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| 9/13/2014 10:00:00 PM

Otra universidad en líos

Un fundador de la Universidad Rafael Núñez, en Cartagena, denuncia que miembros de la familia Henríquez López se apoderaron de la institución para desviar millonarios recursos en su beneficio.

La detenida exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette, no es la única en líos con la Justicia por usar supuestamente una universidad y sus recursos como si se tratara de una empresa familiar. Un fiscal especializado de Bogotá acaba de acusar a Miguel Henríquez Emiliani, exrector de la Corporación Universidad Rafael Núñez (CURN) de Cartagena, junto con su esposa, tres hijos, una cuñada y a uno de sus yernos por haber desviado supuestamente más de 25.000 millones de pesos del centro universitario a través de contratos amañados, asesorías y exorbitantes honorarios. A todos los señaló de incurrir en enriquecimiento ilícito y abuso de confianza.

Las denuncias contra este grupo familiar vienen ventilándose en los estrados judiciales de Cartagena desde hace más de una década, cuando uno de los socios fundadores de la universidad, Alberto Román Estor, denunció a Henríquez por haberlo sacado de la asamblea general, según él de forma fraudulenta, en su afán de tomarse el control del centro educativo.

La CURN nació el 30 de enero de 1985 como una corporación sin ánimo de lucro. La fundaron Miguel Henríquez Emiliani, Orlando Ortiz Figueroa, Héctor Blanco Portacio, Orlando Castelar y Edgardo Ibáñez Noriega. Después, para solventar una crisis económica, Alberto Román entró a la lista de fundadores. 
 Para que la naciente alma máter quedara bajo el control del grupo, decidieron que algunos de ellos, como Henríquez, junto con otros familiares, hicieran parte de la asamblea general. Fue así como también llegaron a esta instancia su esposa, Carmen López y Viviana, su hija. Hoy la CURN tiene 13 carreras, cinco tecnológicas, cuatro sedes en Cartagena, dos en Barranquilla, y cerca de 5.000 estudiantes.

Gracias a la influencia que Henríquez Emiliani tomó en la universidad, fue rector entre 1989 y 2001, además de presidente de la asamblea general y cabeza del consejo superior. Con el retiro paulatino de varios de los socios fundadores, unos porque murieron y otros porque se alejaron, el rector terminó de poner a buena parte de su familia en los cuerpos directivos de la universidad, con lo que habría violado  los estatutos. Por ejemplo, su cuñada Rosario López, fue rectora entre 2001 y 2007.

Como estas universidades no pueden repartir utilidades sino que las deben reinvertir en  las instalaciones, en adquirir equipos, en formar docentes o en ampliar o sostener sus edificaciones, Henríquez Emiliani y su familia empezaron a usar varias figuras, según las autoridades, para beneficiarse con los recursos universitarios. Para eso, habrían creado en 1996 la Sociedad Henríquez Emiliani S. en C.

La primera figura fue comprar  inmuebles, a nombre de la naciente sociedad, que la universidad terminaba pagando a través de contratos de arrendamiento o de otra índole. Según la resolución de acusación dictada por la Fiscalía Especializada 16 de la Dirección Nacional contra la Corrupción, en 2003 la sociedad Henríquez Emiliani adquirió una enorme casa en la calle del Coliseo por 2.100 millones de pesos. Para pagarla, los Henríquez tomaron un crédito de 2.000 millones, pero en arriendos la universidad terminó pagando 1.897 millones de pesos, es decir, casi el valor del crédito. Posteriormente cambiaron el contrato de arriendo por uno de comodato, lo que hizo que el alma máter le pagara a la familia otros 1.500 millones de pesos, y para mejorar la edificación, también salieron de las arcas de la universidad otros 1.574 millones. Es decir, en total la familia Henríquez Emiliani recibió solo por esta sede 4.973 millones de pesos, recursos que le hubieran permitido a la institución haber adquirido su propia sede. De hecho, el alma máter sigue pagando arriendo por estos y otros edificios.

