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| 3/22/2014 12:00:00 AM

Arde el orden público en el Pacífico

Dos policías torturados, un concejal asesinado, trece concejales huyeron por amenazas y 60 familias desplazadas por las balas cruzadas. Todo en la misma región.

Es tanto el olvido del Pacífico en Colombia que es la única región del país donde la guerrilla declara paros armados durante días, y salvo por los lugareños que lo padecen, nadie más se da por enterado. Otro ejemplo de esa enorme soledad se dio el pasado 19 de marzo. Apenas ese día se supo de un incendio forestal que había comenzado una semana atrás y que todavía hoy devora 3.500 hectáreas de selva chocoana. Esa zona del país, vive tan aislada, que muchas veces ocurren hechos macabros y pocos lo registran.

Pero la noticia es que este mes la violencia llegó a tal punto, que los ojos del país se volcaron, al fin, sobre ese pedazo de Colombia. Mientras Francisco Lloreda, alto consejero para la Seguridad Ciudadana, anunció la llegada de un préstamo por 400 millones de dólares para invertir en la región, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó la militarización de Buenaventura para tratar de contener la ola de violencia.

La metástasis comenzó en Buenaventura, hace tres semanas, con el hallazgo de las mal llamadas ‘casas de pique’, que son sitios en donde torturan y descuartizan personas. Y a partir de allí, la seguidilla de hechos macabros ha sido abrumadora: en Cauca, todos los concejales de un pueblo fueron desplazados tras recibir amenazas; Nariño fue sacudido con la noticia de dos policías torturados y acribillados en Tumaco, el asesinato de un concejal en Albán y la desaparición de un líder afrocolombiano en Policarpa, por mencionar solo algunos de los episodios recientes. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado “por el preocupante escalamiento del conflicto armado en el suroccidente del país”.

El Pacífico colombiano está integrado por 45 municipios de cuatro departamentos (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) en los cuales viven cerca de 8 millones de personas, la mayoría negros. Es un territorio abundante en biodiversidad, pero paraíso de la ilegalidad. Sobre ese suelo que bordea el mar llamado Pacífico, ocurrieron crímenes tan atroces como las masacres de Bojayá y El Naya, donde fueron asesinadas casi 200 personas.

Es una de las zonas más ricas del país (de su territorio se extrae el 60 por ciento del oro, o sea 30 toneladas por año), sin contar la riqueza maderera. Además, tiene un puerto que mueve la mitad de las exportaciones colombianas y aporta a la economía nacional 12,8 por ciento del PIB. Pese a lo anterior, la región puntea los peores indicadores sociales del país.

Algo inexplicable, ya que solo en Chocó el PIB ha crecido en la última década de menos de 1 punto a más de 7. Es decir, cuanta más plata produce la región, más pobre es su gente. El problema es tan intrigante que hasta el propio Banco de la República publicó un estudio donde se pregunta ¿Por qué es pobre el Chocó?

Por ejemplo, según el Dane, desde hace varios años Chocó y Cauca lideran los indicadores de pobreza y pobreza extrema, con porcentajes del 68 y 62 por ciento; el promedio nacional es del 32,7 por ciento. Nariño aparece en el puesto siete y solo Valle logra una buena calificación.

Las tres ciudades más importantes de la costa Pacífica (Quibdó, Buenaventura y Tumaco) comparten una triste coincidencia: el servicio de acueducto llega por horas a sus habitantes.

En la capital de Chocó casi toda la institucionalidad ha estado intervenida por malos manejos; en Cauca, apenas ahora se habla de estudios para construir la vía que conectará a Popayán con Guapi, su puerto costero; y en Tumaco aún ronda el fantasma de los apagones, ante la amenaza de voladuras de torres de energía por parte de la guerrilla.

Ni hablar de su clase dirigente. En los últimos años han controlado la región clanes o grupos políticos cuestionados como los Sánchez Montes de Oca en Chocó, los Martínez Sinisterra, en Valle y Cauca, o los Escrucería en Tumaco. Los cuatro senadores que el Pacífico logró elegir en 2006 (Juan Carlos Martínez Sinisterra, Odín Sánchez, Édgar Eulises Torres y Carlos Alberto Escobar) tuvieron enredos con la Justicia, por parapolítica, narcopolítica o corrupción.

La región está, sin duda, en una de las peores crisis de su historia. Sus habitantes han estado sometidos a un particular ejercicio del terror en los últimos años.

