Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/09/11 00:00

ONU, preocupada por investigaciones de 'Falsos positivos'

La organización advierte que la justicia penal militar no ha permitido que 82 casos registrados el presente año pasen a la jurisdicción ordinaria. Actualmente, la Fiscalía conoce 1.400 casos de presuntos 'falsos positivos'.

Según Salazar, la Fiscalía General de la Nación, en su unidad de Derechos Humanos, está investigando actualmente alrededor de 1.400 casos de supuestos 'falsos positivos'.

Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alertó al país sobre el estado de las investigaciones que la justicia, tanto ordinaria como penal militar, adelanta sobre las ejecuciones extrajudiciales.
 
La conclusión de Salazar es que los también llamados ‘falsos positivos’ le generan “alta preocupación” a las Naciones Unidas por lo que llamó la “real dimensión de este fenómeno”.
 
El representante en Colombia dijo que la Fiscalía General de la Nación, en su unidad de Derechos Humanos, está investigando actualmente alrededor de 1.400 casos, que comprometen a cerca de 2.400 víctimas. De ellas, 126 son menores de edad.
 
Sin embargo, Salazar reveló que no son los únicos casos, porque aún no se han consolidado las investigaciones de fiscalías seccionales y las que adelanta la justicia penal militar.
 
Para la ONU, según Salazar, también genera cierta preocupación la notoria reducción de la transferencia de casos de la justicia penal militar a la justicia ordinaria.
 
Según datos del Ministerio de Defensa, en 2009 un total de 267 casos de presuntos falsos positivos fueron trasladados a la jurisdicción ordinaria. Pero en los nueve meses que van de 2010, tan solo se registran 7 casos trasladados por la justicia penal militar. “No entendemos de dónde viene la reducción tan drástica”, dijo Salazar.
 
El funcionario también advirtió que en 82 investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, se ha generado conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones. Asegura que la ordinaria ha pedido el traslado del proceso, pero la penal militar no lo ha aceptado.
 
Por eso el representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le pidió al Gobierno aclarar estos casos, porque se da por sentado que las investigaciones donde haya presunción de ejecuciones extrajudiciales deben ser conocidas por la justicia ordinaria.
 
Convención de Desaparición Forzada
 
Así mismo, la ONU, a través de Salazar, le pidió al Congreso colombiano ratificar la adhesión del país a la Convención de Desaparición Forzada, pero con una adición que le permita a las víctimas ir directamente a Naciones Unidas para exponer sus casos en ese foro.
 
"Sería excelente si el Congreso aprobara pronto o ratificara la convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada con una declaración especial que pueda permitir a las víctimas colombianas ir directamente a Ginebra, a las Naciones Unidas, para traer sus casos, porque la impunidad que rodea la desaparición forzada en el país, todavía es muy alta", dijo Salazar.
 
Para el representante, siempre debe primar la justicia nacional, pero como ésta ha sido en este tema un "poco lenta" es importante que el Estado y el Congreso, "como representantes del pueblo, abra todos los canales para que las víctimas de la desaparición forzada puedan reclamar justicia".
 
El pasado 31 de agosto, la congresista Piedad Córdoba y varias organizaciones humanitarias entregaron al Gobierno más de 10.000 firmas que recolectaron para que se ratifique una convención internacional sobre la desaparición forzada.
 
Desde 2002 en Colombia está tipificado en el Código Penal el delito de desaparición forzada, aunque no se ha ratificado esa convención internacional. Dicha ratificación está pendiente de que el Congreso la gestione y apruebe.
 
La Convención contra la Desaparición Forzada fue negociada durante tres años por representantes de 60 países miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
 
El Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional la aprobó por consenso en junio de 2006, y seis meses más tarde fue votada de manera favorable y unánime por la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas.

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