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| 4/25/2017 2:55:00 PM

"Espero que podamos sacar la paz adelante": Naranjo

El vicepresidente Óscar Naranjo habló con María Jimena Duzán sobre los retos que hay de cara a la consolidación de los acuerdos entre el gobierno y las Farc.

María Jimena Duzán: General Naranjo, ¿Cuáles van a ser sus retos, sus desafíos y cuáles van a ser sus poderes en la implementación de la paz?

Óscar Naranjo: Lo primero es que el gobierno se prepara hace un par de años para que una institucionalidad responda durante el posconflicto y, por lo tanto, no estamos partiendo de cero a la hora de la firma del acuerdo. Con antelación se había dado lugar a dos instancias que hoy es necesario seguir fortaleciendo. Primero, una Alta Consejería para el posconflicto, que tiene ese carácter ejecutivo y concentrador de la ejecución y segundo el consejo intersectorial e interinstitucional con técnicos para el posconflicto; y ahora, hay una tercera institucionalidad que es el gabinete para el posconflicto que dirige personalmente el Presidente de la República. Uno diría entonces que la llegada mía al gobierno sobre esa estructura corresponde a la tarea fundamental de asegurar que hayan 3 elementos que no pueden desaparecer y que hoy tienen que ser una realidad. Primero, la articulación. Tenemos que garantizar que al interior del gobierno estemos totalmente articulados en función de la implementación y del cumplimiento de los acuerdos. Segundo, velocidad en la implementación. Ahorita la duda está en que las velocidades no marchan como lo esperan los colombianos y como lo espera el gobierno. Y tercero, que la implementación de los acuerdos tengan legitimidad.


María Jimena Duzán: Es decir…
Óscar Naranjo: Sobre lo anterior hay que decir que la implementación de los acuerdos que le ponen fin a un conflicto de 52 años no pueden ser algo mecánico entre las Farc y el gobierno. Tiene que ser un ejercicio de una alta participación ciudadana para darle legitimidad pero también para que todos los colombianos nos apropiemos de la implementación para que seamos receptores de los dividendos de la paz. Mi propósito desde la vicepresidencia es que haya un contenido político y por eso he dicho que el presidente obrará como un integrador gerencial de implementación y como un vocero político integrador de la implementación.

María Jimena Duzán: Cuando llegó Germán Vargas Lleras a la vicepresidencia estaba empoderado, tenía sus ministros que respondían y tenía una infraestructura que le servían para todo lo que el presidente le había encomendado que era el desarrollo vial. En su caso, ¿Usted va a tener todas las personas para que usted pueda cumplir su objetivo?

Óscar Naranjo: La vicepresidencia va ser, particularmente, la instancia de vigilancia, seguimiento y control de la implementación. Esto implica la construcción de una matriz de control en donde ya hemos identificado cerca de 700 indicadores acompañados de un sistema de semaforización para visualizar lo que está en verde, amarillo y rojo. Según los avances que se tengan. En ese sentido, la vicepresidencia sí tiene una capacidad para que haya un sistema de rendición de cuentas del gobierno y que el vicepresidente lleve eso a los ciudadanos. La vicepresidencia también tendrá que ser un espacio donde los cuellos de botella se puedan solucionar desde una visión constructiva y no desde el debate controversial que confunde a los ciudadanos.

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María Jimena Duzán: General ¿por qué y cómo se va lograr llevar el estado a esas zonas críticas del conflicto y en las que hay un auge de criminalidad?

Óscar Naranjo: Es importante recordarle a los colombianos que desde cuando estuvimos en La Habana tuvimos claro que ponerle fin al conflicto no significaba de manera maravillosa, mágica y automática superar las amenazas de seguridad que se ciernen sobre regiones y comunidades en Colombia. Y eso explica en buena parte lo que se denominó allá la "línea roja" que significaba no desmantelar, desvanecer o debilitar la fuerza pública colombiana porque esa fuerza para la consolidación en el posconflicto resulta crítica y vital y no queríamos cometer los errores que se cometieron en Centro América en donde se dio un desmantelamiento de las fuerzas que significó al final una explosión de violencia y de delito sin control. Por otra parte, hemos dicho que los últimos años las fuerzas públicas y de policía han preparado dos planes. El Plan Victoria de las Fuerzas Militares y el Plan Comunidades Seguras y en Paz de la Policía Nacional que tienen la radiografía exacta de dónde hay que copar los espacios abandonados por las Farc. Hoy estamos en un déficit de velocidad para que ese despliegue vaya cerrando el espacio a esos criminales que han querido ocupar el papel de las Farc frente a las rentas criminales.

María Jimena Duzán: ¿Y qué va a pasar?

