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| 2/24/2011 12:00:00 AM

ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia

La ONU ve con preocupación el fenómeno de las Bacrim y el aumento de desaparecidos. Recomienda reformar la ley de justicia y paz y reconoce que mejoraron las relaciones entre Gobierno y organizaciones de DD.HH.

El auge de las bandas criminales y las disputas entre estos grupos delincuenciales, que incrementaron en 40 por ciento las masacres en el país, es la principal preocupación que la ONU dio a conocer este jueves en su informe anual de derechos humanos.
 
La ONU resalta las situaciones que se viven en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Meta, en donde hay con estos grupos “aquiescencia, tolerancia e incluso convivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública”.
 
En este sentido, el organismo le recomienda al Gobierno adoptar políticas y medidas que no se limiten solo al aumento del pie de fuerza, sino que enfrenten la corrupción dentro de la fuerza pública, fortalezcan los órganos de justicia y estén acompañadas de políticas sociales, educativas y de generación de empleo.
 
La ONU ve con preocupación que a pesar de las advertencias de la Defensoría del Pueblo, como ocurrió en Córdoba, las autoridades no hayan tomado las previsiones. Sólo en este departamento se registraron diez masacres en ocho meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre del año pasado.
 
Ley de justicia y paz
 
Una de las recomendaciones que más resalta la ONU es la reforma de la ley de justicia y paz, que para este organismo el progreso ha sido “modesto”.

“Menos del 54 por ciento de los procesados, que constituyen el 4,5 por ciento de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer la diversidad, el contexto y el carácter de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares”.
 
En esa “revisión” que la ONU recomienda hacer a la ley de justicia y paz, llama la atención al Congreso para que adopte una legislación que favorezca a las víctimas.
 
Aconseja “identificar criterios adecuados para la reparación, establecer la obligación de reparar desde el comienzo de las versiones libres y reforzar los mecanismos para que el Estado persiga los bienes de los victimarios”.
 
Desapariciones aumentaron 40 por ciento
 
El organismo califica como “positivo” que en el gobierno de Juan Manuel Santos haya sancionado la ‘Ley de homenaje’ a las víctimas de desaparición forzada. Aún así, destaca que hasta ahora se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición en Colombia, que se agrava por la impunidad.
 
“A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas (personas desaparecidas por agentes estatales). Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años”, contempla el informe.
 
Parapolítica
 
La llamada ‘parapolítica’ es para la ONU un problema que no desaparece. El organismo destaca la investigación contra 13 congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia. También ve con preocupación los posibles casos de “testaferrato político entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de ‘parapolítica’”.
 
Interceptaciones ilegales

Para la ONU, durante 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Considera urgentes las reformas de inteligencia, no solo para esta entidad, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.
 
Advierte que el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado en Panamá “no debe entorpecer las investigaciones judiciales ni contribuir a que los delitos queden en la impunidad”.
 
Falsos positivos

El informe resalta la disminución de los llamados ‘falsos positivos’, pero considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas durante 2010. Se estima que más de tres mil personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército.
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