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| 1/29/2013 12:00:00 AM

‘Operación E’ no amenaza derechos de Emmanuel

El ICBF no ha visto la "versión final" de la película, pero rindió su concepto.

En un sorpresivo comunicado emitido este martes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le dio un giro al embrollo judicial que protagonizan Clara Rojas y los productores de Operación E, la polémica película que aborda el conflicto colombiano a partir del drama de José Crisanto Gómez, el campesino que cuidó el hijo de la exsecuestrada.

En agosto del 2012, tras un seguimiento de ocho meses al caso y la revisión de documentos como la sinopsis de la cinta y “la autorización de Mincultura para su grabación”, entregados por Rojas, el instituto, a través de una defensora de familia, decidió cerrar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de Emmanuel, al considerar que “no existía una amenaza a los derechos del niño".

Ante el concepto emitido por la Procuraduría, que solicitó la vinculación al proceso del ICBF y Mincultura, el director del instituto, Diego Molano, anunció que esa entidad está “está dispuesta a revisar y analizar cada uno de los procesos que se desprenden de la tutela instaurada por Clara Rojas”.

En ese sentido, Molano recordó que el ICBF se vinculó al proceso el 17 de noviembre del 2011, “cuando Clara Rojas declaró a la entidad, anexando copias de publicaciones impresas, que a través de medios de comunicación conoció sobre la producción de la película en el país, considerando que ésta vulneraba los derechos de su hijo”.

Sobre la aparición real de Emmanuel, el ICBF aclaró que se remonta al 2005, “cuando el ICBF, sin conocer la identidad de la progenitora, se encargó de él, retirándolo de la familia que estaba a su cuidado (sic), en el municipio de San José del Guaviare; para trasladarlo a Bogotá, donde recibió la protección del instituto y el tratamiento médico necesario. Sin embargo, como hecho trágico para la entidad y consecuencia del procedimiento, murió Juan Alberto Cuta, defensor de familia del ICBF, quien fue asesinado por la guerrilla”.

En el comunicado, el instituto se refirió al niño como “el protagonista de la película”. Según los productores de la cinta, el protagonista de la historia es el campesino Crisanto Gómez. El instituto asegura que “no conoce la versión final de la película y no intervino en su rodaje ni otorgó autorización para la participación de otros niños”. 

Luego, el ICBF propone un trabajo conjunto con la cartera de Cultura, ante la llegada de próximas producciones cinematográficas autorizadas en el país. “Solicitar a los realizadores los permisos de los padres o representantes legales de niños actores, para garantizar que sus derechos no sean vulnerados”, agregó el comunicado.

Las productoras de la película, las españolas Tormenta Films y Zircozine, y la francesa Ajoz Films sostienen que la cinta no vulnera los derechos de Emmanuel porque el argumento se centra en la historia de José Cristanto y su familia, a quienes consultaron antes del rodaje.

Ministra de Cultura: en Colombia no hay censura para exhibir filmes

La ministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo que en el país no hay censura ni leyes que impidan la exhibición de películas, sea cual sea su contenido, en alusión al polémico filme.

En entrevista con la W Radio, Garcés recordó que "la legislación colombiana no prevé la censura" y su Ministerio no tiene "ningún sustento de carácter legal para impedir que la película se exhiba en Colombia".

"No es competencia del Ministerio de Cultura mirar ni analizar todos los guiones que se basan en historias de colombianos y colombianas menores de edad (...) El concepto del Ministerio de Cultura será de conformidad a la ley, que se trata de una película de ficción basada en un hecho real y que no encontramos sustento legal alguno para impedir su exhibición", comentó Garcés.

La ministra agregó su interés personal en ver Operación E por "la polémica que ha suscitado" y porque le interesa ver "lo que se rueda en el país", en este caso en el departamento del Meta (Llanos orientales).

Tanto el ICBF como Mincultura se pronunciaron luego de que la Procuraduría entregó su concepto sobre la producción franco-española. El Ministerio Público pidió también la vinculación al proceso del campesino Crisanto Gómez y de sus hijos. El ente también aclaró que “no existe aún medida cautelar que haya ordenado suspender la película”. Vea el concepto completo de la Procuraduría aquí.

Así las cosas, el país espera con más ansiedad el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que se podría conocer antes del próximo 31 de enero, cuando la juez decida si le da la razón a Rojas, quien quiere evitar la distribución y la exhibición de la cinta en el país, o a los productores, quienes alegan que la diferencia no es tanto de principios, sino económica.

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