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| 8/14/1995 12:00:00 AM

PABELLONES DE BAJA SEGURIDAD

El gobierno está preocupado por el riesgo de una fuga en las cárceles donde se encuentran recluidos, entre otros, los narcotraficantes del cartel de Cali.

LA SUERTE DE LOS NARCOtraficantes del cartel de Cali sigue desvelando al gobierno. Unos porque están en la clandestinidad y otros porque aún detenidos no hay garantías plenas sobre su seguridad. La situación no deja de ser delicada. Tanto es así que el martes de la semana pasada se celebró en la Casa de Nariño una minicumbre de alta seguridad con el fin de analizar esta situación. A la reunión asistieron el presidente Ernesto Samper, el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez; el fiscal general, Alfonso Valdivieso; el director de la Policía, general Rosso José Serrano; el comandante de las Fuerzas Militares, general Camilo Zúñiga, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, coronel Norberto Peláez Restrepo.
La minicumbre tenía entre sus objetivos principales estudiar uno de los temas que más le quitan el sueño al gobierno: las garantías que tienen las autoridades de que ninguno de los capos del cartel de Cali que han sido capturados o se han sometido a la justicia pueda fugarse de los pabellones de máxima seguridad en los que están recluidos. De todos los asistentes al encuentro, el que se mostró más contundente en sus opiniones fue el propio Presidente: "Ustedes comprenden que si uno de esos hombres se llega a volar, salgo yo y también salen todos ustedes", dijo Samper a manera de sentencia.
Esta preocupación del gobierno por una posible fuga de los capos de Cali no es gratuita. Recientemente las autoridades habían abortado un plan de fuga en el que estaban comprometidos cuatro extraditables, dos de ellos italianos, quienes llegaron a ofrecer a los guardias que los custodiaban en uno de los pabellones de máxima seguridad de una de las cárceles de Bogotá, la suma de 2.000 millones de pesos para que les permitieran huir. La inmediata reacción de altos funcionarios del Inpec y de otros organismos de seguridad evitó que la fuga masiva se llevara a cabo. El episodio, sin embargo, sirvió para poner en estado de alerta a las autoridades. "No queremos que después digan que más demoramos en coger a los capos de Cali que ellos en fugarse", dijo a SEMANA una fuente de un organismo de seguridad.
Esa inquietud es la misma que asiste al coronel Norberto Peláez Restrepo, una de las personas que ante la avalancha de entregas y capturas de las últimas semanas se ha mostrado más interesada en dejar bajo buen recaudo a los narcotraficantes del cartel de Cali. Y no le falta razón. Sobre sus hombros recae directamente la responsabilidad por la suerte que pueden correr los jefes recluidos en los pabellones de máxima seguridad de las cárceles de La Picota, La Modelo, Itaguí y Palmira. Durante la reunión, el oficial le entregó un memorando a todos los asistentes en el cual informaba al gobierno sobre la verdadera situación de los pabellones de máxima seguridad del país. El memorando es una especie de radiografía en el que aparecen las debilidades y fortalezas de cada uno de los centros carcelarios de máxima seguridad. Al final, el coronel Peláez hace algunas recomendaciones que deberán ponerse en práctica para evitar futuros dolores de cabeza.

