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| 2/11/2014 12:00:00 AM

Al fin Cali tendrá Palacio de Justicia

La reconstrucción del Palacio de Justicia caleño tardó cinco años y aún faltan obras. ¿Por qué?

Si rodaran cabezas por cada anuncio fallido que se hizo sobre la entrega definitiva del nuevo Palacio de Justicia de Cali, semidestruído por un carro bomba de las FARC, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, se quedaría sin magistrados.

La reconstrucción de ese edificio donde funcionaba el aparato judicial de la capital del Valle, se convirtió en una vergüenza no solo para la misma rama que maneja un presupuesto propio, sino para el Gobierno Nacional que desde el atentado se comprometió en aportar dineros que no aparecieron.

Luego de 65 meses de espera el Palacio sigue inconcluso, falta plata y lo que es peor, dos días antes del 24 de enero pasado, fecha escogida para la apertura parcial y oficial del edificio remodelado, uno de los ascensores se descolgó con personas adentro y otro dejó de funcionar.

El 1 de septiembre de 2008 las FARC hizo explotar un carro bomba contra el Palacio de Justicia. El atentado mató a cuatro personas e hirió a otras 26 y acabó con parte del edificio de 18 pisos y otra estructura contigua más pequeña. En ese complejo judicial funcionaban 145 juzgados que manejaban más de 60.000 expedientes. Reconstruir el edificio se calculó en 85.000 millones de pesos y ya se invirtieron 72.000 millones.

El entonces ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, prometió que el Palacio de Justicia estaría reconstruido en menos de diez meses; Increíblemente ya pasaron cinco años y medio y la obra sigue sin entregarse y los 13.500 millones de pesos que prometió aportar, nunca fueron girados y el actual Gobierno tampoco da razón de ellos. Clara Inés Ramírez, directora ejecutiva del Palacio caleño, dijo que ese rubro saldría de bienes mafiosos que vendiera la DNE “pero esa entidad entró en liquidación”.

Lo anterior sumado al incidente del ascensor, hizo que el sindicato desacatara la orden de ocupación prevista dos semanas atrás y se declararon en paro “hasta que expertos verifiquen que la sede es apta para trabajar y no representa un peligro para los usuarios”, explicó Fernando Gruesso, presidente de Asonal Cali. Finalmente esa asamblea se levantó y este lunes 10 de febrero aceptaron ocupar el edificio.

Podría decirse que en ese cuello de botella tanto el CSJ como Asonal tenían razón. La dirección administrativa del CSJ insistía en ocupar el edificio porque pese a que faltan obras (iluminación exterior, seguridad y control, parte del mobiliario, tubo de escape y salvamento, entre otros), ya se puede usar. Mientras que el sindicato considera que el incidente del ascensor no es un tema menor y antes de trasladarse a la nueva sede deben realizar una inspección detallada con los empleados para detectar fallas.

Respecto al percance de los ascensores, esta Revista accedió a un informe técnico que concluyó que en ambos casos los sistemas de seguridad de los aparatos respondieron bien. Pero el incidente sirvió para que aumentaran las críticas y los temores en torno a la calidad de la obra.

Lo que no tiene discusión, es que la reconstrucción del Palacio de Justicia caleño es una verdadera colcha de retazos para un proyecto de semejante envergadura. Arrancó sin la plata asegurada; le han metido la mano 20 contratistas y la entrega de obras se prorrogó por casi un año.

De ahí que varios magistrados del CSJ hicieron el oso lanzando fechas de inauguración que no se cumplieron. El anuncio más rimbombante lo hizo en 2012 el entonces presidente de la sala Administrativa, Ramiro Monroy, quien aseguró que el 30 de noviembre de ese año sería la entrega de las obras de “construcción y adecuación del edificio”. Técnicamente no mintió, pero le faltó advertir que no se podría usar hasta tanto se comprara el mobiliario y se instalaran los ascensores.

La razón de tantas prórrogas se debe a que el dinero del proyecto nunca ha estado en caja y el CSJ desembolsa a medida que resultan, “de cada $100 asignados, se destinan $30 al Palacio de Justicia de Cali, pese a tener dificultades similares en más de 100 sedes en el resto del país”, explicó el CSJ en un comunicado de 2011.

Sin embargo, hay quienes cuestionan que el CSJ no aprovechara la declaratoria de Urgencia Manifiesta que decretó la alcaldía de Cali a raíz del atentado, “eso les permitía incorporar recursos extraordinarios para ejecutar la obra; pero no lo hicieron”, explicó el exalcalde Jorge Iván Ospina.

Lo absurdo es que mientras el sistema de justicia caleño estuvo 65 meses disperso en 14 sedes alquiladas por toda la ciudad, los propietarios de esos edificios y apartamentos donde funcionaron los juzgados, ya se ganaron 15.000 millones de pesos en arrendamiento; irónicamente la misma cifra que falta para terminar el Palacio de Justicia.
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