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| 1/15/2011 12:00:00 AM

Pago en falso

La contralora Sandra Morelli acaba de ponerle tatequieto a la más escandalosa conciliación de la historia del país: el Estado ya había pagado 14.000 millones de pesos y estaba a punto de pagar 34.000 millones más cuando se descubrió un presunto fraude.

El caso más escandaloso de conciliación en el país es, paradójicamente, uno de los más desconocidos para la opinión. En los círculos del gobierno, de los organismos de control y de los tribunales, lo conocen como el caso Conigravas. Y el resumen es sencillo: Édgar Botero Henao, un ingeniero especializado en demandar al Estado y que se dedica a promover reinados de belleza, lidera un pleito para cobrarle al Ministerio de Transporte una deuda que en 1983 era de 690 millones de pesos y que el año pasado, luego de que tribunales y cortes le dieron la razón, se convirtió en un pago a su favor por 82.000 millones de pesos.

La suma es estrambótica si se tiene en cuenta, además, que hasta ahora lo más escandaloso en materia de conciliación había sido el caso Dragacol, por el cual el Estado tuvo que pagar 26.000 millones de pesos, es decir, cuatro veces menos. Y como si fuera poco, la deuda corresponde a una carretera que nunca se terminó y por la que ya se habían pagado 24.000 millones de pesos en 1998.

El año pasado el pago parecía inevitable. El entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, se opuso a que se pagara tamaña conciliación. Forcejeó con todo tipo de herramientas legales hasta que el contralor de ese momento, Julio César Turbay, se apersonó del asunto y puso contra la pared al gobierno al decir que quien "se niegue a cumplir la sentencia de los jueces, como si estuvieran por encima de los mismos", sería objeto de procesos de responsabilidad fiscal. Con semejante espada de Damocles encima, y viniendo la advertencia precisamente de la autoridad encargada de vigilar los recursos públicos, no hubo más opción que girar lo que faltaba.

Todo parecía consumado. Botero ya había recibido 14.000 millones de pesos producto de un embargo a las cuentas del Invías que el Tribunal de Antioquia había ordenado en 2006 y se preparaba para recibir 45.000 millones de pesos más para completar el total al que finalmente había logrado reducir el Ministerio la conciliación.

Como el país no tenía los recursos para girar una suma tan abultada, en mayo del año pasado se acordó que se iba a hacer con deuda pública. Pero los trámites fueron dilatando el pago hasta noviembre cuando ya se había superado el papeleo y prácticamente estaba listo para entregar otra cuota, esta vez por 34.000 millones de pesos en TES, a Conigravas y los demás demandantes. Pero la plata del Estado se salvó -por ahora- por un pelo.

A finales del año pasado, la Contraloría General, ahora bajo la batuta de Sandra Morelli, desempolvó un informe del CTI de la Fiscalía que demostraría que la pieza clave en la que se sustenta el multimillonario pago no es auténtica: los sellos del documento, supuestamente del Tribunal de Antioquia, en apariencia no son reales. Casi el mismo día que estaba previsto el giro llegó una comunicación de la actual Contraloría para advertir las presuntas irregularidades en el documento. También la contralora Morelli hizo público que se distanciaba de lo que en su momento había dictado el entonces contralor Turbay. Y ordenó una investigación que llevó a que el 23 de diciembre pasado se abriera un proceso de responsabilidad fiscal contra un funcionario del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario que dio un dictamen favorable al pago y los miembros del Comité de Conciliación del Invías que en su momento cambiaron de actitud y aceptaron la deuda.

La atropellada historia

Esta pelea ha tenido varios asaltos. El primero fue en 1998, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó una conciliación en la que el Invías reconocía a unas firmas de ingeniería una deuda en los trabajos que se adelantaron en 1983 en un tramo de 22 kilómetros de carretera entre Medellín y Turbo. El valor adeudado era de 690 millones de pesos que, con los intereses de ley y la indexación, se convirtieron en 24.000 millones. Esto lo autorizó el ex ministro de Transporte Gustavo Canal, que para esa época era director del Invías.

