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| 10/2/2012 12:00:00 AM

ONG piden acelerar juicios por "falsos positivos"

Organizaciones no gubernamentales solicitan que las ejecuciones extrajudiciales sean tratadas como delitos producidos de forma sistemática y no como casos aislados, en concordancia con lo anunciado por el fiscal general.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) pidieron este martes que se aceleren las investigaciones sobre las "más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales" ocurridas en Colombia entre el 2002 y el 2008, conocidas como "falsos positivos".

Ambas organizaciones demandaron a la justicia colombiana en un comunicado que instrumente "medidas concretas y contundentes" para que, en línea con la iniciativa anunciada recientemente por el fiscal general, estas ejecuciones sean tratadas como delitos producidos de forma sistemática y no como casos aislados.

Según la FIDH y la CCEEU, las investigaciones se están llevando a cabo hasta el momento sin considerar el carácter repetitivo de estos crímenes, el patrón seguido a la hora de cometerlos y "las políticas que han dado lugar a estas ejecuciones".

Además, denunciaron que desde la justicia se tienda a tipificarlas como una infracción al derecho internacional humanitario, y por tanto, a celebrar estos juicios en tribunales militares, donde el corporativismo hace prevalecer "la impunidad".

Por ello, pidieron que se destinen los recursos económicos necesarios para investigar lo que ambas asociaciones consideran "crímenes de lesa humanidad" y recordaron que, de no acelerarse los procesos judiciales, la Corte Penal Internacional, que tiene a Colombia bajo análisis preliminar, podría abrir una investigación paralela.

El fenómeno de los conocidos como "falsos positivos" se destapó en el 2008 al descubrirse que militares y paramilitares colombianos habían asesinado a civiles y posteriormente los habían presentado como guerrilleros caídos en combate a fin de cobrar recompensas.

Las autoridades colombianas consideran que esos casos de ejecuciones extrajudiciales podrían superar los 1.200, y la justicia investiga a centenares de militares involucrados en los mismos.

EFE
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