¿Pacto para evitar trabas a las entrevistas a presos?

La sensación en el Senado este miércoles es que la decisión del Gobierno y la Cámara de Representantes de entregarles nuevas facultades a los jueces para que decidan si un preso puede o no conceder entrevistas a la prensa es -en sí misma- una limitación a la prensa.

El Gobierno, con el propósito de que los presos (sean sindicados o condenados) no impongan presiones a los administradores de justicia mediante sus declaraciones, dejó en manos de los jueces los criterios supuestamente necesarios para decidir si los presos pueden hablarle a la prensa.

Son cinco los aspectos que los jueces deberían evaluar en estos casos: si las declaraciones de los detenidos afectan los derechos de sus presuntas víctimas, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento.

Dichos criterios fueron calificados por sectores políticos y de los propios medios de comunicación como una especie de regulación a la labor de la prensa, que se debe medir únicamente por el criterio de autorregulación, y no por imposiciones añadidas ahora desde el poder judicial, según explicó el representante Telésforo Pedraza.

El congresista conservador asegura que esta nueva norma podría ser inconstitucional al violar lo consagrado en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de prensa.

Ante la controversia, Roy Barreras, presidente del Senado, afirmó que esa cámara -que tiene en sus manos la última palabra- no tiene ninguna intención de aprobarla. Ello deja entrever un pacto entre todos los partidos para eliminar este artículo del proyecto de Código Penitenciario que pasará a discusión del Senado luego del 20 de julio, cuando se inicie el último periodo de sesiones legislativas.

Además Barreras considera que esta norma “atenta contra los derechos civiles de los propios presidiarios”. Los propios sindicados y condenados “no tendrían ni siquiera la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones, por cuenta de esta limitación legislativa”, pese a que ese mismo artículo establece que los reclusos de las cárceles pueden comunicarse con los medios de forma escrita.

“En el tercer debate del proyecto del Código Penitenciario nos aseguraremos que el artículo 66 aprobado en la Cámara no pase en el Senado”. Además, asegura, “este texto no tiene sentido, no sirve para combatir el hacinamiento carcelario y no tiene nada que ver con el espíritu de la Ley. Por esta razón nos encargaremos de que su hundimiento”.