Con el pago de ese valor, el caso parecía clausurado. Sin embargo, dos años después, la firma Conigravas, con dos personas naturales y otras seis empresas de las cuales varias tienen en común el nombre de Édgar Botero como su principal asesor, reclamaron que los cálculos estaban mal hechos. Para entonces ya habían pasado cinco años del pago de la conciliación, y el Invías siempre se defendió diciendo que las cifras estaban bien y que los demandantes no tenían cómo reclamar pues esto solo se puede hacer con el documento original de la conciliación, que es el único válido para hacer una reclamación de este tipo y que estaba en manos del Invías.

El caso llegó nuevamente al Tribunal Administrativo de Antioquia, y en 2006 aceptó el documento que presentaron los demandantes y embargó algunas cuentas del Invías. Este es el documento que hoy está en cuestión. Una diligencia de agosto del año pasado del CTI de la Fiscalía encontró que los sellos del Tribunal que certifican la autenticidad del documento nunca han existido en esa Corte. "La gravedad de esta irregularidad es que los contratistas (...) han utilizado (este documento) (...) en diferentes entidades judiciales (...) para hacer exigibles mediante demanda ejecutiva exorbitantes sumas de dinero sin tener derecho", dice el dictamen judicial (ver documento). De confirmarse la irregularidad, no se entiende cómo el Tribunal habría certificado como cierto un documento que él mismo emitió, aunque no lo era. Y más llamativo aun puesto que el magistrado que hizo la primera conciliación fue el mismo que aceptó las nuevas pretensiones.

Para ese momento, el director del Invías era Mauricio Ramírez Koppel, que ante la apremiante situación de tener las cuentas embargadas le pidió un concepto al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, para verificar si en efecto había un error en el pago de la conciliación de 1998 y saber de cuánto era. El concepto lo dio Francisco Ramírez Vasco, entonces director de la entidad, quien en una comunicación dijo que, según sus cálculos, lo dejado de pagar a precios de 2006 eran 148.000 millones de pesos, por lo que llegar a un acuerdo por la mitad de esa plata era algo razonable.

Con el concepto del Instituto Anti-corrupción del Rosario cambiaron de posición varios miembros del Comité de Conciliación del Invías que se habían opuesto, y accedieron a pagar la mitad. La Universidad del Rosario le ha dicho a SEMANA que no avala ese concepto, pues no fue emitido bajo ningún contrato entre su Instituto y el Invías. Cuando el entonces ministro Andrés Uriel Gallego se enteró de que se había aprobado tamaña conciliación, interpuso varias acciones judiciales en busca de reversar la decisión, pero la justicia determinó que ya se habían vencido los términos para presentar cualquier objeción. Este nuevo vía crucis le significó al proceso tres años más y que se acumularan nuevos intereses, que elevaron la deuda a 82.000 millones de pesos.

Fue entonces cuando el contralor Turbay puso su tatequieto. El Invías volvió a hacer los cálculos y determinó que el valor a pagar, descontando los 14.000 millones embargados, solo era de 59.000 millones de pesos, es decir, en total, 73.000 millones y no 82.000 (además de los 24.000 ya pagados en 1998), y le dio la orden al Ministerio de Hacienda de que girara. En ese momento, uno de los abogados que representa a los demandantes dijo a SEMANA que de hallar una nueva inconsistencia en el monto girado, volverían a demandar.

Los sorpresivos giros que en los últimos días ha tenido este pleito, que ya el gobierno tenía como perdido, no solo les dañaron la Navidad a los hermanos Botero y sus demás socios en la multimillonaria demanda. La Fiscalía ya citó a indagatoria a Gustavo Canal la próxima semana para establecer si en efecto hubo un pago equivocado, con lo que se empieza a poner contra las cuerdas a un ex ministro. Aún son muchas las inquietudes que hay en torno a este entuerto jurídico.
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