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| 5/14/2017 7:28:00 PM

El viaje del fiscal y el procurador en España

Fernando Carrillo y Néstor Humberto Martínez estarán en Madrid averiguando sobre los sobornos de la empresa Canal Isabel II en Colombia. Semana.com conoció reveladores documentos de la justicia de ese país.

Pocas veces se había visto que una investigación judicial en Europa produjera el traslado casi automático de las principales autoridades colombianas para buscar evidencias. Y eso es precisamente lo que sucederá esta semana cuando el Fiscal y el Procurador se reunan con sus homologos españoles para recaudar la mayor cantidad de información sobre la Operación Lezo. El escándalo está relacionado con los sobornos y el blanqueo de capitales que la empresa de aguas de Madrid, Canal Isabel II, habría hecho en América Latina, algo así como un ‘Odebrecht’ de España.

Así, la compañía se habría quedado con millonarios contratos para la prestación de servicios públicos, en especial de agua y luz. En Colombia el Canal Isabel II tiene participación en tres empresas: Metroagua en Santa Marta, la Triple A en Barranquilla y Asaa en Riohacha.

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La gigantesca operación ibérica que lleva el nombre de ‘Lezo’ por el almirante español que salvó a Cartagena de los piratas ingleses tuvo su origen en un episodio de película en la ciudad amurallada. Allí en 2009, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue seguido y filmado por la Guardia Civil. En el video, publicado después por la Cadena Ser, aparecía González entrando a una casa con unas bolsas llenas y saliendo sin ellas. Se decía que estaban repletas de dinero, mientras él siempre ha señalado que contenían toallas.

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Semana.com conoció el documento judicial que sustentó la captura de González el pasado 19 de abril. El auto, firmado por el fiscal Eloy Velasco, explica que la investigación judicial versa sobre la “expansión del grupo societario Canal Isabel II por Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obras” lo cual a su juicio corresponde a los delitos de prevaricato, malversación de fondos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, fraude y participación en organizaciones criminales.

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Sobre la expansión del Canal Isabel II a América Latina, en especial a Colombia, el juez señala que se trataría de una forma de “desviar recursos públicos”. Hay varias operaciones en la mira de la justicia española. Todas estas podrían estar relacionadas con una forma de financiar extralegalmente al Partido de los Trabajadores (PP) al que pertenece el actual presidente Mariano Rajoy.

La primera es la venta de la empresa brasilera Emissao. Según la prensa de ese país se trataría de una compañía que fue adquirida irregularmente por el Canal por 21,5 millones y un año después su valor patrimonial era apenas de cinco millones. La segunda es la construcción del complejo deportivo “Canal Golf” en el centro de Madrid por 40 millones de euros. En este presuntamente González habría desviado recursos a su familia más cercana, incluido su propio hermano. La tercera sería una comisión en la construcción de un tren de cercanías.

La última tendría que ver con las actividades que en Colombia desarrollaba una de las filiales del Canal Isabel II. Según el documento judicial “se han obtenido indicios de prácticas corruptas en el marco de las actividades por la mercantil colombiana Inassa”, esta última una filial que permitió la expansión de la empresa a América Latina y cuya sede principal se encuentra en Barranquilla.

Uno de los hechos que relaciona la investigación tiene su origen en La Guajira y tiene que ver con una investigación que la Fiscalía colombiana denominó “Bolsillo de Cristal”. En esta el ente dirigido por Néstor Humberto Martínez imputó a 41 personas relacionadas con casos de corrupción en esa región del país.

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Uno de ellos fue Antonio Avila Cahssaigne, miembro del Consejo de Avanzadas soluciones de Acueducto y Alcantarillado SAESP ASSA, “dedicada a la prestación de servicios públicos relacionada con el ciclo integral del agua” y que tiene una relación societaria con Inassa. A juicio del fiscal, existen indicios de que “Inassa en relación a contratos públicos en la provincia de Riohacha a su filial ASAA, podría haber llevado esas prácticas corruptas”.

En ese momento, la Fiscalía había priorizado las investigaciones sobre los planes de agua por considerar que estos eran uno de los focos más grandes de corrupción del departamento. Por cuenta de esto incluyó en la investigación al alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra. Por ejemplo, uno de los hechos que causaban suspicacia era que la inversión efectuada en el acueducto no correspondía con las obras realizadas, y que estas a pesar de estar terminadas no estaban en funcionamiento.

Pero el eje de la investigación en Colombia tendría que ver con una operación mucho más sofisticada de blanqueo de capitales. Su protagonista no es Ignacio González, sino su hombre en Colombia, Edmundo Rodríguez Sobrino, quien se desempeñaba como presidente de Inassa, la filial del Canal Isabel II en América Latina.

De acuerdo con el documento, Edmundo Rodríguez “presentó múltiples indicios” de haber ocultado parte de su patrimonio en Colombia en dos ocasiones, a su nombre y al de su hija, Patricia Rodríguez, en las ciudades de Barranquilla y Bogotá.

En 2011, dice el auto, Rodríguez realizó una inversión inmobiliaria en concurso con una constructora de Bogotá. Luego, en 2013, habría realizado otra operación para la cual Rodríguez diseñó “una estructura societaria internacional (de empresas) que estarían integradas e interactuarían entre sí con una sociedad panameña, una española y otra colombiana”.

Para el fiscal, la forma cómo fue montada la transacción dejaría en evidencia por un lado que la cuantía era muy alta y por el otro que había un interés en ocultar la trazabilidad de los fondos. La fecha de la operación es importante para la justicia española pues coincide con la compra de la empresa Emissao en Brasil. Según el fiscal, habría sido Rodríguez quien “ideó, planificó y dirigió” la operación societaria para adquirir esa compañía. El ejecutivo fue uno de los espiados en esa famosa escena en Cartagena.

En otro aparte del auto, el fiscal asegura que operaciones como la de Riohacha y las inversiones inmobiliarias en Colombia podrían haber sido el soporte para que Rodríguez mantuviera un “patrimonio oculto y desvinculado de su supuesto origen ilícito”. Por otro lado, el hombre fuerte de la empresa en América Latina habría sido conocedor y partícipe de esas prácticas corruptas mediante las cuales se pagaron sobornos a funcionarios públicos, "como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación".

La semana entrante cuando el procurador Carrillo y el fiscal Martínez se reúnan con el fiscal Eloy Velasco, el líder de la investigación por la Operación Lezo y otras autoridades en Madrid, probablemente un nuevo capítulo de este escándalo se abrirá en Colombia.

Por ahora, la Procuraduría dio apertura a una investigación preliminar en la Triple A de Barranquilla, de la cual hoy Inassa es propietaria mayoritaria. El ministerio público quiere indagar por qué se redujo la participación accionaria del ente territorial en la empresa y cómo el Canal de Isabel II, a través de su filial Innassa, se hizo al 60% de las acciones.

El Canal Isabel II, por su parte, anunció que debido a los recientes hechos venderá toda su participación en empresas de América Latina como producto de un proceso de “reorganización de sus inversiones para focalizarse en España”.

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