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| 2/25/2012 12:00:00 AM

Otro enfermo grave

El gobierno decidió aplicar una intervención especial a Caprecom, la EPS pública que tiene 3 millones de afiliados pobres, para tratar de salvarla de la quiebra que el propio Estado propició.

A la sala de cuidados intensivos de la salud, en la que se encuentran Saludcoop, Humana Vivir, Salud Cóndor, Calisalud, Ecoopsos y otras cinco EPS más, acaba de ser enviada la única EPS pública nacional: Caprecom. Aunque esta medida sorprendió a muchos, lo cierto es que en realidad el gobierno tardó mucho en tomarla.

En efecto, tras seguir de cerca el deterioro de sus finanzas, la Superintendencia Nacional de Salud decidió decretar una vigilancia administrativa especial, una especie de intervención de entidades públicas, para evitar que sea liquidada esta EPS presente en 819 municipios y responsable de la salud de 3 millones de afiliados en el régimen subsidiado. Porque, de llegarse a ese extremo, quedaría en el aire la suerte de un número considerable de hospitales a los que Caprecom les adeuda más de 700.000 millones de pesos.

El presidente de la empresa, Juan Carlos Botero, deberá presentar un plan de mejoramiento antes de un mes, que será vigilado por un contralor especial de la Superintendencia. Las tareas de Botero no serán fáciles. La primera y más importante será quitar el poder de un grupo de parlamentarios y políticos regionales, que en los últimos meses debilitaron aún más la situación financiera de la empresa con su ingerencia en la contratación y la nómina.

Según los últimos estados financieros, la empresa tiene un serio problema de liquidez, pues, sobre todo, los municipios y los departamentos le deben unos 980.000 millones de pesos, lo que se suma a pasivos por casi un billón de pesos. De ahí que Botero deberá, como segunda tarea, poner en marcha un plan de choque para cobrar la plata que le deben y presionar al gobierno para que se saque del bolsillo como mínimo unos 150.000 millones de pesos de liquidez para comenzar una nueva etapa.

Y debe hacerlo, entre otras razones, porque el Estado tiene parte de la responsabilidad en la crisis de la empresa. Al ser la única EPS pública nacional, desde hace años los gobiernos de turno le empezaron a colgar a Caprecom todo lo que se les ocurriera. Le endosaban por la derecha todo hospital o EPS que se quebraba, sin importar si financieramente era viable para la empresa. El ejemplo más claro ocurrió en 2009, cuando Comfenalco Antioquia renunció a seguir atendiendo a más de 240.000 afiliados del régimen subsidiado en Medellín porque hacerlo casi la quiebra. Caprecom asumió esa operación y en año y medio perdió 248.000 millones de pesos. Lo mismo pasó cuando le entregaron la población carcelaria o la salud en muchas regiones del Chocó y los antiguos territorios nacionales.

A pesar del duro panorama, Botero cree que con un duro ajuste la empresa podrá salir adelante, no solo al recuperar la cartera, aumentar los recobros al Fosyga a los que por ley tiene derecho, hacer acuerdos de pago con los deudores y modernizar la empresa, sino al reducir su red de servicio. De los 819 municipios en los que trabaja, en 294 tiene menos de 1.000 afiliados y en 50 tiene uno solo. Muy seguramente la empresa saldrá de estas zonas, así como del Chocó y algunas regiones de los antiguos territorios nacionales, al entregarlos a otras EPS. También saldrá de numerosas clínicas y activos.

Lo cierto es que ahora que Caprecom entró al pabellón de quemados, el Estado tiene la obligación de demostrar que este tipo de intervenciones son, no solo una medida para evitar más despilfarros, sino para mejorar la atención y calidad para los usuarios.
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