OJO POR OJO

El miércoles 18 a las 7 de la noche, la cada vez más violenta guerra entre los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali, que hasta ese día había sido librada solamente con los tradicionales métodos de la dinamita y la bala, pasó a la candela, a la fisica candela incendiaria. Fue el episodio central, mas no el único, de una nueva semana sangrienta de las muchas que ha durado ya una confrontación cuyo verdadero origen se discute con toda clase de versiones y especulaciones, y cuyo desenlace final es un verdadero misterio.

El escenario del suceso fue una de las nueve droguerias que la cadena Drogas La Rebaja, cuyos propietarios han sido vinculados por las autoridades al Cartel de Cali, tiene en Medellin, la mayor de todas, situada a sólo una cuadra del Parque de Berrio, un verdadero hormiguero humano en el corazón de la ciudad. Pero lo más alarmante no fue el método utilizado sino las consecuencias. Hasta ahora las mafias habían afrontado sus batallas casi siempre en su propio ámbito, y los muertos que resultaban de ellas hacían parte generalmente de uno de los bandos. Pero este miércoles, el conflicto se salió de madre: las victimas fueron cuatro desprevenidos empleados de la droguería y un transeúnte. Uno de los empleados murió, al igual que uno de los ocho pirómanos que cometieron el atentado. Este no pudo haberse presentado en peor sitio ni a peor hora. Las autoridades calculan que en ese momento, unas 70 personas se encontraban dentro del establecimiento. A él llegaron los agresores, un grupo de hombres, todos muy jóvenes, con ametralladoras, vestidos de civil y con el rostro cubierto. Coparon las cuatro puertas del local y uno de ellos gritó: "¡Salgan todos rápido de aquí o se mueren!" en el mismo momento en que varios de ellos regaban gasolina por el piso y la estantería. El pánico evacuó el lugar en segundos, pero no todos alcanzaron a salir ilesos.

Tres fueron alcanzados por el fuego que en cuestión de segundos comenzó a devorar el lugar. John Jairo Tirado de 23 años y Gustavo Orrego de 24, empleados del negocio, salieron corriendo de últimos con el fuego ardiendo en sus espaldas. La gente utilizó chaquetas y otras prendas para apagarlo y salvarle la vida a los dos jóvenes. Pero en el interior de la droguería, una mujer corrió con peor suerte: la cajera Diana Maria Alvarez de 32 años. Los bomberos no saben muy bien si quedó paralizada por el miedo o si se tropezó y cayó en la huida. Lo único que tienen claro es que hallaron su cuerpo carbonizado mucho más tarde, cuando 20 de ellos lograron finalmente controlar la conflagración. No fue fácil hacerlo: aparte del reguero de gasolina, los asaltantes habian lanzado bombas incendiarias que ayudaron, al igual que el material inflamable de buena parte de los medicamentos, a propagar el fuego.

La huida de los pirómanos tampoco fue fácil. Se encontraron de frente con dos agentes de policia que pasaban por el lugar y que al darse cuenta de lo que sucedía, trataron de detenerlos. En el cruce de disparos cayó muerto uno de los asaltantes. Portaba una cédula falsa, robada una semana antes a un abogado de la ciudad. Por necrodactilia, la Policia lo identificó después como Javier Alberto Tabares, natural de Medellín. En el caótico tiroteo también resultaron heridos el mesero de un bar y otra empleada de la droguería.

DUELO DE SICARIOS
El incendio de la droguería es sin duda el hecho más grave de esta guerra, desde el carro-bomba que estalló en enero frente al edificio Mónaco de Pablo Escobar, acusado de ser el jefe del Cartel de Medellin. Pero muy pocos de los que se sorprendieron con el ataque a la droguería sabían que dos horas antes, las exclusivas unidades residenciales del sector de El Poblado, aledañas al Hotel Inter-Continental, se habían estremecido con un duelo a tiros entre dos bandas de sicarios, digno de hacer parte de un episodio de la serie de televisión norteamericana Miami Vice.
La escaramuza dejó tres muertos.