Nadie olvida el paquete bomba que estalló en un supermercado de Quibdó en febrero de este año. Murieron cinco personas y otras 15 quedaron heridas en un ataque atribuido a las Farc. En 2012, intentaron destruir la estación policial de Tumaco al hacer explotar un triciclo bomba. Esa vez murieron nueve personas y otras 80 resultaron heridas. En 2010, esa misma guerrilla hizo explotar un carro bomba en pleno centro de Buenaventura, que causó la muerte a seis personas. Y ese mismo año las Farc le pagaron 1.000 pesos a un niño de apenas 12 años para llevar un paquete bomba a la estación policial de El Charco, Nariño. El artefacto explotó en las manos del menor, que murió instantáneamente.

El Pacífico colombiano es una región de víctimas. El 18,4 por ciento de los casi 6 millones que ha causado la violencia en el país son del Pacífico, según el Registro Único de Víctimas. El sacerdote Albeiro Parra, miembro de la pastoral social de Chocó e integrante del Observatorio Pacífico y Territorio, una ONG que les hace seguimiento a los problemas de la región, fue enfático en concluir que el origen de todos los males es la riqueza natural, “el único modelo de desarrollo estatal que existe para esta región, es el de la explotación”.

Paralelo a ese ‘desarrollo’ que critica el sacerdote, surge otro elemento desestabilizador: el narcotráfico. Si bien en la zona existían cultivos de coca, el problema aumentó paradójicamente con el éxito del Plan Colombia en el sur del país.

Tras la arremetida en Putumayo y Caquetá, los cultivos ilícitos se desplazaron hacia el litoral Pacífico. De ahí que desde hace varios años los censos sobre cultivos de coca arrojan que el 39 por ciento están localizados en la región. Solo en Nariño crece el 22 por ciento de toda la hoja de coca que se siembra en Colombia.

Por no hablar del tránsito. Solo en 2013 incautaron 27 toneladas de coca en esta zona y este año ya van siete.

Por cuenta de ese fenómeno cocalero, el Pacífico se convirtió en un laboratorio criminal. Allí hace presencia el Comando Occidental de las Farc, integrado por casi 2.000 guerrilleros en cuatro bloques, 11 frentes, dos compañías y siete columnas móviles. Si a eso se le suma otro medio millar de integrantes de bandas criminales y algunos reductos del ELN, la zona es una verdadera olla a presión a punto de explotar.

Como era de esperarse, esa presencia criminal golpea la seguridad ciudadana. De los 13.683 homicidios registrados en 2013 en todo el país, el 31 por ciento fueron cometidos en esa región.

Y eso explica también por qué desde hace un par de años los organismos de inteligencia hablan de las famosas ‘franquicias criminales’ en el suroccidente del país, que no son otra cosa que oficinas de cobro al servicio del mejor postor. Se supo de ellas tras el atentado bomba contra el exministro Fernando Londoño, donde se descubrió que todo fue orquestado por una banda caleña llamada el Parche de Su Ley.

El general Germán Giraldo, que lidera el Comando Conjunto Pacífico, integrado por 35.000 uniformados, asegura que en los dos años el Bloque Occidental de las Farc ha sido reducido a la mitad. Y asegura que ante la desbandada de subversivos, esa guerrilla optó por reciclar a miembros de bandas criminales.

Ni los continuos anuncios de intervención integral de este y otros gobiernos, ni la presencia de legiones de defensores de derechos humanos, que al año mueven ayudas que superan los 150 millones de dólares, han logrado cambiar la cruda realidad: el Pacífico se convirtió en el lejano oeste colombiano.

Violencia política en Cauca
Todos los concejales y los líderes barriales de El Tambo huyeron por temor a ser asesinados.



En un municipio de ese departamento pasó de agache un hecho que en cualquier otro país democrático hubiera sido un escándalo: todos los concejales y sus líderes barriales o veredales huyeron por temor a ser asesinados.

Sucedió en El Tambo, el 12 de marzo pasado, es decir tres días después de las elecciones al Congreso. La historia de ese caso judicial está lleno de hechos insólitos.

Pese a que las amenazas venían ocurriendo desde el 17 de febrero y todo fue puesto en conocimiento de las autoridades, el martes 11 de marzo asesinaron a Evelio Campo, uno de los líderes veredales intimidado junto a los concejales.

Todo indica que las amenazas son de carácter extorsivo. Mediante panfletos y llamadas, los delincuentes que se autodenominan Urabeños, exigían a los concejales pagar la suma de 50 millones de pesos para poder hacer campaña por sus candidatos al Congreso.

