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| 2/15/1999 12:00:00 AM

OJO POR OJO

A punta de masacres los grupos paramilitares aspiran a obtener el reconocimiento <BR>político del gobierno.

La tregua de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) duró hasta el 6 de
enero. Así lo había anunciado su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, poco antes de la Navidad de 1998. En
menos de 72 horas fueron asesinadas en todo el país, especialmente en la Costa Atlántica, Antioquia, Meta
y Putumayo, 137 personas, todas sindicadas por las autodefensas de tener vínculos con la guerrilla.
En San Pablo, sur de Bolívar, fueron muertas 16 personas; en El Playón, Magdalena, 32; en Toluviejo,
Sucre, 13; en Santa Isabel, Cesar, 11; en El Tigre, Putumayo, 20; en 11 municipios de Antioquia, 46. En
este departamento hubo ataques paramilitares en el Urabá, zona que desde hacía varios meses gozaba de
plena tranquilidad.
De acuerdo con informaciones suministradas por las autoridades regionales los ataques paramilitares
produjeron el desplazamiento inmediato de por lo menos 15.000 personas a las ciudades capitales. "Detrás
de cada muerto hay mínimo cinco personas que salen huyendo despavoridas", dijo a SEMANA un
funcionario de la gobernación de Bolívar.
Aunque todos los relatos de los sobrevivientes de las masacres son estremecedores, los casos que
más impresionaron a la opinión fueron los de San Pablo y El Tigre por la sevicia con que fueron cometidos.
Las dos matanzas sirvieron para demostrar que la máquina de muerte paramilitar está tan bien aceitada
que es capaz de sembrar el horror tanto en el norte como en el sur del país en menos de 48 horas, sin que
existan autoridades competentes capaces de frenarla.
Según varios testimonios, los paramilitares llegaron a San Pablo el viernes 8 de enero a las 11:35 minutos de
la noche. Atracaron en el puerto en absoluto silencio. Llegaron en dos lanchas. Eran cerca de 15 hombres
muy bien armados. Cuando se dirigían a la plaza del pueblo hicieron varios disparos a la estación de Policía.
Los uniformados se apertrecharon dentro del cuartel y respondieron al ataque. Pero nunca más salieron.
Pensaron que se trataba de la guerrilla. En la esquina de la plaza, diagonal al cuartel de Policía, mataron a
seis hombres. "Los arrodillaron, los maniataron, y después les pegaron el tiro de gracia", narró un testigo.
A miles de kilómetros de San Pablo, en El Tigre, Putumayo, la historia fue más o menos la misma. El sábado
9 de enero varios hombres llegaron a la población en dos camionetas de alto cilindraje. Con lista en mano
preguntaron por cada una de las futuras víctimas. Todos fueron degollados y a todos les abrieron el abdomen
antes de arrojarlos al río para que sus cuerpos no pudieran flotar. "No tuvieron clemencia. Ni el llanto de los
inocentes los conmovió", dijo un sobreviviente.


Como en los 80
La historia de las víctimas de la segunda semana del año es la misma que está escuchando el país desde
mediados de la década de los 80, cuando los grupos de autodefensa se unieron a los narcotraficantes,
creando así la más criminal de las sociedades. El modus operandi no ha variado. De acuerdo con
informes de inteligencia, algunas veces los sicarios visten prendas privativas de las Fuerzas Militares.
La relación entre los grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas ha sido siempre
motivo de debates. En algunas ocasiones varios miembros de la institución se han visto involucrados en
alianzas con esas organizaciones bajo la creencia de combatir a un enemigo común. Así lo demuestran
las investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Esta última la semana anterior
reveló que en la actualidad hay 82 miembros de la Fuerza Pública vinculados a investigaciones por
paramilitarismo.
De acuerdo con informes de las autoridades, los múltiples asesinatos de comienzos de año fueron
cometidos por las autodefensas en represalia por los recientes ataques guerrilleros a bases paramilitares.
El más cruento de estos ocurrió el 29 de diciembre en la vereda El Diamante, jurisdicción de Tierra Alta,
Córdoba, en inmediaciones del Nudo de Paramillo, quizás el punto en conflicto más estratégico para el futuro de
la guerra entre paras y guerrilla. El ataque fue realizado por varios frentes de las Farc, que asesinaron a más
de 20 personas sindicadas por ellas de trabajar para las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

Futuro incierto
Hay quienes definen la ofensiva de Castaño como la respuesta violenta a la instalación de las
conversaciones entre el gobierno y las Farc. Algunos expertos coinciden en afirmar que con esta retaliación
Castaño busca que el gobierno le reconozca estatus político a los grupos paramilitares y los llame a la mesa
de conversaciones en igualdad de condiciones a la de los grupos guerrilleros.
Así lo hizo saber el propio Castaño en informaciones suministradas a los medios de comunicación y en carta
al presidente Andrés Pastrana en la que sostiene que "aceptamos su invitación a iniciar conversaciones
con nuestro movimiento antisubversivo, que conduzcan a una negociación simultánea y paralela a la que
adelanta el gobierno con la guerrilla".
No parece fácil, en todo caso, un eventual proceso de negociación con los grupos paramilitares, pese a que
el presidente Pastrana ha afirmado en varias oportunidades que la paz la realizará con todos los
actores del conflicto, incluyendo las autodefensas. Analistas consultados por esta revista no
descartaron que en caso de continuar la ofensiva paramilitar se podrían ver comprometidos los diálogos
entre delegados del gobierno y voceros de las Farc en San Vicente del Caguán.
El campanazo de alerta lo dio Joaquín Gómez cuando leyó el discurso de Manuel Marulanda en la
instalación de las conversaciones el pasado 7 de enero en San Vicente del Caguán. En su misiva el jefe
guerrillero descartó cualquier posibilidad de reconocimiento político a los grupos paramilitares por parte del
gobierno. Marulanda definió a los paramilitares como "hijos legítimos del Estado". A ello se sumó la
opinión de Antonio García, jefe militar del ELN, quien el viernes en conferencia radiotelefónica ratificó lo dicho
por Marulanda.
Expertos sostienen que en caso de iniciar un proceso de paz con los paramilitares las
conversaciones no sólo deben realizarse en mesas separadas, como ha sostenido en varias
oportunidades el presidente Pastrana, sino independientes. Es decir, que lo que suceda en una de
ellas no afecte el desarrollo de la otra.
El gobierno sabe que se está jugando dos cartas definitivas. Por un lado corre el riesgo de que el anuncio
de diálogos con los paramilitares le sirva de pretexto a las Farc para levantarse de la mesa. Y por otro no
descarta que en un momento determinado las conversaciones con las Farc sean el argumento de los paras
para no sentarse en ella.
Por lo pronto el gobierno ha anunciado una ofensiva más contra los paramilitares. La semana pasada
el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, dio a conocer un paquete de medidas que buscan reactivar el
llamado Bloque Antiparamilitar, del cual hacen parte el Ejército, la Policía y la Fiscalía, entre otros. La
estrategia del gobierno parece ser la de combinar el látigo con el ramo de olivo. No obstante, la experiencia ha
enseñado que en estos casos es mejor aplaudir al final de la función y no al comienzo.
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