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| 1/29/2015 10:10:00 PM

Llegó el día para Óscar Iván Zuluaga

El excandidato presidencial de Uribe le dará la cara a la Fiscalía y el Centro Democrático lo acompañará con una marcha contra la persecución a la oposición.

Si nada extraordinario ocurre este viernes, Óscar Iván Zuluaga cruzará las puertas del búnker de la Fiscalía y se someterá a un interrogatorio para aclarar sus presuntos nexos con el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda. Luego de eso, el país tendrá noticias de una de las diligencias judiciales trascendentales y más delicadas de la historia reciente.

No es para menos. Quien responderá a la Fiscalía no es un dirigente político cualquiera. Es la persona que hace siete meses no sólo aspiró a la Presidencia de la República, sino que estuvo a punto de ganarla. De hecho, derrotó a Juan Manuel Santos en la primera vuelta. Es quien representa a 6,9 millones de colombianos, y en teoría el jefe único del partido político que representa la mayor oposición al actual gobierno.

Ese, precisamente, es el principal ingrediente de esta diligencia. Aunque Zuluaga no llegará a la Fiscalía como acusado, ni siquiera como investigado, la palabra interrogatorio ha sido interpretada por sus seguidores y copartidarios quizá con la trascendencia de una indagatoria.

De hecho, el fiscal Eduardo Montealegre, aunque aclaró que el interrogatorio es una diligencia previa y que fue ordenada precisamente para darle mayores garantías al excandidato presidencial, es visto por el uribismo como un fiscal que, más allá de hacer justicia, está tomando decisiones para perseguir al partido de oposición.

La Fiscalía, con el interrogatorio, pretende que Óscar Iván Zuluaga explique cómo el ‘hacker’ Sepúlveda terminó trabajando en su campaña y para qué funciones fue contratado. Pero sobre todo, que entregue detalles de por qué aparece en los gastos de campaña un presunto pago al hermano del ‘hacker’ por 230 millones de pesos, que aparentemente habría salido del bolsillo de su hijo David Zuluaga, gerente de la campaña.

La Fiscalía también quiere saber por qué si el ‘hacker’ trabajó para la campaña no aparecen consignaciones a su nombre sino al de su hermano, y por qué se produjeron cuando Sepúlveda ya se encontraba detenido.

El asunto que atenderá Zuluaga es muy delicado. El ‘hacker’ Sepúlveda ha admitido haber infiltrado correos electrónicos de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz, así como haber conseguido información de inteligencia que pudiera afectar las negociaciones. En un caso hipotético, que un candidato presidencial haya tenido conocimiento de esas actividades ilegales y las haya direccionado a su campaña le quitaría legitimidad a su ejercicio político.

Pero más allá de los asuntos estrictamente judiciales, la cita de Zuluaga será pretexto para una nueva manifestación de la oposición. El jefe del Centro Democrático no estará solo. Los 39 congresistas del partido, bueno, con excepción de Álvaro Uribe, en principio, anunciaron que estarían en el búnker. Por redes sociales y otras plataformas (www.yocreoenoizuluaga.com) se han recogido más de 7.000 firmas en respaldo, y se ha convocado una movilización frente al búnker a las 8 de la mañana.

Eso significa que una diligencia judicial será utilizada para hacer política. Es incógnita saber cuántos llegarán a la Fiscalía. Pero en el uribismo, donde hasta organizaron desplazamiento de militantes desde otras ciudades, confían en dar una sorpresa. Ellos aseguran haber sacado más de 17.000 personas a la marcha por la paz el pasado 13 de diciembre. Lleguen los que lleguen, el uribismo demuestra que, a diferencia de otros partidos, no deja solos a sus líderes.  

Por eso, mientras Óscar Iván responde a la Fiscalía, afuera dirigentes y simpatizantes del uribismo seguramente se levantarán contra el fiscal Montealegre y expondrán las pruebas de que el Centro Democrático estaría siendo víctima de una supuesta persecución sistemática.

El uribismo sostiene que se les ha violado una larga lista de derechos: la prohibición de no discriminación por opiniones políticas, la prohibición de apología al odio nacional, los derechos de libertad de expresión y derechos políticos, el derecho de garantías judiciales, la presunción de inocencia y el derecho de no injerencia arbitraria.

“El fiscal general, funcionarios del gobierno nacional, militantes de partidos políticos cercanos al Ejecutivo, a través de pronunciamientos públicos han incitado al odio y estigmatizado a nuestro partido Centro Democrático y han recurrido a la discriminación política, a la persecución ilegítima y arbitraria y nos han vetado de garantías en todos los procesos judiciales, estigmatizándonos”, dice un manifiesto que los uribistas firmarán en la Fiscalía.

Y mientras tanto, el fiscal Montealegre sabe que con esa diligencia comienza en firme el que puede ser el proceso más complejo desde cuando llegó a la Fiscalía. Probablemente no se producirá alguna decisión en contra de Zuluaga, pues su cercanía con los hechos no es evidente. El asunto complejo es frente a los casos de Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga.

Los uribistas gritan a los cuatro vientos que el fiscal tiene la orden de ponerlos en la cárcel, una circunstancia que le genera presión al funcionario, y si los absuelve, van a protestar los antiuribistas más recalcitrantes. Por eso el del ‘hacker’ puede ser el proceso más complejo de la historia reciente.
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