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| 2/12/2016 8:23:00 AM

Ordenan levantar paro judicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos de un litigante y ordenó poner fin a la protesta que mantiene paralizada la jurisdicción civil en Bogotá. Sin embargo, debe existir concertación.

Parece que el cese de actividades de los servidores de juzgados civiles y de familia en Bogotá llegó a su fin. Esta vez una orden judicial obligaría a los inconformes a volver a sus puestos de trabajo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción de tutela por medio de la cual se busca poner fin a las manifestaciones y bloqueos que han impedido el funcionamiento de los despachos judiciales de esa especialidad en la capital. La providencia advierte que el Consejo Superior debe establecer medidas que permitan conjurar la crisis, a través del diálogo.

Así las cosas, dice el Tribunal, las medidas que se adopten para propiciar la reapertura de los despachos judiciales debe ser producto de la concertación con los actores en conflicto.

La acción de amparo constitucional protegió el derecho al trabajo de un abogado litigante de Bogotá que se ha visto impedido para continuar sus actividades laborales debido a la protesta de servidores de la justicia que han impedido la prestación del servicio durante casi todo el 2016.

La problemática se inició porque el Consejo Superior de la Judicatura modificó el modelo de atención en los juzgados civiles y de familia del país. Ese organismo ordenó la creación de centros de servicio en los que se concentrarían todas las labores administrativas que hasta ahora se han desarrollado individualmente en cada juzgado.

Los servidores de esa especialidad no estuvieron de acuerdo con esa modificación e iniciaron la protesta que mantuvo cerrados los juzgados de todo el país en los primeros días de enero.

Una semana después de las protestas, el Consejo Superior de la Judicatura, dos grupos de Asonal Judicial y Asojudiciales llegaron a un acuerdo que aplazaba la entrada en vigencia del nuevo modelo de atención, mientras construían en firma conjunta el nuevo esquema.

Los servidores de los juzgados de Bogotá no se sumaron a ese pacto y continuaron con el cese de actividades. Fundaron un nuevo sindicato que ha sido rotulado como El Vocero Judicial y, liderados por Orlando Chinchilla, han venido protagonizando una protesta laboral que ya cumplió un mes.

Los huelguistas no están convencidos de que el aplazamiento de la entrada en vigencia del nuevo modelo de atención sea suficiente. Por eso, exigen que ese acuerdo sea derogado, como condición para volver a sus puestos de trabajo.

Ni las amenazas de suspensión de pago de sus salarios ni probables investigaciones disciplinarias ni penales los hicieron reiniciar labores. Tampoco los actos de fuerza y hasta de violencia que ejercieron en su contra algunos efectivos del Esmad los convencieron.

Por eso, el abogado José Ángel Fonseca interpuso la acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa corporación le dio la razón, al considerar que ese cese de actividades en la prestación de un servicio público esencial, como la justicia, estaba violando su derecho fundamental al trabajo.

La providencia establece que el Consejo Superior de la Judicatura debe tomar todas las medidas tendientes a superar la crisis. Para ello, dice, debe contar con la asistencia del Ministerio de Justicia. Todo, con la intención de restablecer el servicio.

Aunque la decisión obligaría a los huelguistas a volver a sus labores y su cumplimiento es inmediato, el fallo podrá ser apelado ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra respecto a esta calamitosa protesta laboral.

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