¡Oh confusión, oh caos!

El 7 de septiembre los colombianos quedaron atónitos cuando vieron al general Mario Montoya, comandante del Ejército, leyendo un comunicado en el que admitía la posible participación de miembros de esa institución en falsos atentados de las Farc en Bogotá. Dejó indignado a todo el mundo que oficiales de la Fuerza Pública hicieran montajes para mostrar 'positivos', que es el término utilizado en la jerga para describir las operaciones exitosas. En este caso el propósito sería hacerles creer a sus superiores y a la ciudadanía que la guerrilla estaba acechando la capital. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de que eran casos aislados, atribuibles a unas cuantas "manzanas podridas", y que serían castigados ejemplarmente. Sólo 72 horas después, el presidente Álvaro Uribe salió en televisión para desmentir lo que ambos habían dicho. En directo el domingo por la noche, afirmó que no había pruebas de que los atentados descubiertos por el Ejército en Bogotá fueran montajes. Y fustigó duramente a los medios por haber filtrado la información. Desde entonces todo ha sido confuso y la gente sigue sin entender. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?

Desde finales de junio había nerviosismo generalizado en los organismos de seguridad. Todos esperaban una ofensiva de las Farc para la instalación del Congreso el 20 de julio o para la posesión del Presidente el 7 de agosto. La información que manejaban era que las Farc intentarían detonar un carro bomba en Bogotá. Algunos eran escépticos de que lo lograran, pues la red urbana Antonio Nariño y la columna móvil Teófilo Forero han sufrido graves reveses en la capital. Además, el despliegue de policías y militares en la ciudad no tenía precedentes.

En medio de la zozobra que había en la ciudad, el Ejército dio varios golpes contra los planes terroristas de las Farc. Entre mediados de julio y finales de agosto, revelaron el hallazgo de por lo menos siete bombas instaladas en seis carros y una casa. Para muchos de los expertos en inteligencia resultaba extraño que sólo el Ejército estuviera encontrando estos explosivos y que algunos de ellos que fueron presentados como poderosos carros bombas en realidad eran artefactos explosivos de escaso poder, que no estaban armados para detonar. En particular llamaron la atención dos de estos episodios. Un taxi encontrado en el centro comercial Caracas, en el sur de la ciudad, y otro en el barrio Venecia. Ambos tenían en común que habían sido localizados por dos oficiales adscritos al comando general de las Fuerzas Militares, el mayor Javier Efrén Hermida y el capitán Luis Gerardo Barrera Calderón, con la colaboración de una ex guerrillera de las Farc, conocida como 'Jessica'.

Esta desmovilizada venía siendo seguida de cerca por hombres de la Policía de Bogotá que tenían evidencia de que continuaba vinculada a las actividades terroristas de ese grupo insurgente. Incluso la unidad antiterrorista de la Fiscalía ya tenía un proceso abierto en su contra. Por eso los investigadores que la seguían hicieron fotos, videos y grabaciones que luego servirían de prueba contra ella. Durante estos seguimientos, la guerrillera aparecía hablando y reunida frecuentemente con los dos oficiales del Ejército.

Los detectives de la Policía y de la Fiscalía encontraron indicios de que los dos carros con explosivos, entregados por 'Jessica' a los hombres del Ejército, eran 'chimbos'. Una de las pruebas más fuertes era el testimonio del dueño del taxi encontrado en el centro comercial, quien le dijo al Fiscal que había sido timado por 'Jessica' y los oficiales del Ejército, pues no sólo resultó involucrado en un hecho delictivo sino que nunca le pagaron la plata prometida.

