Lunes, 23 de enero de 2017

| 2006/06/11 00:00

Orden en la sala

Si los políticos no le hacen el quite a la ley de bancadas, el Congreso cambiará totalmente sus costumbres más cuestionadas.

Orden en la sala

Al menos en teoría, nada volverá a ser como antes en el Congreso. Ni debates interminables con 40 congresistas peleando por hablar en horario triple A, ni votaciones impredecibles y anónimas de los padres de la patria. También se irán dejando atrás las tradicionales negociaciones al detal entre el gobierno y los congresistas, y hasta los famosos desayunos en Palacio en los que el Presidente daba línea, repartía prebendas y aseguraba mayorías. Todo indica, incluso, que la folclórica imagen de los ministros cazando congresistas en los pasillos del Capitolio y atajándolos, como un portero, a la salida del Salón Elíptico, se irá desvaneciendo.

La ley de bancadas, aprobada el año pasado, pasó el primer examen de la Corte Constitucional esta semana. Los magistrados revisaron una de las demandas contra la ley y dijeron que, salvo un artículo, los demás cumplieron las normas de procedimiento para ser aprobados. Pero los temas de fondo aún no están resueltos.

Mientras tanto, la ley de bancadas introduce cambios notorios a los métodos de trabajo del Congreso. Para empezar, ahora los miembros de los partidos se van a sentar juntos, lo que los hará fácilmente identificables. Los debates van a ser más cortos y concretos, pues cada partido escogerá su vocero, uno diferente para cada proyecto, y en él quedarán centralizadas las intervenciones de la bancada. Los demás podrán hablar, pero sólo durante 10 minutos en cada debate. Todo esto les quitará espacio a los insultos y a los temas fuera de contexto. Además, los proyectos que se presenten en bancada van a tener prioridad sobre los individuales, lo que posiblemente generará una disminución en su cantidad y aumentará su calidad, pues serán el resultado de un proceso de concertación y de enfrentamiento de ideas. La nueva normatividad busca acercar el Congreso colombiano a las prácticas internacionales más comunes.

La ley también complementa la reforma política en la medida en que fortalece la vida interna de los partidos. Aunque en este tema aún falta mucho por hacer, ahora las bancadas tienen el deber de reunirse periódicamente para definir democráticamente las posiciones colectivas. Estos encuentros serán escenarios interesantes de debate, donde, en lugar de negociar contratos y prebendas para sus regiones, se espera que se aborden temas ideológicos y programáticos, como el Plan de Desarrollo, las reformas tributarias o la unión de parejas homosexuales.

Este gran avance que se espera que produzcan las nuevas normas tiene un talón de Aquiles: la disciplina dentro de las bancadas. La Corte no modificó algunos aspectos de la ley que, según algunos analistas, la hacen vulnerable. Es decir, que facilitan hacerle el quite a que las posiciones sean colectivas, a que haya disciplina y a que las votaciones no se puedan alterar en cada caso según las ofertas del gobierno de turno.

La ley no define unos mínimos de disciplina obligatorios, sino que deja en manos de cada partido la decisión de precisar -a través de sus estatutos- en qué situaciones sus miembros están obligados a votar coordinados, y los castigos que va a imponer cuando no lo hagan. Simplemente sugiere unas posibles sanciones, como la pérdida del derecho al voto y la expulsión. Aquí podría haber un germen, muy propio de la trasnacional cultura política nacional, de un mico que permite mantener las viejas costumbres con el renovado ropaje. La célebre maña de cambiar todo para que todo siga igual. O, por lo menos, lo esencial. Como el voto preferente que en la reforma política compensó la obligación para los partidos de presentar listas únicas, pero que en la práctica mantuvo las campañas personales y las llamadas 'operaciones avispa'.

Estas ambigüedades ponen a los jefes de partido en la incómoda tarea de negociar las faltas y los castigos con las ovejas desobedientes. Los congresistas lograrán meter en los estatutos del partido la forma de hacerle el quite a la ley, pues con seguridad las decisiones que tome el partido, en algunas pocas oportunidades irán en contra de sus conciencias, en otras ocasiones, en contra de sus regiones, y en muchas otras, en contravía de los intereses de quienes financiaron su campaña. El tire y afloje sin duda va a generar unas bancadas de hierro, otras de hule y de cristal, lo que pone en riesgo la consolidación a futuro de un sólido régimen de bancadas que, al fin y al cabo, era el objetivo principal de la ley.

Sería prematuro, sin embargo, concluir que la ley de bancadas no va a obligar a que cambien los métodos de trabajo del Legislativo. El próximo Congreso será distinto al que se despide esta semana, cuando se cierran las sesiones del Senado y la Cámara elegidos en 2002. En este último primó la ley de la selva. En los últimos cuatro años los congresistas actuaron como ruedas sueltas, brincaron de un partido a otro, y alimentaron a sus persistentes críticos que siempre están a la búsqueda de pruebas sobre su vocación de actuar en función de intereses personales por encima de los del partido.

Cuando Álvaro Uribe se posesionó en 2002, lo hizo con altos niveles de popularidad y con un fuerte discurso contra la politiquería. Los congresistas uribistas entendieron el tono y durante el primer año le marcharon como un relojito al Presidente. Un Congreso "admirable", en palabras del ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien sacó adelante un número amplio de iniciativas polémicas con un discurso y un método que hacían énfasis en la negociación por bancadas y el debate a fondo de los proyectos.

Esta táctica se fue desvaneciendo. En el trámite del referendo -que el gobierno sometió a aprobación popular, sin éxito, en octubre de 2003-, y en el cual se hizo evidente que el Ejecutivo necesitaba de su bancada, se 'valorizó' el voto de cada uno de sus miembros. De ahí en adelante volvió el tradicional tire y afloje continuo entre el Presidente y cada uno de sus congresistas, que terminaron reduciendo la agenda legislativa a unos pocos temas de vida o muerte para Uribe: el referendo, la reelección, el estatuto antiterrorista y la Ley de Justicia y Paz.

Dos escándalos, el de Yidis y Teodolindo y el de la entrega de cargos por parte del gobierno en el servicio exterior que ameritó las disculpas del Presidente, son una buena semblanza de esos días en los que los protagonistas luchaban por la repartición de la torta, los liberales hacían esfuerzos infrahumanos para que su bancada no se desbandara ante los coqueteos reeleccionistas y la izquierda aprovechaba la polarización para hacerse visible.

A partir de este 20 de julio, con la ley de bancadas, el gobierno no se va a desgastar en los tratos particularistas, pues va a tener la posibilidad de negociar todo con los jefes de los cinco partidos uribistas. Ahora la responsabilidad de lidiar con las ovejas descarriadas será de Juan Manuel Santos, Germán Vargas y los otros líderes de la coalición. Los liberales van a contar para que sus desertores en realidad hagan un 'salto mortal' hacia el uribismo. Y en el caso de la izquierda, se visibilizarán aun más sus posiciones opositoras.

Se ven grandes avances frente al Congreso que cierra esta semana. Lo que falta ver es si se limitarán al papel o se llevarán a la práctica. La ley de bancadas se hizo con buenas intenciones, pero la malicia indígena de los políticos para sacarles el cuerpo a las normas ya ha dado, en el pasado, pruebas contundentes de que es capaz de superar enormes desafíos.

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