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| 12/9/2010 12:00:00 AM

ONG considera "demasiado largo" plazo dado a Colombia para el desminado territorial

La prórroga de diez años para el desminado territorial que los Estados miembros de la Convención de Ottawa le otorgaron hace poco a Colombia es "demasiado largo", afirmó este jueves en Bogotá la Campaña Colombiana Contra Minas.

El coordinador nacional de la CCCM, Álvaro Jiménez, dijo que los signatarios de este convenio no debieron haber dado a su país un plazo mayor a los tres años.

Colombia obtuvo la prórroga el pasado 3 de diciembre en Ginebra, dentro de las sesiones de la décima reunión de los países miembros de la Convención de Ottawa, a la que se han adherido 156 Estados, el último de ellos Palau, en noviembre de 2009.

La delegación colombiana en esta cita explicó la solicitud de prórroga en lo complejo del problema de las minas antipersonal en su país, afectado por un conflicto armado interno de casi medio siglo.

La ampliación del plazo "es condenar a los campesinos a que por diez años más tengamos ese problema", consideró Jiménez, cuyo país es el segundo por número de víctimas de minas antipersonal, con 674 en 2009, entre muertos y heridos.

En el primer lugar está Afganistán, que sumó 855 víctimas el año pasado, y en el tercero aparece Pakistán, con 421, según registros de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (ICBL).

La solicitud colombiana "parece indicar" que la solución del conflicto interno no está cerca, observó Jiménez, quien encabezó en Bogotá la presentación de la parte colombiana del "Monitor de minas terrestres y municiones en racimo", divulgado por la ICBL en la reciente cita de Ginebra y que ofrece cifras consolidadas a 2009, con algunos avances sobre 2010.

"Nosotros quisiéramos que el Estado colombiano fuera más imaginativo, que, de conjunto, la sociedad fuera mucho más audaz y entendiera que, finalizando la guerra, podremos ponerle fin a las minas", advirtió el coordinador de la CCCM.

El Estado "debe emplearse más a fondo en poner fin a la guerra", agregó el experto, y apuntó que "el camino militar, que es el que se ha intentado por tantas décadas, la contiene, la reduce, la amilana, pero no le pone fin"

"Y en tanto no se ponga fin (a la guerra), el drama de los campesinos en las zonas rurales, el drama de los soldados que exponen diariamente sus vidas, seguirá repitiéndose", lamentó Jiménez.

Dentro de sus compromisos como Estado parte de la Convención de Ottawa, Colombia ha desminado 34 de 35 instalaciones militares protegidas con minas antipersonal, con la destrucción de 18.531 de esos artefactos.

Sin embargo, el país se reservó 586 minas antipersonal para fines de entrenamientos militares.

En este sentido, Jiménez opinó que "no tiene ninguna lógica en un país que no va a usar más minas siga entrenando a sus hombres en ese tipo de cosas".

Además, el país completó a finales de 2009 la destrucción de todo su arsenal de bombas en racimo, conformado por 72 artefactos que contenían un total de 10.832 submuniciones.

En cuanto a desminado humanitario, tarea a cargo de un batallón militar especializado, el país ha logrado limpiar 326.223 metros cuadrados desde 2005.

Los registros de la CCCM muestran que cerca de 650 de los 1.120 municipios colombianos, en 31 de los 32 departamentos del país, están afectados por campos minados por las Farc y el ELN.
 
EFE
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