Otro aspecto que generaba sospecha entre los investigadores era que en los operativos del Ejército no hubiese capturados. Así se fue construyendo la hipótesis de que se trataba de montajes para ser presentados ante el país como 'positivos'. Estos cuestionamientos se extendieron a los demás golpes que supuestamente el Ejército les había dado a las Farc. El decomiso de 100 kilos de explosivos camuflados en bultos de papa, cerca de Sibaté; la desactivación de un carro bomba en las afueras de Bogotá; el decomiso de seis barras de dinamita en el barrio Normandía, y el anuncio de que había sido desactivada una casa bomba en Ciudad Bolívar. Incluso se llegó a dudar sobre las circunstancias en las que explotó un carro bomba cerca de la Escuela de Cadetes, donde murió un indigente y 19 soldados quedaron heridos.

La suspicacia sobre los atentados se ventiló durante un consejo de antiterrorismo con la Alcaldía de Bogotá hace tres semanas al cual asistieron, entre otros, el alcalde Luis Eduardo Garzón, el viceministro de Defensa, Hernán Sanín, y el director de la unidad antiterrorista de la Fiscalía, Hermes Ardila. Lo que nadie se explica es por qué en el Ministerio de Defensa no se trató el tema sino hasta el jueves 7 de septiembre, cuando el vicefiscal Armando Otálora se presentó en el despacho de Juan Manuel Santos y le dijo alarmado que SEMANA y El Tiempo iban a publicar toda la historia de los montajes.

Otálora le dijo al Ministro que la Fiscalía tenía pruebas que inculpaban a varios oficiales. Entre otras mencionó fotos, videos, grabaciones y confesiones incontrovertibles donde los militares armaban el plan maquiavélico para poner carros que no iba a estallar. Advirtió muy preocupado que uno de los casos donde los militares habrían participado era la explosión del carro bomba en inmediaciones de la Escuela de Cadetes.

La alarma cundió entre la cúpula militar. Nadie dudó de la versión del vicefiscal ni le pidieron pruebas que respaldaran sus palabras. Se dio como un hecho cumplido que un hombre de tan alto rango y con su investidura tiene información privilegiada, probada por técnicos judiciales. Si la historia -incluidas las grabaciones y las fotos- ya estaban en manos de los medios de comunicación, lo mejor que podían hacer tanto el Ministro como los altos mandos era darle la cara al país.

Después de episodios tan vergonzosos como la masacre de Jamundí y el asesinato de seis falsos secuestradores por el Gaula del Ejército en la Costa, la política del gobierno es anticiparse a las denuncias de los medios. Por eso, después de breves consultas, el general Mario Montoya leyó el comunicado donde admitió, avergonzado, que miembros del Ejército habrían hecho estos montajes en Bogotá.

Al día siguiente el país estaba horrorizado con la noticia. El escándalo empezó a crecer como una bola de nieve. El daño que se veía venir para la política de seguridad democrática -que está basada en la confianza en las instituciones- era devastador. Por eso al final de la tarde, Uribe citó a un consejo de seguridad que continuó el domingo siguiente, con todos los involucrados para aclarar lo ocurrido y castigar a los responsables. El Presidente no ocultó su molestia porque estos acontecimientos tan graves se conocieron primero en los medios de comunicación que en el Palacio de Nariño. Más incisivo que nunca, les preguntó a cada uno de los presentes su versión de los hechos.

Para sorpresa de muchos, el vicefiscal Otálora esta vez dijo que no había evidencias para inculpar a miembros de la Fuerza Pública. Además aclaró que no todos los actos terroristas que habían ocurrido eran montajes, y en particular afirmó que los militares no estaban vinculados a la investigación del carro que mató un civil e hirió a 19 soldados. Con las palabras de Otálora, la tesis de los montajes quedó herida de muerte.

Frente a Uribe, la Policía tampoco aportó pruebas contundentes que incriminaran a los militares. Aunque sí manifestaron tener evidencias de que 'Jessica' trabajaba para las Farc y debía ser capturada, como finalmente ocurrió.

