Demandan la nueva prima para los congresistas

Un mes después de que el Consejo de Estado tumbó las primas de salud y localización de los salarios de los congresistas, que les significó una reducción de cerca de siete millones de pesos de sus honorarios mensuales, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la prima especial de servicios con la que reajustó de nuevo el salario de los parlamentarios.

Esta decisión causó indignación entre los colombianos que, al menos en las redes sociales, se manifestaron en contra de la resolución presidencial.

Con mensajes como “48 millones de colombianos contra un inepto e ineficiente Congreso de unos cuantos” y “#CacerolazoAlCongreso”, la población rechazó dicho aumento. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, la Red de Veedurías Ciudadanas, en cabeza de Pablo Bustos, decidió tomar el asunto por su cuenta y entabló la primera demanda contra el decreto que devolvió la prima.

Semana.com conoció las 25 páginas de del documento radicado en la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el cual se solicita la suspensión inmediata del decreto debido que vulnera a la Constitución. ¿Por qué? La respuesta es que según la red, “ninguna ley autoriza al gobierno nacional a crear una prima de servicios especiales”, precisa la demanda.

Para Pablo Bustos, el Decreto expedido por Santos tiene sustento jurídico dudoso por cuanto “no se especifican las condiciones concretas para su aplicación, es decir, no se dice cuál es el asunto en concreto a solucionar, sino que se soporta en un tema de prima especial de servicios, a diferencia de los anteriores decretos de la misma naturaleza como la de salud, localización entre otras”, precisa el documento.

Según la demanda, el Gobierno fue en contravía de las decisiones del Consejo de Estado y en este nuevo decreto se cometieron los mismos errores, por lo que fue tumbada dicha norma.

“El decreto atacado evidencia potestades abiertamente ilegales que se arroga el gobierno nacional en materia de  primas en términos de su vigencia y aplicabilidad, al extender sus efectos y beneficios con carácter retroactivo”, señala el documento.

La Red de Veedurías considera que la expedición del decreto tiene un contenido más político que jurídico y la califica como una jugada maestra.

“El gobierno nacional  en  lugar de entrar directamente en el respeto y el cumplimiento de los alcances y contenidos de dicho fallo, que tumbó dos primas de los congresistas sustituyó de un plumazo los beneficios  más  con criterio político o estratégico frente a la Congreso de la Republica, que con criterio jurídico”.

Con esta querella existen dos caminos jurídicos posibles. El primero, que sea aceptada la demanda y que haga su trámite normal. El segundo, que se acepte la solicitud y además  se ordene la suspensión del decreto, es decir, que se corte de tajo la prima.

El balón está ahora en la cancha del Consejo de Estado, donde la Red de Veedurías se jugará sus restos para que les quiten, de una vez por todas, la cuestionada prima a los congresistas.