Pago por ver

La política de recompensas de este gobierno nunca ha sido bien vista. Desde cuando se lanzó, hace cinco años, generó un gran debate ético sobre la validez de incentivar un comercio de información que la gente debería aportarles a las autoridades por convicción y civismo, más que por dinero. Sin embargo, para el gobierno las recompensas son una estrategia muy efectiva que ayuda a romper las lealtades dentro de las organizaciones criminales, y que contribuye a la destrucción de las mismas al sembrar la desconfianza, la división y las purgas internas.

En ese contexto, la traición que cometió Pedro Pablo Montoya, 'Rojas', al matar a 'Iván Ríos', miembro del Secretariado de las Farc, ha sido altamente valorada por las Fuerzas Armadas, pues demuestra que combatientes rasos ya no les temen a los jefes guerrilleros y que en las Farc de hoy, el dinero puede más que la ideología. Ahora los jefes de estas organizaciones tendrán que dormir con un ojo abierto, cuidándose hasta de su propia sombra.

Por eso quizás el comandante general de la Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, anunció a principios de la semana pasada que el gobierno tenía el dinero y la voluntad para pagarle a 'Rojas' una jugosa recompensa por lo que había hecho. Posiblemente el general no calculó el dilema ético y jurídico que enfrentaría el gobierno en los días que siguieron. Pagar la recompensa se podría interpretar como un estímulo a cometer delitos, o una legitimación de la premisa maquiavélica de que el fin justifica los medios. Pero no pagar la recompensa podía dar el mensaje de que el gobierno no les cumple a sus informantes.

Pero es que una cosa es pagar por la delación y otra muy distinta es hacerlo por el asesinato. Pagar por la cabeza de cualquier persona, no importa si es guerrillero o mafioso, es más propio de una película del lejano oeste, donde a falta de Estado, cada uno sacaba su pistola para hacer justicia por mano propia.

El viernes, finalmente, el Ministerio de Defensa encontró una fórmula que le hace el esguince a la paradoja moral y jurídica que encarna el tema. La recompensa se repartirá entre 'Rojas', quien obtendrá la mayor parte, y otros tres guerrilleros. A 'Rojas', en particular, se le pagará no por matar a Ríos, sino por entregar el computador del jefe guerrillero. Y queda en manos de la Fiscalía la decisión de si abrirle o no un proceso por asesinato.

Pero la paradoja no está resuelta. Si el Ministerio le paga la recompensa a 'Rojas', y además el Fiscal General busca el camino, como ya lo anunció, para no investigarlo por homicidio, el mensaje inequívoco es que todo el que tenga una pistola y mate a alguien por quien se ofrezca una recompensa, recibirá dinero y además, impunidad. Como dice el analista Otty Patiño: "la decisión desde la lógica de la guerra, parecería legítima, pero es una forma de socavar el Estado de Derecho y entrar en la lógica del terrorismo".

El problema es que en el mundo real la gente no se moviliza a colaborar con el gobierno y la justicia por cumplir con sus deberes ciudadanos sino por razones más mundanas y pragmáticas como el dinero o los beneficios jurídicos que pueda recibir. La pregunta es si un Estado debe promover estas formas de colaboración y ser tan flexible para aplicarlas, como se ha demostrado en este caso, o, por el contrario, usarlas sólo como mecanismo excepcional, mientras construye una cultura de cooperación ciudadana basada en la legitimidad de su lucha contra el crimen organizado.