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| 2/28/1994 12:00:00 AM

OPINIONES ENCONTRADAS

Dos ex secuestrados, Francisco Santos y Carlos Upegui, difieren radicalmente en sus conceptos sobre las normas antisecuestro. SEMANA recoge los dos planteamientos para que juzguen los lectores.

CARLOS UPEGUI ZAPATA:
"Llevaba tres meses de cautiverio cuando me enteré de que la Corte Constitucional había declarado inexequibles los artículos de la ley antisecuestro que penalizaban el pago de rescate y ordenaban la congelación de bienes del secuestrado y su familia. Salté y grité de la felicidad. No era lógico que siguiera en pie una ley tan nociva e injusta como esa, que violaba los derechos fundamentales a la vida y la libertad y que consideraba un delito todas las acciones bondadosas que los familiares hacen en favor de su ser querido.
Es cierto que esa ley se creó con el buen propósito de reducir los secuestros. Pero lo cierto es que pone más énfasis en castigar a los inocentes que en sancionar a los secuestradores. Para tratar de erradicar este tremendo mal son suficientes las disposiciones que hay actualmente, que establecen para los responsables penas de 60 años. Pero no es necesario meter a la cárcel a las personas que pagaron por la libertad de un familiar.
Los artículos que la Corte tuvo la sabiduría de declarar inconstitucionales desconocían por completo los derechos del secuestrado. Significaban poner el derecho al patrimonio por encima del derecho a la vida. Los bienes se tienen para conservar la integridad y la salud. No hay razón para que se congelen, se embarguen, se inmovilicen, ni mucho menos para que sufran la intervención inexplicable de un funcionario del Estado.
Uno de los argumentos que invocan a favor de impedir el pago del rescate es que es una buena fórmula para dejar de financiar a la guerrilla. Con esa misma lógica tendrían que cerrarse las sucursales de la Caja Agraria que hay en todos los pueblos del país, pues los grupos subversivos las atracan continuamente. Nadie sabe cuál es el monto de esos robos, pero sería importante conocerlo. Estoy seguro de que es superior al producto de los secuestros. Y así como no se cierran las sedes de la Caja Agraria, tampoco se debe impedir que los parientes destinen sus recursos para salvar la vida de su ser querido.
Y no es que se esté colocando, como muchos dicen, el bienestar individual por encima del bienestar de la sociedad. No conozco una mayor insensibilidad que pensar que hay que dejar morir a una persona en beneficio de una norma general. Eso es contrario a la ley divina, a la de los hombres, al buen sentido humanitario.
Lo adecuado sería que la comunidad entera se movilizara para salvar a un solo hombre. Y precisamente en salvar la vida de un hombre está la salvación de todos los demás. Minimizar el derecho a que una persona viva, so pretexto de que es un derecho individual, es una amenaza para todo el resto de la sociedad.
La decisión que tomó la Corte se ajusta perfectamente a la ley de Dios. Además, hace respetar el derecho que tenemos todos a vivir. No hay razón para pensar que pagar por la libertad del prójimo sea un delito. Por el contrario, hacer que el sufrimiento de una persona sea más largo sí lo es.
El Estado está siendo impotente para evitar el secuestro, y prepotente para evitar el rescate".

FRANCISCO SANTOS CALDERON:
Es un hecho innegable que en Colombia, en cuanto al secuestro, Ibamos muy mal. Pasamos de menos de 100 secuestros a principios de los años 80 a más de mil a principios de los 90. Esta es una estadística que no se puede negar. Por ello había que buscar una solución distinta, radical, que reversara esa caótica situación. Se estudiaron fórmulas, y la más viable era impedir por todos los medios el pago del secuestro y así reducirle la rentabilidad a ese próspero negocio. Analizamos cómo se había enfrentado este delito en otras partes del mundo y encontramos que en Italia era donde más éxito se había logrado, impidiendo el pago con una legislación mucho más severa que la que promovió la fundación País Libre y que fue aceptada por el Congreso de la República.
Esta ley ya había logrado en el país unos efectos importantes en varios frentes. Uno: había reducido el monto de los rescates, lo que es bueno, pues hace que el negocio sea menos rentable, los hampones ganen menos plata y así no se sigan metiendo en ese maléfico crimen. Por otra parte, las familias utilizaron la ley para que la situación se resolviera más rápido -con el argumento de que les iba a caer la Fiscalía y ahí sí no podrían pagar nada- y eso redujo el tiempo que duraban los secuestros, aliviando en algo el sufrimiento de los familiares. ¿Acaso no es bueno reducir los ingresos de la guerrilla y demás secuestradores del país y reducir el dolor de las familias?
El pago de un rescate no es garantía de que devuelvan a la persona secuestrada. Los cientos de ejemplos al respecto y las estadísticas que maneja País Libre así lo demuestran. Por si esto fuera poco, el pago de dobles rescates, del secuestro de negociadores -que por lo general son familiares- aumenta el poder de negociación de las bandas de plagiarios y empeora el panorama ya bastante oscuro en lo que a este punto se refiere.
Pagar un rescate es dejarles el problema a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cada rescate que se paga financia el siguiente. secuestro y equivale a trasladarle el problema a la siguiente familia. ¿Dónde está, pregunto, la solidaridad humana? Pagando sólo estamos salvando a una persona y sacrificando a quien sabe cuántas más. Eso no resulta ético, no es decente y no es patriótico. Además esa otra persona puede ser de un familiar. Quizá lo único que se logra es aplazar el problema.
Se ha dicho que prohibir el pago del rescate viola los derechos humanos. Pero son los secuestradores los que lo hacen. Son ellos los que sacan a la persona de su hábitat y le violan no sólo el derecho a la vida y a la libertad, sino a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, y todos los derechos consagrados en la Constitución. Decir que esa ley -que lo que busca es aliviar el peso que tienen las familias y encontrar un futuro mejor para el país- es violatoria de la Constitución, sólo puede ser parte de un síndrome de Estocolmo que, si bien está justificado por el trauma que viven los secuestrados, no tiene peso específico, porque es más producto de un estado mental que de una realidad. Es irónico que se acuse a la ley y no se acuse a los secuestradores. Parece que en Colombia lo que sucede es que el mundo está al reves.
El síndrome de Estocolmo es comprensible en un caso como el del secuestro. Sin embargo, tener una opinión sobre un tema no desvirtúa lo que los hechos, las estadísticas y hasta el simple sentido común demuestran: pagar un rescate es decirle a Colombia que no hay futuro y que nuestros hijos tendrán que vivir esa zozobra por la que hoy en día pasan más de mil familias al año".
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