Viernes, 21 de noviembre de 2014

| 2013/09/14 09:00

Pacto agrario: a vencer la desconfianza

Más allá de las medidas que tomó el gobierno para tratar de aliviar los problemas del campo, un pacto nacional agrario necesita la vinculación de muchos más sectores, empezando por los campesinos.

El gobierno convocó a todos los sectores al Pacto Agrario. En la mesa principal, el asesor presidencial Lucho Garzón, el vicepresidente, Angelino Garzón, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Foto: Daniel Reina Romero

El pacto nacional por el agro y el desarrollo rural, una idea que surgió a raíz del reciente paro campesino, nació formalmente el pasado jueves. Para este primer encuentro, el gobierno quería enviar un mensaje con una importante connotación política y era involucrar a todas las fuerzas vivas del país, en el entendido de que los problemas del campo son de todos los colombianos y no solo del sector agropecuario. 

También este encuentro inicial tenía el propósito de generar un ambiente de confianza –algo que se resquebrajó durante el paro– entre los campesinos que protestaron durante varias semanas, el gobierno nacional y los gremios privados. Por supuesto, la idea también era comenzar a solucionar los problemas coyunturales que tienen algunos cultivadores, temas que hicieron parte de las mesas de negociación de Tunja, Nariño y Huila. 

Hay que decir que en el arranque del Pacto las cosas no salieron del todo bien, lo que no significa que no haya sido un ejercicio interesante y que hacia el futuro esta pueda ser la base para la construcción de una verdadera política agraria de Estado.

La razón es que las llamadas dignidades campesinas no se hicieron presentes como se esperaba. Aunque asistieron unos pocos voceros –que se retiraron minutos después de que comenzó la sesión–, los líderes de la protesta de Tunja –epicentro del reciente paro– se negaron a participar. 

Esto no dejó de preocupar porque lo que se pretendía era que todos estuvieran en la misma mesa para discutir los problemas y plantear soluciones. Los líderes campesinos de Tunja hicieron saber que no creen que el gobierno cumpla sus promesas, lo que se convierte en una barrera de entrada, que dificulta cualquier diálogo.

El desafío del gobierno está en generar la confianza necesaria para que los distintos sectores inconformes del campesinado se vinculen al Pacto para llegar a acuerdos definitivos.

Otra cosa que llamó la atención en el arranque del Pacto es que estuvo inundado de discursos genéricos e ideológicos, muchos de corte populista, que no aportaron al tema de buscarle soluciones al campo. Como dijo un analista asistente al evento, faltaron una discusión más técnica y metodología para que de allí salieran propuestas o acuerdos concretos y ejecutables. A muchos les pareció que se estaba repitiendo el Foro Agrario convocado por la Mesa en La Habana cuando se discutía el tema de desarrollo rural.

La verdad es que si no fuera porque el presidente Juan Manuel Santos llevó un paquete concreto de medidas, el evento habría sido solo un espacio de desahogo de muchos de los asistentes que aprovecharon sus intervenciones –como suele ocurrir en estos escenarios– para darle palo al gobierno de turno y a algunos gremios que estaban presentes.

Aunque el paquete de cinco decretos que anunció Santos se hubiera podido lanzar sin Pacto, el gobierno quería mostrar que tenía respuestas concretas y no meras intenciones.

Estos decretos contienen medidas de choque que buscan beneficiar al sector agropecuario en el problema del corto plazo. Se trata de un arancel cero para los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de los insumos agrícolas y la creación de una comisión para regular estos precios, algo similar a lo que se viene haciendo con los medicamentos.

La tercera medida tiene que ver con fortalecer la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cuarta contempla eliminar un cupo de importación de los lactosueros y la quinta, formalizar por decreto el Sistema de Participación Popular. Este último tiene como finalidad acordar el Pacto Nacional por el Agro y su aplicación.

Sin duda, uno de los anuncios más importantes que llevó Santos fue el acuerdo logrado con Venezuela para venderle alimentos por 600 millones de dólares en los próximos tres meses. Sin embargo, la incertidumbre que existe de tiempo atrás sobre el mecanismo de pago hace dudar de que este acuerdo se llegue a concretar. 