Óscar Naranjo: Por último, hay que decir que la visión que tiene el gobierno es que el punto de encuentro de las violencias en el territorio es el resultado del manejo de esas rentas criminales y en el acuerdo está que la lucha contra las bandas criminales debe ser una prioridad. En algunas regiones sucede que hay tormentas perfectas que están aprovechando este tiempo de transición y posconflicto para que los colombianos les pongamos atención. Una de esas regiones es Tumaco porque allá hay hectáreas de cultivos ilícitos que han desbordado esa capacidad de control territorial, hay un apetito de la mafia internacional de aliarse con los locales para el tráfico industrial de cocaína; y hay principalmente tres o cuatro actores ilegales, las disidencias, los narcotraficantes y las Bacrim pretendiendo apoderarse de eso y en el medio campesinos cocaleros con la expectativa de que se empiece aplicar la política de sustitución de cultivos. A eso se le suma que hasta ayer no había alcalde y por todo eso yo he prometido volver con una propuesta de intervención integral en todos los sentidos.

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M.J.D: Usted cree que, en términos de sustitución de cultivo ilícitos, ¿Se va a cumplir la meta que se plantearon Rafael Pardo y las Farc de 50.000 hectáreas este año?

Óscar Naranjo: La oficina de la Alta Consejería para el posconflicto han hecho acuerdos con cerca de 78.000 familias que va significar una sustitución de 65.000 hectáreas. La meta de este año para sustitución de cultivos es de 50.000 hectáreas. Si avanzamos con una velocidad mayor para desplegar de manera individual donde se va a aplicar el programa de sustitución se puede lograr. Para eso hay una priorización de 10 municipios y la fase inicial ya arrancó con cerca de 8000 familias para erradicar 7000 hectáreas y ya hay una apropiación presupuestal de 300.000 millones para garantizar la sostenibilidad de ese programa. Por otro lado las Fuerzas Militares y Policía Nacional tienen otra meta de 50.000 por erradicación forzosa.

M.J.D: ¿Usted diría que es necesario reactivar esas operaciones conjuntas entre policía y ejército para erradicación forzosa?

Óscar Naranjo: No podemos ser ingenuos cuando uno va a Tumaco uno identifica fácilmente los llamados cultivos industriales; una sola persona que tiene 120 hectáreas de coca y esas personas va a querer persistir y no sumarse al acuerdo. A ellos hay que aplicarles erradicación forzosa en ese territorio.

M.J.D: Vicepresidente, ¿cómo van a ser esos proyectos productivos para que la plata llegue a las zonas a las que deben llegar?

Óscar Naranjo: Para poner esto en contexto es importante recordar que el acuerdo que pone fin al conflicto con las Farc debe cumplir tres propósitos importantes. Primero, parar la guerra. En segundo lugar está el marco de oportunidades de transformación que busca cambiar realidades nuestras que han generado conflictos; esas realidades tienen que ver, a su vez, con el cierre de inequidades, con el cierre de brechas del país urbano y el país rural y con llevar la institucionalidad y la empresa privada a los lugares donde existió el conflicto. Y en tercer lugar fortalecer la institucionalidad porque se invoca a que sea el estado el que haga presencia integral en todo el territorio colombiano. Eso denota un acuerdo con enfoque territorial y eso significa que la paz se construye de abajo hacia arriba y por tanto los niveles de participación de las veredas, los corregimientos, la policía, el municipio, resultan críticos para consolidar la construcción de esa paz. Sobre esa base el acuerdo comenzó por desarrollar el punto 1 del acuerdo que tiene que ver con la reforma rural integral en Colombia y la manera de aterrizar ese tema fue llegar a la conclusión de que había que poner en marcha unos programas de desarrollo con enfoque territorial en el campo que no era simplemente llevar unas asistencias sino llevar paquetes de solución y esos paquetes van desde la vivienda rural hasta la infraestructura rural, pasando por proyectos productivos, asistencia al campesino y proyectos de educación para que pueda haber un crecimiento de esa población sea mayor. Se definieron por lo tanto seis zonas, una especie de circuitos de los municipios más afectados por el conflicto en Colombia y que tienen una caracterización territorial que permite poner en marcha esos proyectos. Eso lo lidera la Agencia Nacional del Terrirorio que ha trabajado definiendo la secuencia para poner en marcha esos planes y llegar con prioridad unoa uno a los 16 territorios.

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M.J.D: Sáqueme de una duda. Tengo entendido que el interés de Rafael Pardo no es tanto los PDS sino los Zomacs?

O.N: No, yo creo que hay dos figuras que se complementan y en el caso de los Pds de lo siguiente. Poner en marcha un plan tan ambicioso de desarrollo con enfoque territorial supone haber agotado la dejación de armas y el tránsito a la legalidad en su totalidad de los miembros de las Farc. Pero por otro lado, el gobierno consciente de que todos los colombianos deben recibir dividendos de la paz elaboró un inventario de 350 municipios que son los Zomacs que significa las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia en donde creó unos incentivos, particularmente en la empresa privada para descentralizar la oferta de bienes y servicios en esos territorios mediante figuras como obras por impuesto y beneficios tributarios en función de esa descentralización. Por lo tanto los dos son complementarios.

