Viernes, 20 de enero de 2017

| 2015/11/10 17:00

Por segunda vez, Uribe defiende el indulto del M-19

En el mismo lugar donde propuso la ley de indulto, hace 24 años, Álvaro Uribe rechaza el anuncio del fiscal general de revisar las amnistías a exmiembros de ese grupo subversivo.

Álvaro Uribe Vélez Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

Parecen caprichos del destino, pero la historia quiso que Álvaro Uribe, el mayor crítico del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, volviera a defender el indulto que permitió la desmovilización de los guerrilleros del M-19, y que, hace 23 años, ayudó a proteger.  
 
Hoy, como sucedió en mayo de 1992, y desde el mismo lugar, el recinto del Senado, Uribe volvió a defender el indulto para el M- 19 incluso para los hechos del Palacio de Justicia. Esta vez lo hizo como respuesta al fiscal general Eduardo Montealegre, quien días atrás manifestó que los indultos y amnistías otorgados a los miembros de esa guerrilla, en el año 1989, podrían ser revocados de comprobarse su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, o en crímenes de guerra.  
 
Este miércoles Uribe propuso un gran “acuerdo político nacional” para proteger el proceso de paz con el M-19, y para que no haya ninguna inestabilidad jurídica, como podría generarse tras el anuncio del fiscal.
 
Uribe se mostró partidario de que los estrados judiciales examinen la verdad, “si es que aún falta”, pero que no supongan consecuencias jurídicas que puedan poner en duda lo que el país definió: el indulto al M-19.
 
Pero el senador fue más allá. Pidió una rápida preclusión para el expresidente Belisario Betancur y la de todos sus ministros al considerar que en sus actuaciones no hubo designio criminal, ni por acción ni por omisión.
 
Probablemente, senadores como Antonio Navarro o Evert Bustamante, dos ex del M-19 que hoy comparten curul con Uribe, recordaron que hace 24 años fue quien promovió una ley de re-indulto, para que no hubiera consecuencias jurídicas contra exguerrilleros que, incluso, ya ocupaban curules en el Congreso.
 
Eso sucedió el 20 de mayo de 1992. Una juez sin rostro había ordenado la captura de 25 exdirigentes del M-19 tras responsabilizarlos del delito de terrorismo, que no estaba incluido en la amnistía, por la toma del Palacio de Justicia. Como aquella decisión judicial ponía en riesgo el proceso de paz con el M-19 Uribe presentó la solución. “Tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”. Así se lee en una gaceta del Congreso
 
Luego,  Álvaro Uribe hizo parte de esa comisión de senadores que se reunió con entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle (hoy jefe del equipo negociador del gobierno Santos en La Habana); el ministro de Justicia, Fernando Carrillo (hoy embajador en España), y los senadores Parmenio Cuéllar (actual senador del Polo), Pedro Bonnett, Carlos Corsi, Hernán Motta, Floro Tunubalá, Eduardo Pizano, Fabio Valencia y Jorge Valencia Jaramillo.
 
En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año (1992) lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor.
 
Allí se invocaron “razones políticas” para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad en algunos delitos cometidos durante la toma cruenta del Palacio de Justicia en 1985.
 
Ahora, y también por razones políticas, Uribe vuelve a proponer un gran pacto nacional a favor de los indultos del M-19. Esta vez no lo hizo motivado por una sentencia judicial, sino por los simples anuncios del fiscal general, con quien guarda profundas diferencias.

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