Palacio de Justicia: Navas contra Navas

El congresista Germán Navas Talero (Polo Democrático) le pidió al procurador general Alejandro Ordóñez investigar si el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, influyó en la Cancillería para que Rafael Nieto Loaiza fuera contratado para defender al estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el proceso por el Palacio de Justicia.

Rafael Nieto fue el autor de los polémicos alegatos de defensa que sorpresivamente desconocía la desaparición forzada de once personas durante los operativos de retoma y contradecía más de una decena de decisiones judiciales que, entre otras, tienen tras las rejas a dos altos oficiales del Ejército, el general (r) Jesús Ignacio Arias Cabrales y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

Navas Talero interpuso una queja disciplinaria contra el alto oficial a partir de las declaraciones del abogado Jorge Ibáñez, quien se desempeñaba como el agente del Estado colombiano en este proceso, pero que fue reemplazado por Nieto Loaiza.

Según el abogado Ibáñez, el propio general Alejandro Navas le informó sobre las objeciones que los militares activos y retirados tenían sobre su trabajo. Incluso reveló que ellos, los militares, querían que Rafael Nieto los defendiera en este caso y en los del bombardeo de Santo Domingo y la Operación Génesis.

Por eso, Navas pidió al procurador Ordóñez determinar si el cambio en la estrategia de defensa de Colombia fue determinado por el comandante de las Fuerzas Militares.

En ese caso, dice Navas Talero, el general Navas habría incurrido en una falta disciplinaria gravísima al “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero”.

Según la queja del congresista del Polo este beneficio lo relata el abogado Jorge Ibáñez cuando aseguró que supo que algunos militares que estaban en juicio, como el coronel Alfonso Plazas Vega, estaban inconformes porque creían que reconocer que en el Palacio de Justicia hubo desapariciones podría tener efectos negativos sobre sus propios procesos.

“Allí está la clave para el cambio del agente del Estado colombiano”, dice Navas Talero. “La estrategia de defensa que se traía desde la presentación en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implicaba que el Estado colombiano reconociera que en la retoma del Palacio sí hubo desaparecidos; por supuesto que a quienes hoy están siendo juzgados por esos hechos no les convenía en los más mínimo que esa fuera la posición oficial del Estado colombiano, pues ello implicaba dejarlos en una posición débil dentro de los respectivos proceso penales, pues ningún juez pondría en duda las desapariciones si internacionalmente el Estado colombiano las reconocía”.

Las denuncias del abogado Ibáñez fueron publicadas la semana pasada por el diario El Espectador, y a pesar de hacerse públicas, dice el congresista del Polo, el procurador general no ha abierto ninguna investigación de oficio. “Ahora tendrá que hacerlo”, dice Navas por cuenta de la queja que interpuso en el ente disciplinario.

El general Alejandro Navas fue uno de los servidores públicos que estuvo en la fiesta de matrimonio de la hija de Alejandro Ordóñez y que dejó en evidencia el poder y la influencia en el Estado del procurador general de la Nación.
En los próximos días Ordóñez tendrá que decidir si admite o no la queja, y en caso afirmativo deberá adelantar el proceso contra el comandante de las Fuerzas Militares.