M.J.D: General, hablemos de la sistematicidad de los asesinatos a líderes sociales...

O.N: Sería una total contradicción que habiendo un acuerdo con las Farc hubiera un rebrote de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos además porque lo que uno diría que necesita el país es que el liderazgo de estas personas eleve la voz de las comunidades para que haya realmente una reconstrucción de ese tejido social y haya posibilidad de construir paz de la mano de estos líderes. El gobierno ha avanzado de manera notable los dos últimos años saliéndose de una vieja discusión sobre las etiquetas donde la energía fundamental en esta interlocución era determinar si era un líder social y si el victimario era de un grupo sucesor del paramilitarismo. Hoy hemos encontrado una fórmula que es a partir de la información compartida en una mesa donde está el representante del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas se ha ido homologando los cientos de listados de líderes sociales que había y que realmente pueden confundir y que nos pueden distraer de lo fundamental que es proteger la vida de los líderes y de las comunidades. Y por otro lado, hay avances fundamentales en investigación criminal. por primera vez estamos llegando a cerca del 40% en imputación de cargos en los últimos homicidios de este año. Con lo cual se da un paso gigante frente a una situación que era que años atrás ninguno de estos casos tenía futuro judicial para llegar a condenas.

M.J.D: General pero en la carta de Vivanco dice todo lo contrario. Se dice que hay demoras en la investigación y en algunos casos hay incertidumbre en la identidad de algunos de los responsables y que todavía no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2016 y 2015.

O.N: No, pero en el 2016 hay un quiebre en relación con la impunidad pero más allá de eso hay que decir que cuando hemos estudiado el tema de la sistematicidad hemos encontrado que hay cuatro fuentes que originan esos asesinatos y en nuestra opinión no hay sistematicidad en el sentido estricto de la palabra porque se ha comprobado judicialmente que, por ejemplo, varios asesinatos los ha cometido el ELN. Segundo, está probado que buena parte de los homicidos se está dando en zonas donde hay disputas por rentas criminales; salen las Farc que tenían el control y la administración de rentas criminales como el impuesto al gramaje de la hoja de coca y han aparecido nuevos actores diciendo: "yo quiero ahora ser el dueño de esa administración de esa renta criminal" y a los líderes que se han opuesto a eso los han asesinado. Tercero, hay disputas que superan la mafia local y se explican con la llegada del Clan del Golfo a esas zonas con una campaña de expansión para apoderarse de esa renta criminal. Entonces decir que hay un patron de sistematicidad en relación con el origen que dispondría el asesinato de esos líderes parece que no. Hay en líneas de tiempo unos temas muy importantes para estudiar que explican que en puntos claves de la negociación se haya incrementado el número de asesinatos y que implica que de cara a la sustitución de tierras que es la otra fuente de origen que me faltó mencionar hay un incremento de población dispuesta a rechazar toda la política de sustitución de tierras.

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M.J.D: No cree usted que parte de lo que está pasando es porque la desmovilización de los paramilitares fue un fracaso?

O.N: Yo diría que hay dos debates. El primero es que la caracterización jurídica de estos grupos no se parece a la que tenían los antiguos paramilitares. Pero eso no niega la existencia de grupos de crimen organizado que, armados, estén particularmente empeñados en no abandonar las rentas criminales. Por eso yo soy claro frente al denominado Clan del Golfo porque cuando ellos pretenden sobre comunicados tratar de vestirse con una caracterización pseudo política autollamándose Autodefensas Gaitanistas me parece que producen un engaño fundamental al país. Porque además están totalmente comprometidos con tareas de narcotráfico. Basta mirar a dónde quieren llegar; solo quieren estar donde hay cultivos o laboratorios de coca y su expansión no se moviliza sobre fines ideológicos o políticos. Por eso una paz completa debería implicar el sometimiento a la justicia de esas organizaciones. Yo creo que estamos en el momento indicado para hacer ese pare y esa inflexión frente al crimen organizado para que ellos reconozcan que no tienen otro futuro que someterse a la ley. Y eso no significa que haya negociación política con ellos sino que haya particularmente un acercamiento para que la Fiscalía resuelva su situación en el marco de un tratamiento judicial. Lo otro que el gobierno está trabajando frente al asesinato de líderes sociales es en prevensión, protección y lucha contra la impunidad en esos casos.

La construcción de la paz nos corresponde a todos los colombianos y yo lo que espero es que desde la vicepresidencia con auditorías y veedurías cívicas, sociales; con la participación de la academia y la vigilancia de la prensa y la ejecución del gobierno trabajando de la mano de otras ramas del poder público podamos sacar adelante la paz.

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