El Ejército reconoció que 'Jessica' era una guerrillera que trabajaba a dos bandas. Había sido enviada a Bogotá por las Farc para infiltrar el programa de desmovilizados en 2003, y el Ejército la había reclutado como informante. Al parecer había contribuido con alguna información valiosa en otras operaciones y por eso tenía la confianza de agentes de inteligencia. Pero en esta ocasión no es claro si engañaba a las Farc, al Ejército o a ambos. Es muy posible que convertida en informante profesional, se haya dedicado a estafar a los militares, montando falsos 'positivos' por los que cobra jugosas recompensas, como los siete millones de pesos que le pagaron por los dos carros con explosivos. Dinero que debía compartir con el taxista que la delató ante la Fiscalía.

Además, varios de los asistentes dijeron que el carro bomba que estalló cerca de la Escuela de Cadetes sí había sido obra de las Farc, y exhibieron como prueba una grabación donde 'Carlos Lozada', un mando medio de esa guerrilla, le informó al Secretariado que la acción había fracasado, pues los soldados habían sobrevivido.

Con estas nuevas explicaciones, el rumbo del consejo de seguridad cambió totalmente. El Presidente puso en duda la existencia de los montajes, se convenció de que alguien les había dado a los medios información inexacta y ordenó que se investigue hasta que se encuentre al responsable de la filtración.

Por eso la alocución del Presidente el domingo terminó de confundir a todos. Dijo que no hubo montajes. Desmintió al general Montoya y al ministro Santos. Y la emprendió contra los periodistas.

¿Filtró la Policía esa información? ¿Con qué intención? ¿Terminarán rodando las cabezas de quienes hablaron con los medios y no las de quienes habrían hecho los montajes? ¿Continuará la investigación contra los oficiales del Ejército?

La filtración sobre los montajes ha desatado una verdadera cacería de brujas entre los organismos de seguridad. Sin embargo, esto no es lo más importante. En el fondo, lo que le preocupa al gobierno es que en todo esto ha salido a flote una fractura entre la los dos principales cuerpos de seguridad del Estado. Evidencia de ello es la forma como se tramitó la denuncia. La Policía, que desconfía del Ejército, informó a otros organismos antes que al Ministerio de Defensa sobre las irregularidades que había detectado.

La reticencia y recelo que hay entre policías y militares es tanta que un ambicioso plan que tiene el gobierno, con apoyo de Estados Unidos, para capturar a los cabecillas de las Farc, está fracasando porque ni unos ni otros comparten sus análisis de inteligencia. Cada uno intenta guardarse la mejor información para hacer operaciones exitosas por su lado, para llevarse todo el mérito.

La constante rivalidad demuestra que las heridas que hay entre ambas instituciones no se han cicatrizado. Casos como los de Guaitarilla y Jamundí las han ahondado. Guaitarilla no ha podido ser superado, porque aunque hay evidencias de que tanto los integrantes de la Policía como los del Ejército estaban actuando motivados por intereses oscuros, la Policía puso los muertos y los militares terminaron absueltos. La masacre de Jamundí, donde murieron 10 policías y un civil, agudizó el enfrentamiento entre ambas fuerzas.

A eso se suma que por una deformación histórica, la Policía y el Ejército tienen una confusión enorme en los roles que debe cumplir cada uno, y con frecuencia se pisan las mangueras. Por eso resulta extraño que el Ejército termine haciendo operaciones en Bogotá, prácticamente a escondidas de la Policía, y no coordinado con ella, como debería ser. Al mismo tiempo, en ocasiones la Policía termina haciendo operaciones donde actúa el Ejército, sin informar sobre sus movimientos. No obstante, estos no son problemas de simple comunicación sino de una profunda desconfianza.

El problema para el presidente Uribe es que en este segundo gobierno el éxito de su guerra contra las Farc será medido principalmente con la captura de cabecillas. Eso sólo será posible con un esfuerzo en inteligencia mucho mayor al que se ha hecho hasta ahora, y con una gran coordinación entre todos los organismos de seguridad. Así las cosas, la pelea entre generales pasó de ser un asunto de rencillas a convertirse en un tema que pone en alto riesgo la política de seguridad democrática. Al fin y al cabo, las únicas que han ganado en todo este episodio son las Farc. Sin disparar un solo tiro.