¡Ojo con las licitaciones de basuras!

El foro ‘¿Hacia dónde va el reciclaje en Colombia?’, convocado por SEMANA y Cempre con el apoyo de Avina, y realizado el 6 de julio en Bogotá, agrupó a diversos actores de la sociedad civil e instituciones del gobierno, con el fin de crear un escenario anual de análisis participativo, denuncia y búsqueda de alternativas frente a las problemáticas derivadas del manejo de los residuos en el país. Esta iniciativa buscó posicionar entre el público que el reciclaje no es un tema menor, ya que significa los ingresos de una población vulnerable de más de trescientas mil familias en Colombia, la disminución del costo de gestión en los municipios para el transporte y disposición final de residuos, el incremento de la vida útil de los sitios actuales de disposición final e, incluso, la contribución a la eficiencia económica y ambiental de las empresas por sus ahorros en costos, compras y uso de energía y agua.

El sistema de recolección de basuras presenta incoherencias porque no reconoce a todos los actores de la cadena, no obliga a la separación en la fuente, no incorpora alternativas de aprovechamiento ni variables ambientales. La ciudadanía paga en la factura el servicio que prestan las empresas contratistas de aseo, mientras que los recicladores realizan la labor sin compensación formal y hasta sin tener permisos para hacerlo en todas las zonas.

Ese es un problema “fácilmente solucionable”, según Carlos Vicente de Roux, y así lo corroboró la experta argentina Cecilia Allen, quien mostró los casos de recolección de residuos en varias ciudades del mundo: el pago al contratista de aseo no es por tonelada dispuesta sino para que mantenga zonas limpias, ya sea con múltiples recorridos de camiones de limpieza o al lograr, con campañas de educación en reciclaje, que la gente separe las basuras en la fuente y mantenga los espacios públicos limpios. También está previsto en otros países entregar rutas a los recicladores en las que puedan recoger desechos ‘secos’, como cartones producidos por empresas o centros comerciales, que les mejoran las posibilidades de ingresos a estas comunidades.

Lo anterior quiere decir que la actual licitación en Bogotá, que se adjudica el lunes, sale bajo una estructura tarifaria obsoleta.

En Colombia, el debate lleva muchos años sin solución visible. “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) cede la responsabilidad a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y viceversa, no hay coordinación en las normas y estamos rezagados frente al mundo y frente a las latentes necesidades y derechos de la población recicladora”, dijo Adriana Ruiz, directora de la Fundación para la Construcción Cívica y Solidaria de Cambio Sistemático (Civisol).

Por su parte, Myriam Margoth Martínez, directora de la Uaesp, afirmó que “estamos huérfanos de regulación” y explicó que todas las inconformidades con el actual sistema radican en que está atrapado entre la barrera regulatoria de la CRA, que le impide legalmente pagar la recolección a los recicladores (que sí se paga a las empresas contratistas), y entre la sentencia de la Corte Constitucional. Argumentó que esta administración realizó el censo de recicladores y un estudio de caracterización de basuras para poder tomar mejores decisiones.

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