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| 4/16/2011 12:00:00 AM

¿Otro 'articulito'?

SEMANA revela un correo electrónico que indica que el expresidente Uribe estaría tras una propuesta que, de prosperar, hundiría la ley de víctimas en su recta final.

El uribismo se resiste a que la ley de reparación incluya a las víctimas de agentes del Estado. Es lo que se deduce de un correo electrónico conocido por SEMANA, que indica que el expresidente Álvaro Uribe, tras bambalinas, estaría intentando modificar el proyecto en curso. El artículo blanco de la pretendida modificación es el 133, que trata sobre el espinoso tema de las víctimas de agentes del Estado. No es cualquier 'articulito': se trata justamente del punto que no se logró conciliar y por el que se hundió el proyecto hace más de año cuando se tramitó la ley por primera vez.

El lunes pasado, el senador de La U Juan Carlos Vélez trató de incluir una proposición al artículo 133 que imponía reservas para las víctimas de agentes del Estado. De haber prosperado, la jugada habría provocado el rompimiento de la Unidad Nacional y habría podido hundir el proyecto por la oposición del Partido Liberal. Pero Vélez se echó para atrás luego de que el senador Roy Barreras, también de La U, lo convenció de que las salvaguardas incorporadas ya eran suficientes.

Lo curioso es que el texto modificatorio presentado por Vélez es exactamente el mismo que hizo tránsito tres días antes por el correo electrónico de Álvaro Uribe, remitido por Santiago García-Jaramillo, un universitario uribista purasangre que ha estado muy activo en las discusiones sobre la ley de víctimas. El mencionado correo, con fecha del 9 de abril, fue reenviado a todos los congresistas de La U.

En 2009 fracasó el primer intento por lograr una ley para reparar a miles de colombianos afectados por el conflicto, porque el uribismo -entonces mayoría y en el poder- cerró filas impidiendo la inclusión de las víctimas de agentes del Estado, como lo pretendía el Partido Liberal. El argumento es que esa disposición afectaría la moral de las tropas y que se abriría la puerta para miles de demandas contra el Estado.

Para sortear ese obstáculo y hacer viable la ley, en este nuevo intento la Unidad Nacional fue convocada por el gobierno Santos junto con la cúpula militar. El encuentro se dio en la última semana de noviembre y allí se diseñaron un conjunto de salvaguardas que fueron incluidas en el proyecto. Entre estas están el contrato de transacción, que blindará al Estado de una avalancha de demandas, y la imposibilidad de que las víctimas reconocidas usen esa condición como prueba para impulsar procesos judiciales o disciplinarios. También se blinda el buen nombre de los agentes del Estado, de tal forma que si la víctima dentro del proceso menciona a quien reconoce como su victimario, "este nombre o nombres, en ningún caso, serán incluidos en el acto administrativo mediante el cual se concede o se niegue (la reparación)".

Según el senador Roy Barreras, coordinador del Partido de la U, el senador Juan Carlos Vélez retiró su proposición el lunes pasado luego de que allí mismo se aprobó un mecanismo de revisión de las indemnizaciones a víctimas, misión que ejercerá el comité ejecutivo (una máxima instancia de decisión encargada de diseñar y adoptar las políticas en materia de reparación).

Falta ver si los congresistas de La U tratan de impulsar nuevamente el 'articulito' en la plenaria del Senado. Una jugada a la que le tienen muchas ganas, pero que desde el punto de vista político es poco viable. La idea de incluir a todas las víctimas, sin distinciones, ha calado en la opinión pública, tiene el respaldo del presidente Santos y es la condición que permite la convergencia de todos los partidos de la Unidad Nacional. El ambiente, al menos hasta ahora, no ha sido fértil para que florezca el 'articulito'.
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