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| 12/10/2014 5:18:00 PM

Palacio de Justicia: Gobierno esperaba condena

El ministro de Hacienda ya había tomado “precauciones” para cumplir con las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH.

“La condena no debe sorprender a nadie”. Con esas palabras, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, matizó la nueva derrota que sufrió el Estado colombiano en los estrados internacionales. La del proceso del Palacio de Justicia que culminó con una condena a la Nación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como responsable de desapariciones forzadas, tortura y una ejecución extrajudicial.

Incluso el ministro Cristo reveló que el Gobierno ya era consciente de la decisión de la Corte, al punto de que, según lo reveló, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ya había tomado “precauciones” en el presupuesto para cumplir con las millonarias indemnizaciones ordenadas por el tribunal interamericano para las víctimas.

Pero este miércoles, horas después de conocerse la decisión de la Corte, Cristo y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, hicieron una lectura más optimista del fallo. Ambos coincidieron en que hubo varios reconocimientos al Estado colombiano en materia de reparación a las víctimas y esfuerzos por esclarecer la verdad de los hechos que rodearon la toma y retoma del Palacio entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Por ejemplo, la Corte reconoció que el Ejército actuó en respuesta de una acción ofensiva de la guerrilla del M-19, aunque esa reacción fue excesiva. También el hecho de que el Estado colombiano ya se había declarado responsable y había pedido perdón por los hechos. Y que la Fiscalía y la Justicia colombianas han avanzado en esclarecer responsabilidades individuales.

Sin embargo, el gobierno colombiano perdió, pues la Corte hizo reconocimiento de la desaparición de ocho personas en el Palacio de Justicia. La Nación antes sólo había reconocido a dos víctimas de desaparición, Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del cuarto piso del Palacio, y a la guerrillera Irma Franco, sobre quienes había pruebas judiciales para demostrar su desaparición.

Pero en este fallo, la Corte declaró desaparecidos a Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León; así como de dos visitantes del Palacio: Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

Y por si fuera poco, califica de ejecución extrajudicial la muerte, fuera del Palacio de Justicia, del magistrado auxiliar Carlos Urán. Y califica a dos estudiantes Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson víctimas de tortura, pese a que sus testimonios habían sido sistemáticamente descartados por la justicia colombiana.

El fallo obliga al Estado colombiano a investigar a fondo estos hechos y le pide celeridad al cuestionar que la mayoría de los avances en esta materia han tardado más de 25 años.

El fallo de la Corte puede ser visto desde dos ángulos, desde el más optimista del Gobierno, que asegura que era previsible la condena, o negativo si se tiene en cuenta que dentro de las expectativas oficiales estaba que no hubiera más desparecidos que los dos previamente reconocidos.

En cualquier caso, el fallo podría tener consecuencias en la justicia colombiana que se apresta a absolver al coronel Alfonso Plazas Vega, quien precisamente fue condenado por un tribunal como responsable de dos desapariciones.
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