Otras consecuencias de prohibir el aborto

El proyecto del Partido Conservador (avalado simbólicamente por más de dos millones de colombianos) que pretende que la Constitución proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural, podría tener mayores consecuencias que la de prohibir la práctica del aborto, hoy permitida legalmente (por sentencia de la Corte Constitucional) en tres casos específicos.

El proyecto tiene que derrotar una ponencia negativa, firmada por los senadores Roy Barreras (la U) y Luis Carlos Avellaneda (Polo) que alerta al Congreso sobre las múltiples consecuencias que tendría la aprobación de dicha iniciativa.

Según la ponencia, la redacción del proyecto de los conservadores podría abrir las puertas para sanciones penales a quienes recurran a las llamadas pastillas anticonceptivas del ‘día después’, que interrumpen el embarazo, y podría llevar a la cárcel a médicos y científicos que manipulen embriones en tratamientos de fertilización para mujeres infértiles, muchos de ellos poco exitosos.

Pero además la ponencia también advierte que las prácticas de eutanasia asistida, que son decisiones de los pacientes, se podrían ver prohibidas si se aprueba el proyecto.

Sanción a la píldora del día después

“Si a una niña adolescente la violan y decide tomarse una pastilla del día después, podría terminar en la cárcel, al igual que el médico que le haya recomendado tal tratamiento”, explica el senador Barreras.

Esta tesis ha sido muy controvertida por uno de los defensores de la prohibición del aborto, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, quien en una reciente declaración a los medios advirtió que tras una demanda que le interpusieron, por sus posiciones contra el aborto, estarían detrás las empresas farmacéuticas que importan a Colombia esta píldora.

Las fecundaciones asistidas

Los actuales procedimientos científicos destinados a ayudar de forma artificial a la fecundación para lograr embarazos deseados se podrían ver afectados si se aprueba el proyecto contra el aborto.

Así lo advierte la ponencia que pide archivar la iniciativa al mencionar que la fecundación in vitro, por ejemplo, o las transferencias de embriones, pues según la redacción de la iniciativa “toda la manipulación de embriones podría quedar fuera de la ley”.

Según Barreras, médico de profesión, los procedimientos médicos que en diferentes etapas contribuyen a la realización de la vida humana no pueden omitir los riesgos científicos. Recordó que aunque la medicina ha avanzado, las posibilidades de éxito de estas técnicas no superan el 40 por ciento.

Por eso advierte que en los casos en los que no se cumple el propósito de dar vida humana “los ordenamientos jurídicos no pueden pretender, bajo el deber de protección de la vida, consagrar normativamente una negación de la ciencia por el respeto del derecho a la vida”.

La eutanasia

Como el texto del proyecto establece que el derecho a la vida será protegido “hasta la muerte natural”, quedarían prohibidas las formas de “eutanasia pasiva” o del derecho a morir dignamente.

Aunque sobre este tema no hay mayor regulación, los autores de la ponencia que buscan el archivo del proyecto coinciden en que la Constitución colombiana consagra los principios de respeto y protección de la dignidad humana.

“La dignidad humana... es en verdad principio fundante del Estado,... que más que derecho en sí mismo, es el presupuesto esencial de la consagración y la efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución”, dicen los autores de la ponencia negativa.

Con este argumento, Barreras y Avellaneda explican que “es inconcebible pregonar una cabal protección del derecho a la vida, si la misma no está siendo llevada por el titular del derecho, con calidad, en condiciones dignas que garanticen la integridad personal y el pleno disfrute y goce del mismo”.

Y agregan que impedir la eutanasia iría en contra de varios artículos de la Constitución: “Condenar y, en cierto modo, obligar a una persona a prolongar sus sufrimientos y dolencias derivadas de una enfermedad terminal que le genera dolores insoportables y degradantes, cuando esta no lo desea, constituye además de un flagrante menoscabo y atropello de su dignidad, una clara violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía personal, a la libertad de conciencia, y a su vez constituye un flagrante trato cruel, inhumano y degradante; violación grave de los derechos humanos, prohibida en el Artículo 12 de la Constitución Política, en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Los que defienden la prohibición

La otra ponencia que acompaña el proyecto, la que pide su aprobación, es de autoría del senador Manuel Enríquez Rosero (la U), quien controvirtió que el proyecto busque “semejantes alcances”. Todo lo contrario, su único propósito es garantizar el derecho a la vida y que la carta política así lo proteja.

Según Enríquez Rosero, “hay temas superados”, por ejemplo, la discusión sobre la malformación genética del feto o el riesgo de muerte de la madre, que, a su juicio, no debería ser causa permitida y legal para la interrupción del embarazo. “Afortunadamente la medicina ha avanzado mucho y ya hay tratamientos que permiten garantizar la vida de la madre y enfrentar inconvenientes genéticos”.

Sobre los casos de violación, el ponente dice que el proyecto no pretende castigar a una mujer que haya sido vulnerada en sus derechos, pero advierte que “lo que no se puede pensar es que un trauma tan nefasto como la violación se pueda superar con un trauma peor como matar a un ser indefenso que tiene derecho a nacer”.

La discusión sobre el aborto seguirá siendo objeto de estudio por la Comisión primera del Senado. Allí se pronunciarán sobre el tema médicos y científicos y el próximo 4 de octubre se podría votar la iniciativa.

La posible votación

El proyecto contra el aborto es una reforma constitucional. A diferencia de cualquier ley ordinaria, requiere ocho debates para su aprobación.

En cada debate (cuatro en comisiones primeras de Senado y Cámara, y cuatro en plenarias de ambas corporaciones) se necesita mayoría calificada, es decir, la mitad más uno del quórum total de la correspondiente instancia.

Para este primer debate, la Comisión Primera del Senado está integrada por 18 senadores. El proyecto necesita mínimo 10 votos para que se apruebe la iniciativa. Allí hay cinco senadores de la U, cuatro del Partido Conservador, cuatro del Partido Liberal, dos del Polo Democrático, dos del PIN y uno del Partido Verde.

Los cuatro senadores del Partido Conservador (Roberto Gerlein, Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo y Eduardo Enríquez Maya) votarían a favor de la iniciativa, pues es bandera del partido.

Los cuatro liberales (Juan Fernando Cristo, Jesús Ignacio Valencia, Luis Fernando Velasco y Juan Manuel Galán) votarían en contra del proyecto, más aún cuando en un comunicado oficial, el jefe del Liberalismo, Rafael Pardo reiteró que la postura será la de respaldar el sentido del fallo de la Corte Constitucional que permite la práctica del aborto en tres casos específicos.

Los dos senadores del Polo (Parmenio Cuéllar y Luis Carlos Avellaneda) también votarán en contra del proyecto.

La decisión quedaría en manos de la U, específicamente, pues es el único partido que no tiene postura definida. Roy Barreras es autor de la ponencia en contra del proyecto, mientras que Manuel Enríquez es el de la favorable. Los otros tres senadores podrían inclinar la balanza en algún sentido (Juan Carlos Vélez Uribe, Carlos Soto y Karime Mota).

Jorge Londoño, del Partido Verde, ha sido en varias oportunidades cercano a la postura liberal. El PIN no tiene postura definida y el voto de Juan Carlos Rizzetto y hemel Hurtado también se haría decisivo.

De momento las cargas estarían equilibradas.