Obras son amores…

Ahora bien, lo que sigue a partir de la formalización del Pacto es pasar de las palabras a los hechos. Si bien los decretos anunciados por el presidente Santos son importantes y ya son hechos tangibles, hay que aterrizar más de 20 temas planteados en el foro.

Un experto del sector asistente afirmó que poner en marcha todos los temas que ya hay sobre la mesa tomará por lo menos diez años. Y en esto hay que reconocer que un gran pacto como el que se quiere no se logra en nueve meses, que son lo que le  resta al gobierno del presidente Santos.

Los retos son muy grandes. Por ejemplo, concretar el fortalecimiento del Ministerio de Agricultura que no se ha podido lograr. Se espera que el Estado tenga la capacidad real de hacer esta transformación institucional, un asunto de gran calado.

Según el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, esta cartera tendrá un nuevo Viceministerio: el de Desarrollo Rural, que será el encargado de diseñar políticas que promuevan la gestión de los bienes públicos rurales, de aplicar medidas sobre el ordenamiento social de la propiedad rural y de liderar los programas de desarrollo rural con enfoque territorial.

 Un segundo Viceministerio será el de Asuntos Agropecuarios, que tendrá que proponer y aplicar las políticas para mejorar la productividad, mecanismos y estrategias que promuevan el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y asociaciones de productores orientadas a mejorar la productividad y la competitividad.

El ministerio tendrá nuevas direcciones, entre ellas oficinas de asesoras en planeación y prospectiva; jurídica; de asuntos internacionales; de control interno y de tecnologías. Naturalmente, las reformas tendrán que ver también con las entidades adscritas como el ICA, Incoder, Corpoica, la Unidad de Restitución de Tierras y el Banco Agrario, entre otras. Ahora bien, el presupuesto del ministerio de incrementará en 3,1 billones de pesos para inversión. 

Sin duda, un tema clave para que el Pacto llegue a buen puerto y no se quede a mitad de camino es seguir vinculando a más sectores del país. Como dice Rafael Mejía, presidente de la SAC, lo importante es que la gente en la ciudad entienda que este no es un problema solo de los agricultores. Al parecer, la idea ya está calando. 

El pasado viernes, la Asobancaria en un comunicado señaló que los bancos, conscientes de las dificultades del sector agropecuario, apoyan la idea del gobierno y del Congreso de aplazar por un año más el desmonte del 4 por 1.000 y utilizar este recaudo adicional para atender las necesidades del sector agropecuario, que produce alimentos y genera empleo en el país.

En síntesis, el futuro del Pacto Nacional por el Agro dependerá de que el país entero se vincule, que todos remen para el mismo lado y que despierte confianza. En esto lo más importante es que el gobierno aterrice las propuestas y logre que pasen de las palabras a los hechos. 

CON BONOS DE PDVSA

El acuerdo con Venezuela consiste en una primera fase de exportaciones por 600 millones de dólares. Aunque es una buena noticia, el mecanismo de pago genera una gran duda de que esto pueda hacerse realidad.

Los ministros encargados del tema en los dos gobiernos encontraron una fórmula que vienen socializando con los empresarios colombianos. Se trata de realizar el pago a través de bonos de Pdvsa (la petrolera venezolana), respaldados con cartas de crédito. Los productores colombianos le venderían directamente a Casa, que es la empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Los bonos son títulos transables en el mercado internacional y con este mecanismo los empresarios evitarían el riesgo de la escasez de divisas en el vecino país.

El presidente de Fenavi, Andrés Fernando Moncada, dice que están listos para surtir de huevo y pollo el mercado del vecino país, pero no están dispuestos a hacer negocios con ninguna empresa venezolana mientras no estén garantizados los pagos. El presidente de Asoleche, Jorge Andrés Martínez, afirma que debe haber total claridad y un respaldo del gobierno colombiano si quiere que se reactiven las exportaciones al vecino país.

El anuncio de la reactivación del comercio con Venezuela despertó entusiasmo entre los ganaderos, para quienes ese mercado ha sido fundamental. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, recuerda que el año pasado vendieron 370.000 cabezas de ganado pero en 2013 han disminuido las ventas porque no hay claridad sobre las garantías de pago.

El pacto anunciado por Santos consiste en la venta de 40.000 toneladas de leche en polvo, 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y 1.700.000 pollitos de un día.

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