Según reveló a SEMANA el general Jaime Ruiz Barrera, comandante de la IV Brigada y cabeza visible de la lucha de las autoridades contra el Cartel de Medellín, se trató de un prolongado encuentro entre unos sicarios que madrugaron y otros que se dejaron madrugar. Tres agentes armados del Cartel de Cali, John Jairo Pasos, James Albeiro Osorio y Omar Dario Gómez, alias "La Muñeca", llegaron en moto al edificio Interlomas, con el aparente propósito de asesinar a varios de sus similares del Cartel de Medellín. Sólo que éstos ya estaban informados y los estaban esperando. Ni siquiera les dieron tiempo de entrar al edificio. Desde un Mazda y un Renault 21, ocho hombres los barrieron a punta de metralla. Al único que logró escapar, lo siguieron como perros de presa por todos los recovecos del sector residencial, hasta darle cacería en el interior de una urbanización. Su cadáver tenia al cinto una canana con 15 proyectiles.

Pero el asunto no paró en estos dos hechos violentos. Unas 16 horas después de la quema de la drogueria, en plena y concurrida calle del barrio Laureles, frente a la Universidad Pontificia Bolivariana, Rogelio Ochoa Franco, de 47 años, fue baleado desde una moto. La escena fue particularmente dramática, por cuanto el asesinato se produjo mientras Ochoa descendía de un carro Datsun en compañía de su esposa, frente al almacén Ochoagro, de su propiedad.
La mujer, Adriana Maria López, de 26 años, resultó gravemente herida.

Por el apellido de esta nueva víctima, por el contexto y el momento en que se produjo, este atentado fue relacionado de inmediato con la guerra de los carteles. Se dijo inicialmente que Ochoa Franco era primo de Jorge Luis Ochoa, quien según la DEA es el número dos del Cartel de Medellín que encabeza Pablo Escobar Gaviria.
Lo primero fue desmentido por la familia Ochoa Vásquez en llamadas telefónicas a diferentes medios de comunicación. Lo segundo es otro de los interrogantes que arrastra la actual guerra. Para quienes llevan la cuenta de las victimas, Ochoa Franco pasó a engrosar la lista: 78 sólo en Medellin en lo que va corrido del año, según la contabilidad hecha por el comandante de la IV Brigada. El alto militar reveló el jueves pasado que el Cartel de Cali ha perdido 60 de esas vidas y el de Medellín las 18 restantes.

Y si en Medellin llovieron balas esta semana, en Miami no escampó. El mismo miércoles se informó de una balacera en la que perdieron la vida dos colombianos, ambos nacidos en Buenaventura: Angel Salcedo y José Omar Rodriguez. Las autoridades de la Florida atribuyeron el episodio a la guerra entre las mafias colombianas.
Serían dos muertes más que se suman a las más de cien qué, según recientes publicaciones norteamericanas, ha cobrado la disputa en Miami.

Todas estas cifras pueden ser insuficientes. Medellín es una ciudad que con aterradora frecuencia registra muertos sin identificar. Y si se tiene en cuenta que los asesinatos vinculados con mafia y los secuestros que a veces los anteceden, generalmente no se denuncian ni se publicitan, es muy posible que las cifras reales de la guerra entre los carteles estén muy por encima de las oficialrnente contabilizadas. Las autoridades se encuentran investigando, por ejemplo, si el hallazgo la semana antepasada del cadáver del ganadero Julio Alberto Restrepo Liévano en el municipio de Porce, a dos horas de Medellin, está relacionado con esta guerra. El ganadero había sido secuestrado el 20 de julio en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.
Acababa de regresar de Miami y en el momento del secuestro, participaba en una reunión de caballistas.

SIN PELOS EN LA LENGUA
Pero si algo sorprende más a la gente que la forma como los dos grandes carteles colombianos se están aniquilando, es la franqueza que ha caracterizado al general Ruiz Barrera en sus declaraciones a los medios de comunicación. En un país acostumbrado a que las fuentes oficiales, y en especial las militares, se reserven siempre el grueso de la información, son muy impactantes entrevistas como la que el comandante de la IV Brigada concedió la semana pasada a la cadena radial RCN, declaración que la agencia internaciona! de noticias AP reseñó ampliamente y a la que se refirió como "una cruda descripción de las guerras entre las mafias colombianas".

Cruda si era. Aparte de la sumatoria del número de víctimas mortales del conflicto en Medellin, el general reveló que un primo de Pablo Escobar está implicado en el secuestro y asesinato de cinco ex militares el 11 de julio pasado. El general se refirió además al secuestro del comerciante Elkin Meza, quien al parecer se encontraba en poder de Escobar por una deuda no cancelada hasta que apareció muerto, con otros dos individuos, el sábado pasado en las afueras de Medellín. Es sin duda la más detallada declaración oficial que se ha hecho en torno a la guerra de los carteles, cuyos intringulis y pormenores son tan intrigantes como esquivos incluso para el mismo general.

