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| 4/15/2016 1:40:00 AM

“El paramilitarismo sigue vivo”

En entrevista exclusiva con Semana.com el Padre Javier Giraldo expuso las conclusiones del informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Populares, CINEP.

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá, recientemente fue señalado por el expresidente Álvaro Uribe como colaborador de las FARC. A pesar de que cuenta con el apoyo de toda la comunidad jesuita del país, después de las declaraciones de Uribe aparecieron grafitis en Bogotá en su contra y han aumentado las amenazas. Habló en exclusiva con Semana.com.
 
Semana.com: ¿Cuáles son los principales hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Padre Javier Giraldo: En el informe evidenciamos el peso del paramilitarismo en las violaciones de los derechos humanos y en las agresiones a los defensores de derechos humanos. El año pasado hubo 1.889 violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, lo cual implica amenazas, atentados, desapariciones, torturas y violencia sexual, entre otros delitos. La mitad de esas violaciones fueron cometidas por ‘paras’, lo cual evidencia que –contrario a lo que se afirma—el paramilitarismo en Colombia sigue vivo.

Semana.com: ¿Cómo han cambiado las lógicas de actuación paramilitar en los últimos años?  

P. J. G.: En los años anteriores los paramilitares trabajaban de manera más articulada con el Ejército, la Policía y otros agentes del Estado, pero ahora tienen mayor peso propio. No quiere decir que los paramilitares sean autónomos porque precisamente la palabra “paramilitar” se diferencia de las Bacrim en eso, en que su cercanía a algunas fuerzas del Estado hace que no se puedan remitir al campo de la delincuencia común. Nuestro informe evidencia que no es cierto que las Bacrim hayan desplazado a los paramilitares, sino que estos siguen vivos. El lenguaje de la mayoría de amenazas a defensores de derechos humanos es el que han usado los paramilitares toda la vida: contrainsurgente, anticomunista, de respaldo al statu quo y la fuerza pública, de apoyo a las empresas multinacionales. ¿Por qué una banda criminal habría de legitimar a la Fuerza Pública? Las amenazas a los líderes sociales provienen de paramilitares con ideología política que ahora, a diferencia de años anteriores, no defienden al Gobierno.

Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

P. J. G.: Creo que no ha cambiado y sigue siendo la misma. En Urabá, por ejemplo, siguen siendo muy fuertes los bananeros y ahora hay empresas mineras que quieren entrar a la región. Que apoyan a los paras, es vox populi. Incluso se dice que la Chiquita Brands, que había aportado miles de fusiles para los paramilitares en el pasado y fue sancionada en Estados Unidos, tiene representantes en la región a través de pequeñas empresas. La complicidad del sector minero con los paras, siempre ha sido evidente.

Semana.com: ¿Cuál es el papel de los paramilitares en el proceso de restitución de tierras?

P. J. G.: Es un papel muy activo, uno ve en el Urabá muchos reclamantes de tierras muy amenazados. Una de las líderes principales, Carmen Palencia, tuvo que salir. El 9 de abril, día de las víctimas, hubo un homenaje en Apartadó realizado por el Tribunal Superior de Antioquia y ella no pudo estar. Algunas organizaciones están asesorando a los reclamantes y también las han amenazado. En el pasado hubo mucho despojo de tierras por parte de los paramilitares, ahora hay rumores de que los mismos paramilitares quieren reconquistar esas tierras por medio de testaferros o por víctimas que son cooptadas por ellos para argumentar que nunca fueron despojadas.

Semana.com: Usted argumenta que Bogotá es la zona más afectada por los paramilitares. ¿Por qué?

P. J. G.: En Bogotá la cifra de crímenes paramilitares es muy grande. Sobre todo en la zona del sur donde hay muchos desplazados y refugiados internos: en Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, han resultado muchísimos grupos de asesinos donde se hacen matanzas en series, sistemáticas. Zonas cercanas, como Facatativá, también están dominadas por paramilitares encargados de limpieza y exterminio de activistas. Los más damnificados son los defensores de defensores: personas que se encargan de asesorar a quienes defienden los derechos humanos o el medio ambiente.

Semana.com: ¿Paramilitarismo en la ciudad?

P. J. G.: Sabemos que desde el gobierno anterior, cuando estaba de vicepresidente Francisco Santos, hubo unas negociaciones con líderes paramilitares de nivel nacional para que crearan el Bloque Capital. Eso fue público, tanto que creo que a Francisco Santos le han abierto un proceso en la Fiscalía por eso. Desde esa época se viene organizando el paramilitarismo en la ciudad y se vienen desarrollando y fortaleciendo ese tipo de actividades paramilitares.

Semana.com: ¿Cuáles son las perspectivas del paramilitarismo con la firma de la paz?

P. J. G.: El paramilitarismo en este momento es un problema muy serio para las negociaciones de paz porque el gobierno durante varios años en la mesa de La Habana se ha dedicado a decir que eso ya no existe, que los paramilitares se desmovilizaron y que lo que existe son bandas criminales privadas y de delincuencia común. Pero, el paramilitarismo, no solo sigue siendo un problema, sino que está creciendo de una manera muy preocupante y precisamente está creciendo en la perspectiva de los acuerdos de paz. En zonas donde se sabe o se sospecha que van a haber puntos de concentración de la guerrilla, ahí está muy activado el paramilitarismo. Es como una especie de control de territorios. Los paras dicen: si aquí van a venir los de las FARC a hacer política, les cerramos el paso de una vez.

Semana.com: ¿Que solución tiene el tema?

P. J. G.: La única solución es que haya una decisión política del Gobierno, y del Estado, de evitar la convivencia entre paramilitares y fuerza pública. Los paramilitares deben ser perseguidos, y cualquier actuación conjunta con el Ejército y la Policía, debe ser castigada.

Semana.com: el informe incluye datos sobre la violencia contra defensores de medio ambiente

P. J. G.: Sí, particularmente contra aquellos líderes sociales que cuestionan mega proyectos que destruyen el medio ambiente. Por ejemplo, en Cajamarca van como 5 asesinatos de los líderes que están defendiendo el medio ambiente contra la minería de La Colosa. En Marmato, Caldas,  el mismo párroco fue asesinado por tomar posición en contra de la destrucción del poblado por parte de Colombia Gold. Los líderes ambientales de Santurbán, en Santander; los del Quimbo, en el Huila; y los de Buenaventura, han sido asesinados. Estos últimos, en casas de pique. Todas las formas de resistencia frente a la destrucción de medio ambiente son hoy en Colombia un blanco de amenazas, asesinatos o desapariciones. 

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