Arde el orden público en el Pacífico

Es tanto el olvido del Pacífico en Colombia que es la única región del país donde la guerrilla declara paros armados durante días, y salvo por los lugareños que lo padecen, nadie más se da por enterado. Otro ejemplo de esa enorme soledad se dio el pasado 19 de marzo. Apenas ese día se supo de un incendio forestal que había comenzado una semana atrás y que todavía hoy devora 3.500 hectáreas de selva chocoana. Esa zona del país, vive tan aislada, que muchas veces ocurren hechos macabros y pocos lo registran.

Pero la noticia es que este mes la violencia llegó a tal punto, que los ojos del país se volcaron, al fin, sobre ese pedazo de Colombia. Mientras Francisco Lloreda, alto consejero para la Seguridad Ciudadana, anunció la llegada de un préstamo por 400 millones de dólares para invertir en la región, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó la militarización de Buenaventura para tratar de contener la ola de violencia.

La metástasis comenzó en Buenaventura, hace tres semanas, con el hallazgo de las mal llamadas ‘casas de pique’, que son sitios en donde torturan y descuartizan personas. Y a partir de allí, la seguidilla de hechos macabros ha sido abrumadora: en Cauca, todos los concejales de un pueblo fueron desplazados tras recibir amenazas; Nariño fue sacudido con la noticia de dos policías torturados y acribillados en Tumaco, el asesinato de un concejal en Albán y la desaparición de un líder afrocolombiano en Policarpa, por mencionar solo algunos de los episodios recientes. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado “por el preocupante escalamiento del conflicto armado en el suroccidente del país”.

El Pacífico colombiano está integrado por 45 municipios de cuatro departamentos (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) en los cuales viven cerca de 8 millones de personas, la mayoría negros. Es un territorio abundante en biodiversidad, pero paraíso de la ilegalidad. Sobre ese suelo que bordea el mar llamado Pacífico, ocurrieron crímenes tan atroces como las masacres de Bojayá y El Naya, donde fueron asesinadas casi 200 personas.

Es una de las zonas más ricas del país (de su territorio se extrae el 60 por ciento del oro, o sea 30 toneladas por año), sin contar la riqueza maderera. Además, tiene un puerto que mueve la mitad de las exportaciones colombianas y aporta a la economía nacional 12,8 por ciento del PIB. Pese a lo anterior, la región puntea los peores indicadores sociales del país.

Algo inexplicable, ya que solo en Chocó el PIB ha crecido en la última década de menos de 1 punto a más de 7. Es decir, cuanta más plata produce la región, más pobre es su gente. El problema es tan intrigante que hasta el propio Banco de la República publicó un estudio donde se pregunta ¿Por qué es pobre el Chocó?

Por ejemplo, según el Dane, desde hace varios años Chocó y Cauca lideran los indicadores de pobreza y pobreza extrema, con porcentajes del 68 y 62 por ciento; el promedio nacional es del 32,7 por ciento. Nariño aparece en el puesto siete y solo Valle logra una buena calificación.

Las tres ciudades más importantes de la costa Pacífica (Quibdó, Buenaventura y Tumaco) comparten una triste coincidencia: el servicio de acueducto llega por horas a sus habitantes.

En la capital de Chocó casi toda la institucionalidad ha estado intervenida por malos manejos; en Cauca, apenas ahora se habla de estudios para construir la vía que conectará a Popayán con Guapi, su puerto costero; y en Tumaco aún ronda el fantasma de los apagones, ante la amenaza de voladuras de torres de energía por parte de la guerrilla.

Ni hablar de su clase dirigente. En los últimos años han controlado la región clanes o grupos políticos cuestionados como los Sánchez Montes de Oca en Chocó, los Martínez Sinisterra, en Valle y Cauca, o los Escrucería en Tumaco. Los cuatro senadores que el Pacífico logró elegir en 2006 (Juan Carlos Martínez Sinisterra, Odín Sánchez, Édgar Eulises Torres y Carlos Alberto Escobar) tuvieron enredos con la Justicia, por parapolítica, narcopolítica o corrupción.

