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| 3/25/2011 12:00:00 AM

ONU y OEA, preocupados por la seguridad de líderes campesinos

Los tres recientes casos de campesinos asesinados vuelven a abrir el debate sobre el conflicto por tierras y el de la desprotección de quienes intentan recuperarlas.

Las recientes muertes de líderes campesinos, que buscaban recuperar sus tierras, volvió a poner sobre la mesa el tema de qué mecanismos son necesarios para garantizar la seguridad de las miles de personas que hacen parte de procesos de restitución y titulación de tierras.
 
Hace apenas unas horas la oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una urgente y "profunda" revisión de los programas de protección a líderes campesinos que reclaman la restitución de sus tierras usurpadas por violentos.
 
La oficina de la ONU rechazó y lamentó el asesinato, en los últimos días y en distintas acciones, de David Góez Rodríguez, de Bernardo Ríos Londoño y de Ever Verbel Rocha.
 
Esos asesinatos se suman "a los ocurridos el año anterior y a múltiples amenazas contra la vida de víctimas, líderes y personas pertenecientes a los procesos de restitución de tierras", recordó esa dependencia de la ONU en Bogotá.
 
"Sugerimos al Gobierno una revisión profunda de sus programas y políticas de protección para garantizar la vida y la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los operadores de justicia y de otros grupos en especial vulnerabilidad", dijo Christian Salazar Volkmann, representante de esa agencia en Bogotá.
 
La ONU pidió ""protección diferencial y ajustada a las circunstancias de cada víctima, protección colectiva, lucha contra la impunidad, apoyo y participación de las organizaciones comunitarias y de víctimas, y una estrategia de comunicación dirigida a toda la sociedad".
 
En particular, precisó, "debe contarse con sólidos análisis de riesgo en las zonas de restitución y con una implementación rápida de las medidas que mitiguen el riesgo".
 
Al pronunciamiento de la ONU se suma el de la misión de la OEA , que reiteró la necesidad de nuevas medidas para "prevenir situaciones de amenaza o riesgo". 
 
"La misión (de la OEA) expresa su solidaridad con los deudos y reitera la necesidad que se tomen las medidas articuladas, coordinadas integrales para prevenir situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad de las víctimas y permitan garantizar la protección de las mismas. Asimismo, solicita a las instituciones del Estado para que estos hechos se investiguen y se esclarezcan prontamente", señaló en un comunicado. El gobierno nacional, también se pronunció.
 
Gobierno advierte
 
El vicepresidente  Angelino Garzón expresó "la preocupación por la seguridad" de la víctimas. Por su parte, el presidente, Juan Manuel Santos, condenó los asesinatos y advirtió que no permitirá que se detenga la devolución de tierras usurpadas por grupos violentos.
 
"Son asesinatos hechos por gente que quiere detener la política del Gobierno para restituirles la tierra a los campesinos que fueron desplazados por la violencia", señaló Santos al intervenir en un acto público en Armenia.
 
"Tenemos que lamentar y condenar de la manera más enérgica el asesinato de los líderes campesinos que están involucrados en la restitución de tierras", añadió Santos, quien recordó que desde el inicio de su Gobierno, en agosto pasado, han sido nueve los asesinados.
 
El jefe de Estado advirtió que su gobierno no permitirá "que los violentos vayan a detener una política que para nosotros es fundamental".
 
Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que el próximo lunes se realizará un consejo de seguridad con altos mandos militares y representantes del Gobierno que analizará la protección y el acompañamiento a las personas que buscan recuperar sus tierras.
 
"Ya se han dado algunas judicializaciones y algunos golpes a estos violentos. (Pero) son cientos de miles de campesinos por todo el país, de manera que la seguridad tiene que ser muy refinada: no es simplemente poner un policía al lado de cada campesino, porque es imposible", explicó Restrepo.
 
Agregó que en el consejo de seguridad se analizarán nuevas políticas de protección de los defensores de tierras, de víctimas y de derechos humanos.
 
"No hay una sola medida, hay varias", sostuvo el ministro sin dar mayores detalles. El funcionario añadió que en lo que va del año se han devuelto 270.000 hectáreas a unas 30.000 familias.
 
La tarde del martes fue asesinado a balazos Jesús Góez. Él había llegado de Urabá a Medellín por amenazas. Lideraba el proceso de recuperación de 20.000 hectáreas de 120 familias en la zona conocida como Tulapa, entre San Pedro de Urabá, Arboletes y Necoclí, y que se habían vuelto su reto.
 
Ese mismo día, fue asesinado Bernardo Ríos Londoño. Él era miembro de la comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según la denuncia de la Comunidad de Paz, hombres armados lo detuvieron en Tierra Amarilla, ubicado en la ruta hacia Apartadó. Lo mataron sobre las 6:30 de la tarde. Bernardo tenía 27 años.
 
Finalmente, el miércoles, un desmovilizado de las AUC asesinó a Éder Verbel Rocha, de 45 años. Verbel formaba parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y se encargaba de impulsar "actividades encaminadas a visibilizar a las víctimas de crímenes de Estado y los niveles de impunidad a las que éstas han sido sometidas".
 
Otros asesinatos en procesos de restitución de tierras
 
- Albeiro Valdés Martínez: en la mañana del martes 11 de mayo del 2011, en un paraje de la vía que conduce de Turbo a Necoclí, en Antioquia, fue hallado el cadáver de este hombre, quien era parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (ASOVIRESTIBI), como líder de las víctimas de su comunidad.
 
- Rogelio Martínez: en la noche del 18 de mayo del 2010, cuando se dirigía a la finca La Alemania, en la vereda las Pavas, corregimiento Plan Parejo, en el municipio de San Onofre, Sucre, fue asesinado por hombres encapuchados. Este hombre, que trabajó en procesos de restitución de tierras, había logrado volver a su finca en el 2007, luego de haber sido desplazado. Las amenazas a su vida habían sido puestas en conocimiento de las autoridades, por lo que el Comité Especial de Riesgos (CRER) había ordenado un estudio de seguridad que concluyó que estaba en alto riesgo.
 
- Jair Murillo: el 17 de julio del 2010 en el barrio Lleras de la ciudad de Buenaventura fue asesinado este líder afrocolombiano, representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), organización de población afrocolombiana desplazada de Buenaventura. Días antes de su muerte estaba coordinando una marcha nacional de desplazados que se realizaría en Bogotá.
 
- Hernando Pérez: fue asesinado el 20 de septiembre del 2010 en el corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí, Antioquia. Era dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá y había participado horas antes de su muerte en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado en el primer acto de ese tipo que realizó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
 
- Óscar Maussa: el 24 de noviembre del 2010 fue asesinado en la vereda Cañito, del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Óscar Maussa era líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (COOTRAGOBLAN).
 
- Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil: enero del 2011, miembros de la Mesa de Concertación de Tierras en el departamento de Tolima, fueron hallados durante el fin de semana en un paraje de la quebrada Santa Rosa, ubicada en la vereda La Trina, a 15 minutos del municipio de Líbano, Tolima.
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