Pero de todo lo que dijo el general, pocas cosas resultaron tan significativas como las revelaciones sobre el caso del primo de Escobar. Se trata de José Luis Gaviria Rivero, hermano de Gustavo Gaviria, considerado mano derecha del gran capo de Medellín.
Un allanamiento realizado en la capital antioqueña dentro de las investigaciones sobre el secuestro y posterior asesinato de cinco ex militares hace algunas semanas, permitió recoger completa documentación sobre el caso y detener, con base en ella, a Gaviria Rivero en el municipio de El Peñol. El general Ruiz Barrera reveló a SEMANA algunos detalles del operativo, que se realizó durante la primera semana de agosto. La casa-finca, enorme y suntuosa, allanada tras los hallazgos de Medellín, está ubicada al pie de la famosa piedra de El Peñol y se llama "Natacha". Es de propiedad de Gustavo Gaviria y todo parece indicar que allí permanecieron secuestrados los ex militares, asi como la señora Ema Posada de Mejia, secuestrada el mismo día que ellos, pero dejada en libertad días después.

Los indicios en los que se basa tamaña sindicación son dos: el primero es una carta anónima, con instrucciones y anotaciones que hace alusión al secuestro y a la manutención de los secuestrados y que fue hallada en la casa-finca; el segundo es una rara coincidencia, pues el día del secuestro, el mayordomo y demás empleados de la casa-finca fueron licenciados y enviados a sus casas, donde permanecieron durante los 15 días que duró el secuestro.

Pero hay más en las revelaciones hechas por el general Ruiz. Para él, la guerra puede estar originada en la disputa entre los grupos de la mafia colombiana por el control del mercado de Nueva York, que mueve anualmente unos 35 mil millones de dólares. Según el alto militar, el conflicto guarda los trazos de lo que tradicionalmente ha sido cada uno de los dos carteles: violento e implacable con la metralla y la candela el de Medellín y metódico y discreto el de Cali, que mucho más que su rival ha sabido limitar las acciones violentas, y legalizar y ampliar sus inversiones extradroga, pero que, al parecer está dispuesto a afrontar la situación actual hasta sus últimas consecuencias. A esto adjudicó el general el hecho de que la guerra haya tenido como escenario casi exclusivo a Medellin, ciudad a la que el Cartel vallecaucano parece haber preferido enviar sus avanzadas, con el fin de sustraer a Cali de las tropelias bélicas.

LA HISTORIA POR DETRAS
A pesar de que la guerra entre los carteles, como la inmensa mayoria de las guerras en la historia de las mafias, tiene sus orígenes en los conflictos típicos derivados de un negocio ilicito, en donde las diferencias se resuelven de la única manera como se pueden solucionar entre personas que actúan por fuera de la ley, es decir por medio de la justicia privada, el problema entre los carteles de Cali y Medellín parece tener una buena dosis de ingredientes que bien podrían considerarse como politicos. Y aunque la disputa por el control del mercado neoyorquino de cocaina, el más grande de los Estados Unidos, no es un hecho ajeno al enfrentamiento entre ambos bandos, todo parece indicar que la guerra que se está librando desde hace varios meses tiene origenes de mayor envergadura, relacionados con las profundas diferencias existentes entre uno y otro bando sobre la forma como se debe enfrentar la guerra que, en mayor o menor grado según la época, han librado contra ellos las autoridades colombianas.

Mientras el Cartel de Cali decidió desde hace algún tiempo, "reintegrarse a la vida civil", con base en una ofensiva de relaciones públicas a todos los niveles (deportes, política, negocios, etc.), el de Medellin optó por declararle la guerra al Estado. Los miembros del clan caleño han logrado, después de esforzarse durante algunos años, penetrar circulos sociales y empresariales del Valle, asi como sectores de la clase política no sólo de ese departamento, sino de otras regiones del país. Por su parte, los jefes del Cartel de Medellin, que a principios de la década habian logrado posicionarse bien en algunos círculos de la capital antioqueña, se lanzaron después de 1984, a una ofensiva muerte contra todo aquel que les pisara un callo.

De acuerdo con informaciones que manejan los organismos de seguridad, el distanciamiento habría comenzado con el asesinato del ministrc de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en abril del 84. Según esta versión, cuando el llamado grupo de "Los Extraditables", asociado al Cartel de Medellín, decidió asesinar a Lara, se cree para financiar la operación, un pool de capos que aportaron gruesas sumas de dinero. Al parecer los jefes del Cartel de Cali se negaron a participar en el asunto e incluso habrían enviado un mensaje a la cumbre de jefes de la mafia que se reunió por aquellos días.
En el mensaje, con cierta clarividencia política, las gentes de Cali advertían que ese crimen se voltearia en contra de todos. El mensaje decía también que si Lara era asesinado, no contaran con Cali para nada de ahí en adelante.