La región está, sin duda, en una de las peores crisis de su historia. Sus habitantes han estado sometidos a un particular ejercicio del terror en los últimos años.

Nadie olvida el paquete bomba que estalló en un supermercado de Quibdó en febrero de este año. Murieron cinco personas y otras 15 quedaron heridas en un ataque atribuido a las Farc. En 2012, intentaron destruir la estación policial de Tumaco al hacer explotar un triciclo bomba. Esa vez murieron nueve personas y otras 80 resultaron heridas. En 2010, esa misma guerrilla hizo explotar un carro bomba en pleno centro de Buenaventura, que causó la muerte a seis personas. Y ese mismo año las Farc le pagaron 1.000 pesos a un niño de apenas 12 años para llevar un paquete bomba a la estación policial de El Charco, Nariño. El artefacto explotó en las manos del menor, que murió instantáneamente.

El Pacífico colombiano es una región de víctimas. El 18,4 por ciento de los casi 6 millones que ha causado la violencia en el país son del Pacífico, según el Registro Único de Víctimas. El sacerdote Albeiro Parra, miembro de la pastoral social de Chocó e integrante del Observatorio Pacífico y Territorio, una ONG que les hace seguimiento a los problemas de la región, fue enfático en concluir que el origen de todos los males es la riqueza natural, “el único modelo de desarrollo estatal que existe para esta región, es el de la explotación”.

Paralelo a ese ‘desarrollo’ que critica el sacerdote, surge otro elemento desestabilizador: el narcotráfico. Si bien en la zona existían cultivos de coca, el problema aumentó paradójicamente con el éxito del Plan Colombia en el sur del país.

Tras la arremetida en Putumayo y Caquetá, los cultivos ilícitos se desplazaron hacia el litoral Pacífico. De ahí que desde hace varios años los censos sobre cultivos de coca arrojan que el 39 por ciento están localizados en la región. Solo en Nariño crece el 22 por ciento de toda la hoja de coca que se siembra en Colombia.

Por no hablar del tránsito. Solo en 2013 incautaron 27 toneladas de coca en esta zona y este año ya van siete.

Por cuenta de ese fenómeno cocalero, el Pacífico se convirtió en un laboratorio criminal. Allí hace presencia el Comando Occidental de las Farc, integrado por casi 2.000 guerrilleros en cuatro bloques, 11 frentes, dos compañías y siete columnas móviles. Si a eso se le suma otro medio millar de integrantes de bandas criminales y algunos reductos del ELN, la zona es una verdadera olla a presión a punto de explotar.

Como era de esperarse, esa presencia criminal golpea la seguridad ciudadana. De los 13.683 homicidios registrados en 2013 en todo el país, el 31 por ciento fueron cometidos en esa región.

Y eso explica también por qué desde hace un par de años los organismos de inteligencia hablan de las famosas ‘franquicias criminales’ en el suroccidente del país, que no son otra cosa que oficinas de cobro al servicio del mejor postor. Se supo de ellas tras el atentado bomba contra el exministro Fernando Londoño, donde se descubrió que todo fue orquestado por una banda caleña llamada el Parche de Su Ley.

El general Germán Giraldo, que lidera el Comando Conjunto Pacífico, integrado por 35.000 uniformados, asegura que en los dos años el Bloque Occidental de las Farc ha sido reducido a la mitad. Y asegura que ante la desbandada de subversivos, esa guerrilla optó por reciclar a miembros de bandas criminales.

Ni los continuos anuncios de intervención integral de este y otros gobiernos, ni la presencia de legiones de defensores de derechos humanos, que al año mueven ayudas que superan los 150 millones de dólares, han logrado cambiar la cruda realidad: el Pacífico se convirtió en el lejano oeste colombiano.

Violencia política en Cauca