Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 5/21/2011 12:00:00 AM

Ojo, vena abierta a la vista

El Congreso en pleno aprobó una ley que legitimaría el desangre de Cajanal. Un puñado de maestros se beneficiaría de varios billones de pesos a menos que la Corte Constitucional se pronuncie en contra. El gobierno está con los pelos de punta.

En un momento en que el país busca cualquier peso para poder atender la emergencia invernal, y cuando se prepara financieramente para honrar los compromisos financieros que le impondrá la llamada Ley de Víctimas, el Congreso acaba de aprobar una polémica ley que les reconoce una pensión excepcional a 6.712 maestros y que les costará a los colombianos siete billones de pesos, según cálculos del gobierno. Este monto equivale a tres veces el programa de Familias en Acción, que beneficia a 2,5 millones de familias.

La ley reconoce una mesada adicional a los maestros contratados por el Ministerio de Educación Nacional, sin importar que estén recibiendo otra pensión. Esta mesada se conoce como pensión gracia, y fue un derecho que durante casi cien años y hasta 1989 se les concedió a los docentes contratados por departamentos y municipios para compensar el menor sueldo que ganaban frente a los llamados docentes nacionales. Con los ajustes en los regímenes de pensiones, y el debate jurídico que suscitaron estos privilegios, la jurisprudencia en las más altas Cortes concluyó que los docentes nacionales no tenían derecho a cobrar la pensión gracia. Aun así, carteles de abogados -en complicidad con algunos jueces- lograron que de forma irregular se les reconociera esta clase de pensión a docentes nacionales sin tener ese derecho. Los multimillonarios desembolsos dieron origen a lo que se conoce como el 'zarpazo' a Cajanal, por ser esta la entidad que tiene que hacer los pagos.

El proyecto surtió su respectivo trámite en el Congreso y, quizás por ser un asunto tan técnico, poco interés despertó en la opinión, sin saber el impacto que en las finanzas públicas tiene una medida de esta naturaleza. Hasta el gobierno tuvo una reacción tardía pues trató de atajar la iniciativa solo cuando transcurrían los últimos debates. Pero aún le quedaba una carta. Como toda ley tiene que ser sancionada por el presidente, este se puede reservar el derecho de no firmar y devolver el proyecto al Congreso con sus objeciones. Así lo hizo, pero la semana pasada fueron rechazadas de forma abrumadora. Por ejemplo, en la Cámara la votación fue de 98 votos que rechazaban las objeciones y ninguno a favor.

En esencia, la objeción del gobierno es que la nueva ley es inconstitucional, pues se crea un beneficio pensional especial para un grupo de la población, algo que solo se puede tramitar a partir de una iniciativa gubernamental. Con el agravante de que en este caso tiene un alto impacto fiscal. Por su parte, los ponentes de la iniciativa, como es el caso del senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda, dicen que lo que se está haciendo sí cabe dentro de las funciones del Congreso, pues no se está creando una nueva norma, sino interpretando los alcances de una existente.

Una semana antes de la votación, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, sabía que ya tenía perdida la batalla. "Durante cuatro días seguidos, las cartas de apoyo a la iniciativa colapsaron mi correo electrónico, luego supe que igual sucedió con algunos congresistas amigos del gobierno", comenta. Representantes consultados por SEMANA confirmaron que en los departamentos el tema genera mucha presión de las organizaciones de maestros y, a seis meses de las elecciones regionales, ningún político quiere ser impopular al figurar como el único que está en contra de una norma en favor de los esforzados profesores. "Quien se oponga está perdido políticamente", dicen.

Por su parte, los ponentes de la iniciativa utilizaron como argumento de promoción del proyecto entre sus colegas menos informados que la ley plantea un tema de equidad con el magisterio, posición defendida, por ejemplo, por los congresistas Jorge Guevara y Gloria Inés Ramírez, cercanos al Fecode, la Federación de Educadores. "Es un asunto de justicia con unos maestros que han hecho lo mismo que los demás", dice Guevara .Algunos de los ponentes aducen que el respaldo político de todas las bancadas a la iniciativa se debe a la conciencia que hay en el Congreso del gran impacto social que trae esta medida. Es así como Avellaneda destaca el activo papel del congresista conservador Hernán Andrade.

En el Congreso también argumentan que las cuentas del gobierno son inexactas, pero funcionarios de Hacienda explicaron a SEMANA que los cálculos se hicieron sobre una pensión promedio de un millón y medio de pesos teniendo en cuenta las expectativas de vida de una persona y que este es un privilegio que se obtiene a partir de los 50 años. También, que la pensión se puede transferir a cónyuges e hijos, y que al legalizarse habría que pagarle a cada pensionado un retroactivo de los años que no se le pagaron, con las correspondientes indexaciones. Según esos cálculos, serían siete billones de pesos la suma de todos los desembolsos que el Estado tendría que cancelar por concepto de esta nueva pensión gracia.

No ha pasado inadvertido que el senador Avellaneda, antes de su actividad política, participaba en un bufete de abogados que se dedicaba precisamente a este tipo de cobros, y que el senador Andrade recibió unos polémicos préstamos de los hermanos Cabrera Polanco, hoy presos precisamente por hacer cobros irregulares de pensión gracia. Avellaneda dice que ha actuado de forma transparente y que él dejo de representar docentes nacionales en el momento en que la jurisprudencia cerró esa posibilidad. Andrade asegura que su liderazgo del proyecto no es tan grande como se lo atribuyen, y que cree que la norma acabaría con los carteles de abogados, pues ya no se necesitarían intermediarios para las reclamaciones. Ambos coinciden en afirmar que, para ellos, no se está legalizando un descalabro financiero ni conductas fraudulentas.

Es difícil creer que con la legalización sea posible que los llamados carteles de abogados abandonen un atractivo negocio en el que cobran por sus gestiones entre el 30 y el 50 por ciento de lo que logran que el Estado les reconozca a los pensionados.

Para dirimir este conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo entra a terciar la Corte Constitucional. Si lo aprueba y persiste la negativa presidencial de firmarlo, la ley sería sancionada por el presidente del Congreso. Si lo rechaza, el proyecto se hundiría.

Mientras sea de forma transparente, es previsible y legítimo que los interesados en sacar la norma utilicen todas las estrategias que tienen a mano. Pero en un momento en que el país tiene tantos frentes abiertos y que requieren tanta plata, como el invierno y la crisis de la salud, este tipo de iniciativas no solo son muy onerosas, sino que resultan antidemocráticas.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.