Usando la misma jugada de comprar a crédito para que la universidad pagara las cuotas la familia tiene, según la Fiscalía, 19 propiedades, algunas de ellas ubicadas en las calles del Coliseo, Estanco del Tabaco y Primera de Badillo, en el apetecido centro histórico de Cartagena; además de otra casona más en la calle Larga del barrio Getsemaní. También tienen apartamentos en los edificios El Cid, Casablanca y Estefanía en Bocagrande y Castillogrande, y unas oficinas en el edificio inteligente de Chambacú. 

Solo entre 2003 y 2007, la Universidad hizo pagos a la sociedad de la familia Henríquez Emiliani y a Miguel Henríquez como persona natural por 17.326 millones de pesos. Lo más grave de todo, señala un informe de Policía judicial de 2009, es que el edificio de la calle del Coliseo nunca fue utilizado por la Corporación Universitaria Rafael Núñez, lo que lleva a la Fiscalía a concluir que no era necesario para el desarrollo de la actividad educativa y por el contrario fue lesivo para el patrimonio de la universidad. Una vez se conoció esta denuncia, la institución ocupó esa sede.

La Fiscalía considera inaceptables los contratos de arriendo y prestación de servicios celebrados entre la Universidad Rafael Núñez y la sociedad Henríquez Emiliani, porque se han constituido en fuente de enriquecimiento ilícito de la familia en su doble condición de socios de una sociedad familiar y directivos de la universidad. Lo sorprendente es que esta figura también se habría usado para comprar otros bienes, como lujosos apartamentos en donde vivían los hijos del rector y por los cuales la universidad también pagaba arriendo.

La segunda figura que usaron para beneficiarse involucró contratos de asesoría.  Solo entre 2004 y 2007 la rectora, Rosario López Guerrero, firmó contratos con su cuñado por más de 5.600 millones de pesos, a pesar de que este era presidente de la asamblea general y tenía registrada la firma en las cuentas en los bancos como representante de la universidad.

En 2007 Henríquez asumió de nuevo la rectoría de la CURN, a pesar de que el socio fundador Alberto Román Estor ya había hecho varias denuncias con el objetivo de demostrar la forma cómo, según él, la familia Henríquez López se había apoderado de la universidad y de millonarios recursos.

Finalmente, en 2011 un fiscal de Cartagena le dictó a Henríquez  y a su hija, Viviana, quien era la entonces secretaria general de la universidad, medida de aseguramiento por los presuntos delitos de fraude procesal, falsa denuncia, falso testimonio y falsedad en documento precisamente contra Román Estor. Aunque la medida fue revocada, ambos enfrentan un juicio por esos hechos. Lo increíble es que hoy ocupa la rectoría Miguel Henríquez López, hijo del cuestionado rector-fundador.

El caso solo logró avanzar cuando fue trasladado a Bogotá, tanto que hace dos semanas la Fiscalía logró imputarles a todos los miembros de la familia los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de confianza.

Tras conocer la imputación de la Fiscalía, Hernando Osorio Rico, abogado de la familia Henríquez Emiliani, dijo en un comunicado que todos los contratos de arrendamiento fueron suscritos para el normal desarrollo de la universidad y que los de asesoría se justifican porque el señor Henríquez tiene una vasta experiencia en educación. “Estamos en un sistema capitalista y no se le puede impedir al señor Henríquez y a los miembros de su familia adquirir bienes y arrendarlos a la universidad”. Frente a las acusaciones, el abogado dijo que apelaron y por tanto quien diga que la familia Henríquez es culpable, está incurriendo en una ligereza.

Por el contrario, el abogado Simón Herrera, representante del otro socio fundador, le dijo a SEMANA que la Fiscalía se equivocó al no dictar medida de aseguramiento contra Henríquez y su familia, pues es evidente que la familia Henríquez siguen dirigiendo los destinos de la universidad.

Lo que ahora se conoce en la Universidad Rafael Núñez se asemeja a lo sucedido con otras como la Autónoma del Caribe o la San Martín. Lo increíble es que todo esto ha ocurrido durante años, como lo advirtieron esta semana los senadores del Partido Verde Claudia López y Antonio Navarro en un debate: en la nariz del Ministerio de Educación, que se ha preocupado más por controlar los asuntos económicos que los penales en  muchas universidades de garaje que funcionan en el país. 
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