Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2000/01/03 00:00

Ojo por ojo

El hundimiento del proyecto de facultades extraordinarias al Presidente deja en el ambiente la sensación de una cuenta de cobro a la Contraloría por parte de la clase política.

Ojo por ojo

No ha sido fácil el trámite de la ley de facultades extraordinarias al Presidente de la República para la reforma del Estado en el Congreso. Por el contrario, casi podría calificarse de traumática. La tortura empezó el 20 de septiembre pasado cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 120 de dicha ley por vicios de forma. La decisión dejó en entredicho las reformas a los organismos de control del Estado, entre ellos la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía General.

La semana pasada, cuando se creía que las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara llegarían a un acuerdo con el gobierno para sacar adelante el proyecto, se presentó un nuevo y grave tropiezo: el miércoles primero de diciembre, en momentos en que se llevaba a cabo la conciliación entre las comisiones, el vocero del Partido Liberal expresó que quienes siguen las directrices de la Dirección Nacional —línea oficialista— no votarían facultad alguna para la reestructuración de la Contraloría General, “no por razones técnicas, sino estrictamente políticas”.

Este anuncio fue considerado un golpe bajo al trámite del proyecto porque significaba, ni más ni menos, la aplicación de los santos óleos a uno de los proyectos bandera del actual gobierno. El hecho de anunciar que estaban dispuestos a respaldar las reformas de la Procuraduría y de la Fiscalía, pero no la de la Contraloría, fue interpretado como un torpedo contra el proyecto y dejó en el ambiente la sensación de una cuenta de cobro contra una de las instituciones que más ha vigilado el comportamiento de los congresistas, al denunciar los casos de corrupción en Foncolpuertos, el fondo de pensiones del Congreso y el Banco del Estado, entre otros.

Para los liberales oficialistas, uno de cuyos voceros fue el senador José Renán Trujillo, la reforma a la Contraloría General debería llevarse a cabo mediante la presentación al Congreso de un proyecto independiente en marzo del próximo año. Tal solicitud no sólo afectaba la unidad del proyecto sino que comprometía el principio de la independencia de los organismos de control. Consultado por SEMANA el contralor general, Carlos Ossa Escobar, afirmó que no entendía las razones de la propuesta y que “el proceso de modernización y renovación de la Contraloría no da espera y por consiguiente no se puede perder tiempo”.

Ante la propuesta de los liberales oficialistas el viernes en la tarde el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, les envió una carta a las presidentas de las comisiones primeras de Senado y Cámara, Claudia Blum y Myriam Alicia Paredes, mediante la cual el gobierno anunciaba el retiro del proyecto de ley por considerar que la solicitud lo hacía inviable.

El retiro del proyecto de facultades extraordinarias fue el telón de una semana agridulce para el gobierno en el Congreso. Por una parte sacó adelante uno de los proyectos más delicados y controvertidos de los últimos años, el de la desaparición forzada, y por otra sigue empantanado en proyectos claves como la ley de vivienda, el saneamiento fiscal y la intervención económica.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.