Como era de esperarse ninguno cedió al chantaje, pero tras el crimen del líder Campo, tanto los concejales como decenas de sus líderes rurales huyeron desplazados hacia la capital, Popayán. “Aquí nos quedaremos hasta que se resuelva el problema y nos brinden protección”, dijo a esta revista Sandra Muñoz, presidenta del Concejo.

A ello se suma que esa misma semana el personero de Guapi,(foto) Silson Carabalí, reportó el desplazamiento de 61 familias que viven en dos veredas y un resguardo indígena del municipio. Según explicó el funcionario, el temor de esas familias surgió cuando se sintieron en medio del fuego cruzado entre una patrulla fluvial y las Farc, “al parecer, una embarcación de la Armada fue atacada por la guerrilla y ellos respondieron. La comunidad se asustó y se desplazaron hacia la cabecera del pueblo”, dijo a esta revista.

Comandos de la muerte en Nariño
El patrullero fue degollado y el mayor asesinado a garrotazos en la cabeza.



El más reciente y doloroso hecho de sangre ocurrió en Tumaco. En ese puerto fueron secuestrados, torturados y asesinados dos policías que hacían trabajo comunitario en zonas deprimidas.

La tragedia empezó el sábado 16 de marzo cuando el mayor Germán Méndez Pabón y el patrullero Edílmer Muñoz Ortiz salieron desarmados y vestidos de civil hacia la vereda San Luis Robles a realizar labores sociales con la comunidad. Al medio día los abordaron siete guerrilleros con fusiles y los llevaron a la fuerza hacia un lugar desconocido.

La búsqueda de los uniformados culminó tres días después cuando Medicina Legal confirmó que los dos cuerpos sin vida amarrados a un árbol, eran los policías secuestrados.

El informe forense fue desgarrador. Confirmó que el patrullero Muñoz fue degollado y el mayor Méndez asesinado a garrotazos en la cabeza. “En los dos cuerpos se evidenciaron traumas repetidos de tipo contundente en diferentes regiones corporales capaces de causar intenso dolor”, es decir, fueron torturados.

Pero ese no fue el único crimen que sacudió a Nariño la semana pasada. Ese mismo sábado, un gatillero asesinó en el municipio de Albán al concejal de Cambio Radical Segundo Benjamín Morales. Lo asesinaron en su propia casa. En el pueblo temen que haya represalias contra otros concejales ya que la víctima fatal había recibido amenazas, según reportó la Federación Nacional de Concejales.

Y en otro pueblo, Policarpa, ese mismo día las autoridades recibieron la denuncia sobre el presunto secuestro de un líder afrocolombiano identificado como Teobaldo Suasoy, que fue abordado por siete hombres armados y conducido hacia la zona costera del bajo Patía. Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno de Nariño, no desmintió el presunto secuestro, pero advirtió que la información aún “es muy difusa” y que a raíz de esos hechos harán un consejo extraordinario de seguridad.

La ‘empresa’ criminal de Buenaventura
El hallazgo de las ‘casas de pique’ destapó al país la realidad de los descuartizados: ya van siete este año. 


Acomienzos de marzo el país se escandalizó, luego de que las autoridades revelaron que en Buenaventura existían las llamadas ‘casas de pique’, donde torturaban y desmembraban a las personas. Lo absurdo es que causó más revuelo el descubrimiento del sitio de ‘pique’, que la aparición, meses antes, de partes de cuerpos humanos en las playas del puerto.

El año pasado encontraron ocho personas desmembradas, y este año van siete. El último hallazgo se dio la semana pasada. La Policía encontró una fosa común con dos cuerpos desmembrados.

Human Rights Watch sumó otro penoso dato al revelar que las desapariciones son otra forma de violencia que aterroriza a Buenaventura. Según cifras de la Personería, en los últimos siete años han sido reportados 310 desaparecidos.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, resume la difícil situación con una frase, “tan solo caminar por una calle equivocada, puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado”.

Vivanco argumenta que buena parte del problema en el puerto obedece a las “graves falencias” del proceso de desmovilización de las AUC desarrollado en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe, “los grupos sucesores de paramilitares surgieron en Buenaventura”, anotó.

El nuevo ciclo de violencia porteña surgió desde 2012, de la mano de dos bandas criminales que no son otra cosa que reductos de paramilitares que no se desmovilizaron y algunos reincidentes. Por un lado está la oficina de sicarios llamada la Empresa, que presta sus servicios a los Rastrojos; y por el otro los Urabeños, que llegaron con el propósito de relevar del poder a la Empresa. Y en medio de esa guerra territorial está la comunidad, que ya cuenta cerca de 15.000 desplazados y solo este año 55 homicidios.
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