Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/02/01 00:00

‘Oportunidad’ a ‘jíbaros’ y pequeños cultivadores

SEMANA conoció la propuesta del Gobierno ante los eslabones de producción y tráfico de drogas

La propuesta busca que haya delación de jefes de organizaciones del microtráfico. Foto: SEMANA

El nuevo estatuto nacional de drogas que el Gobierno empezó a socializar esta semana, no sólo pretende enfrentar el consumo de estupefacientes como un asunto de salud pública. También propone la suspensión de la persecución penal a pequeños cultivadores y ‘jíbaros’ si estos colaboran con las autoridades para desarticular organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El Gobierno plantea recurrir al llamado principio de oportunidad, un recurso jurídico que  ofrece la Fiscalía por determinados delitos, y que consiste en que responsables de algunas conductas no sean acusados ante un juez a cambio de colaboración efectiva con la justicia.

El exmagistrado Yesid Reyes (abogado de Valerie Domínguez) lo define como la facultad de no adelantar un proceso penal contra alguien, porque bajo determinadas circunstancias se considera que hay más ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento de una persona.

El principio de oportunidad no es una figura novedosa. La Fiscalía la ha contemplado, entre otras, para llegar a los más altos eslabones de las organizaciones delictivas. Generalmente se aplica a delitos contra el patrimonio público, como el que se les ofreció a los hermanos Nule y otros implicados en el carrusel de contratación, o para testaferros de paramilitares y guerrilla siempre que entreguen bienes al fondo de reparación a víctimas.

Sin embargo este recurso no está exento de polémica. Según el nuevo estatuto nacional de drogas, el principio de oportunidad por primera vez se ofrecería a pequeños productores de cultivos ilícitos y a ‘jíbaros’, pues el artículo 140 del proyecto propone ampliar los alcances de este recurso judicial.

Según el proyecto, los pequeños cultivos son los que no exceden las veinte plantas de marihuana, hoja de coca o flor de amapola. Los pequeños cultivadores no serían procesados siempre y cuando “se acoja voluntariamente” a los programas de erradicación de cultivos ilícitos. El Gobierno también impone que el principio de oportunidad esté condicionado a la no reincidencia.

En el caso de los jíbaros que sean detenidos en la calle, podrán beneficiarse del principio de oportunidad cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, cuando se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados. En todo caso el Gobierno establece que la información tiene que ser “significativa”. En ningún caso el principio de oportunidad se aplicará a de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de organizaciones delictivas.

Esta propuesta supone una especie de giro del Gobierno, pues el año pasado se opuso a un proyecto de ley del representante Hugo Velásquez (P. Liberal) que proponía la despenalización a los campesinos que siembren marihuana, flor de amapola y hoja de coca, con fines de producción de sustancias estupefacientes. El entonces ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra, la calificó como una propuesta “aislada e inconveniente”.   
Actualmente las sanciones al cultivo ilícito contemplan cárcel de entre 8 y 18 años de cárcel.

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