la demanda en 1999 el Ministerio de Defensa aseguró que ellos no podían responsabilizarse por las acciones de un tercero, en este caso los paramilitares. “Las condiciones geográficas y económicas el del conflicto hacen que las autoridades no puedan responder de manera adecuada y oportuna para garantizar la vida y los bienes de todos los colombiano”, señaló la cartera.

Sobre esta advertencia, el general Uscátegui le dijo a VerdadAbierta.com que "el 15 de octubre de 1997, como Comandante de la Séptima Brigada, recibí un informe de la Defensoría del Pueblo relacionado con amenazas a la inspección de Caño Jabón. Tomé las medidas de seguridad correspondientes al extremar el control militar sobre las vías de acceso a dicha inspección, es decir terrestres, fluviales y aéreas", a lo que agregó que mientras se mantuvo como comandante de la Séptima Brigada "no se presentó ninguna novedad".

Sobre el tema el departamento del Meta al responder la demanda, también aseguró que no había ninguna prueba con la cual se les pueda vincular a algún tipo de omisión. Pero el fallo del Consejo de Estado determinó lo contrario.

“La omisión en que incurrió el Estado al tener conocimiento de los posibles hechos que iban a suceder en Puerto Alvira no tiene justificación ni de recursos materiales y humanos, no puede ser una razón lógica para dejar desprotegida a la ciudadanía. Adicionalmente el gobierno de Meta también tenía conocimiento pero no hubo respuesta efectiva”, señaló la decisión.

Uscátegui también le dijo a VerdadAbierta.com que "el 10 de diciembre de 1997 entregué la Séptima Brigada al General Fredy Padilla de León, sin novedades en Caño Jabón o Puerto Alvira como también se conoce, que es una inspección del municipio de Mapiripán”. Además aclaró que en enero de 1998 se recibió otro informe y se llevó a cabo un Consejo de Seguridad, "pero el Comandante de la Brigada para ese momento era el General Padilla".

El militar asegura además que en la fecha en que ocurrió la masacre "yo me encontraba en Tres Esquinas (Caquetá) como Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, con jurisdicción en los departa mentos del Caquetá (sede de la Brigada doce) y Putumayo (sede de la Brigada 24), combatiendo todos los agentes generadores de violencia".
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