A pagar

Jaime Botero Correa, un ciudadano común y corriente, murió a sus 63 años sin saber la suerte que correría una acción popular que presentó en contra de Dragacol y el Ministerio de Transporte.

Este hombre, ya jubilado, había presentado la demanda en octubre de 1999 con los argumentos de que Dragacol y el Ministerio violaron el patrimonio público, actuaron en contra de la moralidad administrativa y estaban en la obligación de restituirle a la Nación 13.000 millones de pesos.

Se trataba del escándalo que produjo la conciliación extrajudicial del 6 de noviembre de 1998 entre Reginaldo Bray, dueño de la empresa de dragados y el entonces ministro Mauricio Cárdenas Santamaría. En dicha conciliación el ministro accedió a reconocerle a Bray 26.000 millones de pesos de la suma que reclamaba por trabajos de dragado que según él le debía el Estado.

Botero había presentado la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hace cuatro años. Esta corte no sólo la aceptó, sino que por oficio, vinculó a ocho personas entre ellas a Cárdenas. Al final el Tribunal los absolvió a todos.

Sin embargo, Botero no se rindió. A través de su abogado apeló ante el Consejo de Estado. Quería ganar dos batallas: que el país conociera la verdad de Dragacol y la otra, la del mal de Parkinson que lo tenía entre la vida y la muerte. Al final, ganó la jurídica pero no alcanzó a conocer el fallo pues murió de un infarto cerebral, hace dos años. "Hasta el último día me preguntaba cómo iba el proceso", recuerda su abogado Néstor Raúl Correa Henao.

Mientras tanto, Mauricio Cárdenas, seguro de que aún tenía suficientes argumentos legales para defenderse, invocó ante el Consejo de Estado y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca varios recursos para anular la decisión: uno de súplica, uno de queja y dos tutelas, pero le fueron fallados en contra. La semana pasada, el Consejo de Estado falló la acción popular que obliga a Bray y a Cárdenas a restituir "el daño patrimonial que se le causó a la Nación" y reintegrar los 13.000 millones de pesos.

El fallo del Consejo de Estado no permite apelación; aunque la Corte Constitucional puede revisarlo, son pocos los casos similares en los que ha cambiado el fallo del Consejo.

Cárdenas dijo a SEMANA que "por la importancia del tema, confía en que la Corte Constitucional revoque la decisión del Consejo de Estado en la que se violan no uno sino varios principios constitucionales". Señaló además que "aplica retroactivamente una ley que no estaba vigente al momento de los hechos".

¿Y de la plata que?

El fallo exige que se paguen todas las cuentas que dejó pendientes Reginaldo Bray a través de su empresa. Y que lo que no se recupere con la liquidación de Dragacol lo pague el ex ministro de Transporte.

Sin embargo, la liquidación de Dragacol no es para nada alentadora. Lo contante y sonante que hay hasta el momento son 6.600 millones de pesos de los cuales hay en caja 2.200 y los 4.400 restantes están representados en equipos y dragas inservibles, de acuerdo con el último peritazgo de la justicia. De esa plata hay que pagarles a los trabajadores los cinco años de indemnización, y al liquidador los sueldos que se le deben o sea unos 5.000 millones de pesos. Y la suma restante, los 1.600 millones, se tienen que repartir entre la Dian y el Ministerio de Transporte como parte del reintegro ordenado por la sentencia. Es decir, al Ministerio le ingresan unos 500 millones de pesos. La mitad de esa plata se tiene que repartir por mitades entre la Contraloría y la familia de Jaime Botero Correa, por haber ganado la acción popular.

O sea que los damnificados serán los demás acreedores: bancos, proveedores, empresas de servicios públicos y deudores comerciales. No van a recuperar ni cinco centavos.

Regaño de la Contraloria

En otro proceso sobre el caso Dragacol, que adelantó la Contraloría, bajo la conducción de Carlos Ossa, Cárdenas había resultado exonerado de toda responsabilidad fiscal. El contralor Ossa consideró entonces que había actuado "bajo los principios de confianza y buena fe" al firmar la conciliación con Reginaldo Bray. No obstante, poco después de asumir la Contraloría, Antonio Hernández Gamarra ordenó reanudar la investigación del caso. Y el pasado 23 de diciembre se conoció su veredicto. Fueron exonerados de responsabilidad fiscal Juan Alberto Páez y Darío Velandia, quienes se desempeñaban como viceministro y secretario general del Ministerio de Transporte al momento de la conciliación. En el fallo, la contralora delegada para investigaciones y juicios fiscales, María Claudia Lombo Liévano, sostuvo que ante lo avanzado del juicio fiscal era imposible vincular nuevamente al ex ministro. Sin embargo, señaló que valía la pena "recordarle al país que este alto funcionario del Estado aún le debe a la sociedad que le dio su respaldo y confianza, muchas explicaciones sobre su papel en todo este proceso". Dijo que afortunadamente "la justicia siempre llega" y que en lo que respecta al papel del ex ministro, con el primer fallo del Consejo de Estado "se logró establecer a buena hora una de las responsabilidades más importantes en esta nefasta historia de la conciliación millonaria.".

Consultado por SEMANA, el ex ministro dijo: "Las opiniones de la señora delegada fueron emitidas en un proceso en el que yo no era investigado y en el que, por lo tanto, no tuve posibilidad de defenderme. Esas opiniones quedan desvirtuadas en un fallo plenamente vigente de la propia Contraloría que me desvinculó y afirmó que después de un análisis objetivo mi actuación no había sido negligente, omisiva o culposa".

La contralora delegada también regañó con severidad al empresario Bray. "La habilidad del representante de Dragacol para engañar al Estado y utilizar a su favor las simpatías de muchos funcionarios públicos del Ministerio de Transporte, sus amistades y conocidos en los círculos financieros, políticos y empresariales, permitió orquestar con todos los detalles una gran farsa para defraudar al Estado".

Pero este no es el único proceso jurídico sobre esta conciliación. En el terreno de lo penal, los involucrados fueron investigados por la Fiscalía, que no halló mérito para acusar al ex ministro Cárdenas, pero sí a Bray, a los miembros del comité de conciliación y a algunos funcionarios del Ministerio. El juicio va en la etapa de las audiencias públicas, pero aún falta mucho para que se conozca un veredicto.