Palabra sagrada

Después de hora y media del primer encuentro el jueves pasado en la mañana, entre monseñor Fidel Cadavid, obispo de Quibdó, y el general Freddy Padilla de León, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quedó la sensación de que las denuncias sobre la complicidad entre algunos militares y paramilitares en el río Atrato van en serio y no están basadas en simples rumores. Pero también el alto mando castrense dejó en claro que se investigará y buscará corregir cualquier irregularidad.

La prueba del rigor con que los religiosos y los campesinos del Atrato han documentado la acción y omisión de uniformados oficiales en favor del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas fue una serie de fotografías. Estas, muy nítidas, muestran el encuentro de una lancha piraña de la Armada con un bote de madera y motor fuera de borda que transportaba a paramilitares, entre ellos uno herido, en el sitio bocas de Opogadó. Este es el lugar donde el río del mismo nombre desemboca en el Atrato, y en el que los paramilitares incursionaron desde febrero de 2004 y forzaron el desplazamiento de más de 500 indígenas embera de tres resguardos.

La reunión de monseñor Cadavid y el general Padilla se dio a puerta cerrada en el despacho principal de la Diócesis, en Quibdó, y a la misma sólo asistieron los altos mandos que llegaron desde Bogotá. Ninguno de los comandantes de la zona tuvo acceso, primero porque era apenas un contacto de ambientación entre las autoridades religiosas y militares, para poner en contexto las denuncias reiteradas la semana pasada en una carta dirigida al presidente Álvaro Uribe por los obispos de las diócesis de Itsmina-Tadó, Apartadó y Quibdó y 47 ONG del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.

La segunda razón es que las investigaciones apenas comienzan y la prudencia y la confidencialidad son buenas fórmulas para evitar alteraciones en un tema tan sensible. Ante éste los interesados quieren, como resultado final, afianzar la legitimidad de las instituciones y el apoyo del Estado a las comunidades afectadas por la presencia de las Farc y de las autodefensas en las cuencas de la región. El general Padilla se interesó por los detalles iniciales que conoció de las denuncias y solicitó una copia de las imágenes, captadas el 22 de marzo de 2004, en las que se aprecia el diálogo de la tripulación de la piraña de combate y los ocupantes del bote de madera.

En la carta enviada al presidente Álvaro Uribe los religiosos y los movimientos sociales del Chocó dejaban constancia no sólo de su preocupación por la complicidad de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y las autodefensas, sino también por el incesante acoso de los grupos armados ilegales a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Estos al tiempo están sufriendo el despojo de sus territorios ancestrales y la llegada de cultivos ajenos a su organización y su tradición social y cultural, como la palma africana (ver en semana.com un informe reciente de problemáticas de la Minga Interétnica y cuestionario al Bloque Élmer Cárdenas).

En el último año los combates y los atropellos de los actores armados han ocasionado el desplazamiento de más de 4.000 campesinos de las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá. Ello generó una crisis humanitaria frente a la cual, según los organismos comunitarios de la región del Atrato, el Estado y el gobierno no han dado una respuesta oportuna y eficiente. Ahora se espera que por orden presidencial y gracias a la buena comunicación con que empezaron los contactos del alto mando militar y la Iglesia Católica de la región, la situación mejore. Para eso se requieren investigaciones con resultados concretos, que al parecer han comenzado por fin en forma.