Lara fue muerto y a partir de entonces, cada uno de los carteles cogió por su lado. Sin embargo, todo indica que en un principio, la cuestión no adquirió los visos de un enfrentamiento, sino más bien los de un intento de cada uno de los bandos, por demostrar que tenía la razón y que el otro estaba equivocado en su estrategia política sobre la forma de enfrentar a las autoridades y a la sociedad.
Por esos días, comenzó a hacer carrera una frase que definia asi las diferencias entre los dos grupos: "El Cartel de Cali soborna, el de que Medellín prefiere matar".

La cosa se congeló cuando fueron detenidos en España Gilberto Rodríguez Orejuela, entonces acusado de ser el jefe del Cartel de Cali y hoy exonerado por la justicia colombiana, y Jorge Luis Ochoa, del Cartel de Medellín. Verse obligados ambos grupos a enfrentar el mismo problema los obligó a actuar en forma coordinada. Y la coordinación surtió efecto: ambos lograron el objetivo de traer extraditados a Rodriguez y a Ochoa a Colombia, en vez de que fueran enviados a Estados Unidos, donde seguramente habrían sido juzgados y condenados a penas interminables.

Pero una vez este asunto quedó atrás, comenzó la batalla jurídica de cada uno de los dos extraditados al país, por salir libres en Colombia. Y mientras esto sucedia, la coordinación dejó de existir. Cuando Rodríguez estaba enfrentando un juicio en Cali, se produjo el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano. Según fuentes vinculadas al juicio, Rodríguez habria dicho en privado en esos dias: "Ese crimen sólo lo pudo haber cometido un enemigo mío, porque el único perjudicado con esto soy yo".

La guerra entre el Cartel de Medellín y las autoridades colombianas se ha agudizado desde entonces y, más allá de las limitaciones con que actúan los organismos del Estado, lo cierto es que hoy en día los capos de Medellín, comenzando por el propio Escobar, lucen bastante arrinconados. De los de Cali, poco o nada se sabe. En contraste con lo que sucede permanentemente con las noticias provenientes de Medellín, en Cali nunca se informa de allanamientos de las autoridades contra propiedades del Cartel valluno y mucho menos de la huida de los jefes caleños ante una inminente captura por parte de la Policia o el Ejército, como si sucedió con Pablo Escobar hace algunos meses.

Lo anterior ha llevado a algunos a especular que el gobierno parecería estar dándole un trato selectivo a los dos carteles, que estaria agudizando los enfrentamientos entre ellos. Un observador antioqueño, generalmente bien informado en temas de narcotráfico, llegó incluso a decirle a SEMANA, refiriéndose a los recientes problemas del Partido Social Conservador: "Uno podría creer que a la mafia el gobierno le está aplicando una política similar a la que le aplica a sus relaciones con los conservadores: con unos se habla y con otros no, para ponerlos a pelear".

Aunque esta teoría resulta aventurada, lo que sí está claro es que, a pesar de los problemas de violencia que la guerra entre los carteles está generando en centros urbanos de la importancia de Medellín, nadie, ni el gobierno ni los colombianos que nada tienen que ver con el negocio de la droga y que son la inmensa mayoría, parece muy dispuesto a intervenir para que el enfrentamiento se acabe.
Muchos creen que en esta guerra no hay bala perdida ni muerto malo, y que si el Estado ha resultado incapaz de aniquilar a los narcotraficantes, está bien que se aniquilen entre ellos.
Pero episodios como los de la semana pasada plantean nuevos interrogantes. ¿Se puede seguir mirando con indiferencia una guerra que, como en el caso del incendio de Drogas La Rebaja en Medellín, ha comenzado a cobrar víctimas en la población civil? Es posible que no. Sería tan absurdo como pretender que la guerrilla y los paramilitares se acaben entre ellos sin que el Estado haga nada. Lo grave es que intervenir en el asunto determina que las autoridades asuman una tarea aún más compleja de la que están realizando por cuenta del fenómeno del narcotráfico: no sólo combatir la siembra, producción y exportación de la cocaína, sino además controlar una guerra que en su loca carrera se puede llevar por delante a muchos inocentes.