¿QUIEN GARANTIZA LA SEGURIDAD?
En el informe del coronel Peláez, una de las cárceles que sale peor librada es la Penitenciaria Central de La Picota de Bogotá, donde están internados, entre otros, los hermanos Gilberto y Jorge Eliécer Rodríguez Orejuela Henry Loaiza Ceballos -'El Alacrán'-, José Santacruz Londoño y Leonidas Vargas.
Pese al calibre de los detenidos, esta penitenciaría sólo cuenta con un anillo exterior de seguridad que corre por cuenta de la Policia Nacional. Para agravar la situación, el Ejército retiró sus unidades y una tanqueta con baterías antiaéreas que prestaba vigilancia en el penal. La decisión fue tomada por el Ejército una semana después de que fuera recluido en esta cárcel Gilberto Rodríguez Orejuela.
Las garantías de seguridad que brinda la Penitenciaría de Palmira donde están detenidos algunos de los hombres que se encargaban de la seguridad del cartel de Cali, como Phanor Arizabaleta y Víctor Julio Patiño Fómeque, también implican serios riesgos. La cárcel es una de las más nuevas del país y hasta el momento el gobierno ha invertido en su adecuación la suma de 2.000 millones de pesos.
Sin embargo los pabellones de máxima seguridad de dicha cárcel aún muestran serias deficiencias. El penal no cuenta con anillos exteriores de ninguna especie. Ni la Policía ni el Ejército prestan vigilancia externa, lo cual hace que aumenten las posibilidades de una fuga. Además, el número de guardias resulta insuficiente para garantizar la seguridad de los reclusos.
Los primeros movimientos de los narcotraficantes trasladados hacen pensar que las cosas no serán fáciles para los funcionarios encargados de administrar la cárcel de Palmira. La semana pasada las autoridades descubrieron un sofisticado sistema de comunicación inalámbrico que se estaba instalando en una de las casas que queda frente al penal, la cual, al parecer, es propiedad de los hermanos Urdinola. De acuerdo con las autoridades, la vivienda había sido arrendada a uno de los hombres de confianza de Víctor Patiño Fómeque. "Todo parece indicar que lo que estaban buscando era que Patiño tuviera línea. directa con sus colaboradores en el exterior", dijo a SEMANA uno de los funcionarios que conoció los detalles de la investigación.
El pabellón de máxima seguridad de la Cárcel Nacional La Modelo, al igual que los de las cárceles anteriores, también podría declararse en alerta roja. Las puertas de los pasillos y de las celdas tienen un sistema de vigilancia eléctrico casi obsoleto, el cual brinda muy pocas garantías. Esa situación no es proporcional a la peligrosidad de los detenidos, entre quienes se destacan John Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', Iván Urdinola Grajales, José Fernando Posada Fierro y Gerardo Bermúdez Sánchez, alias 'Francisco Galán'.
La única cárcel que cumple con los requisitos mínimos de seguridad es la de Itagui, donde están la mayoría de los pesos pesados del cartel de Medellín. La prisión cuenta con un sofisticado sistema electrónico, tanto en los pasillos como en las celdas, y tiene también un moderno mecanismo de vigilancia interna que permite monitorear los movimiento de todos los reclusos. La construcción de dicha cárcel le ha costado al gobierno 3.000 millones de pesos.

BARRIDA EN LOS GUARDIAS
Pero a los limitados sistemas de vigilancia y control se viene a sumar un elemento que se ha convertido en un cáncer para los pabellones de máxima seguridad: la corrupción de los guardias. Esta situación por momentos amenaza con ser más grave que la propia falta de sistemas de vigilancia. Y ella se refleja en el hecho de que el coronel Peláez, desde que está al frente del Instituto ha tenido que destituir a 521 vigilantes debido a conductas irregulares en sus cargos. Como consecuencia de esa lucha sin cuartel, el oficial ha tenido que afrontar cerca de 300 acciones de tutela interpuestas por los destituidos. En los próximos días será retirado otro centenar de uniformados por la misma razón. "Se requiere de una limpieza general para erradicar la corrupción de los guardias", dijo a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Pero la radiografía muestra más debilidades. Otra de las grandes fallas que tienen los pabellones de máxima seguridad es la que tiene que ver con la seguridad aérea. Ninguna de las cárceles donde están detenidos los capos de Cali brinda confianza para evitar una fuga por esa vía, eventualidad bastante arriesgada que ya tiene antecedentes en Colombia. En efecto, aún se recuerda la espectacular fuga de Dan Denys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', de la cárcel de Bellavista en Medellín, cuando un comando de rescate aerotransportado lo sacó a plena luz del día de los patios de ese penal.
En todo caso, y aunque para un sector de la opinión pública resulte difícil de creer que unos hombres que se entregaron en forma pacífica y otros que han sido, capturados sin disparar un solo tiro tengan la intención de fugarse para complicar aún más su situación jurídica, lo que quedó planteado en la reunión del martes pasado es que el gobierno, en lo que tiene que ver con la suerte de los capos detenidos, está dispuesto a tomar todas las precauciones para mantenerlos bajo custodia. Como dijo a SEMANA un funcionario de la Fiscalía, "el esfuerzo que debemos hacer para mantenerlos presos no puede ser menor que el que estamos haciendo para condenarlos".
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