Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/01/05 21:00

General Samudio volverá a declarar por holocausto del Palacio de Justicia

Así lo determinó la Fiscalía, que busca establecer cuáles militares fueron responsables de las torturas que se cometieron durante esos acontecimientos.

La Fiscalía decidió llamar a declarar nuevamente al general (r) Rafael Samudio Molina a quien no ha vinculado a la investigación como indiciado.

En el 2015 el holocausto del Palacio de Justicia fue noticia otra vez. No sólo dio de qué hablar porque se cumplieron 30 años de la dolorosa tragedia. También estuvo en boca de los colombianos por el hallazgo de los cuerpos de tres personas que se encontraban desaparecidas y por la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

En el 2016 parece que el tema seguirá sonando en los medios de comunicación. Los retos que se planteó la Fiscalía así lo exigen, pues debe determinar si los 14 militares que investiga por torturas ocurridas durante la ejecución de los hechos deben ser llamados a juicio o no. Para ello, decidió llamar a declarar nuevamente al general (r) Rafael Samudio Molina a quien, cabe aclarar, no ha vinculado a la investigación como indiciado.

El organismo investigador cree que el oficial retirado, quien para 1985 era el comandante del Ejército, puede dar luces de la forma como se efectuó la operación de recuperación del Palacio, que se tomó el M-19. Los investigadores esperan que su testimonio ayude a esclarecer parte de la verdad de una historia llena de vacíos.

La Fiscalía también espera oír los testimonios de los miembros de los comandos del Ejército y las Fuerzas Militares, así como a los soldados de la Escuela de Artillería y el Batallón Guardia Presidencial que tuvieron participación en el operativo.

La indagación, que está a cargo de la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Yenny Clauida Almeida, busca establecer si civiles fueron conducidos a guarniciones militares y sometidos a tortura. Se dice que era costumbre adelantar interrogatorios a través de castigos físicos y tratos degradantes, por lo que se cree también que quienes fueron detenidos en ese triste episodio de la historia fueron sometidos a estos métodos.

El organismo investigador ya cuenta con algunos indicios de lo ocurrido y está cerca de establecer quiénes fueron los principales responsables. De ahí que hubiera llamado a indagatoria a 14 uniformados de la época, entre ellos los generales Iván Ramírez, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica.

Las conclusiones que obligaron a la fiscal Almeida a vincular a estas personas el pasado 22 de octubre se derivan, entre otros, del testimonio del sargento (r) Bernardo Garzón Garzón. Este exintegrante del Comando Operativo de Inteligencia y Contra Inteligencia (Coici) dice haber sido testigo de las torturas que se infligieron contra las guerrilleras Clara Elena Enciso e Irma Franco, por lo que su dicho dio lugar a que se investigara no sólo a sus excompañeros sino a él mismo.

Pero estos no son los únicos hechos delictivos que la justicia está en mora de esclarecer. También debe determinar si envía a la cárcel o no a los generales (r) Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales por su presunta responsabilidad en el homicidio del magistrado Carlos Horacio Urán. Debe decidirlo luego de cinco años de haberlos vinculado a la investigación por indagatoria.

Además, también está en mora de terminar de juzgar la supuesta complicidad de los exintegrantes del B-2 en la desaparición de 11 civiles. Un juez de Bogotá debe terminar el juicio que desde el 2007 enfrentan el coronel (r) Edilberto Sánchez y sus subalternos Óscar William Vásquez, Ferney Causayá, Luis Fernando Nieto y Antonio Rubay Jiménez. Los cinco también hacen parte de los 14 exuniformados vinculados al proceso por las torturas.

Tampoco puede quedar entre el tintero el anuncio del fiscal Eduardo Montealegre, quien en medio de la euforia por el hallazgo de los cuerpos de Cristina Guarín, Luz Mary León y Lucy Amparo Oviedo dijo que investigaría la comisión de muchos otros delitos que comprometerían no sólo a integrantes del Ejército sino de la Policía, el DAS, el F-2, entre otros.

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