Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/02/23 13:00

Palacio de Justicia: la peor defensa

El caso aún despierta pasiones y genera graves interrogantes sobre la política de defensa del Estado.

El incendio del Palacio de Justicia provocado por la toma del M -19 y la reacción del Ejército, quedó grabado para siempre en la memoria de los colombianos.

El escándalo generado por la filtración del alegato final que la defensa del Estado colombiano presentó a la Corte Interamericana en el caso del Palacio de Justicia deja sobre la mesa una pregunta inquietante. 


¿Refleja el documento, elaborado por el abogado Rafael Nieto Loaiza, una estrategia del gobierno para negar los hechos y desconocer lo actuado por la Justicia nacional, en casos que involucran a militares?. ¿O tal línea de defensa responde, sin que el alto gobierno necesariamente la conozca o la comparta, a la poderosa influencia de las Fuerzas Armadas en la escogencia de los argumentos –y de las personas– con los que cierran filas para defenderse en estos casos? En cualquiera de ambas variantes, las respuestas son preocupantes.


Holocausto. El nombre que el país ha dado a lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la sede de la Corte Suprema de Justicia ilustra la huella que grabaron en la memoria colectiva de los colombianos la toma del edificio por parte del M-19 y los dos días de combates e incendios que siguieron, que dejaron un centenar de muertos, 11 desaparecidos y un largo proceso legal que aún no consigue esclarecer plenamente lo ocurrido. 


La Justicia colombiana ha producido varias sentencias. El Consejo de Estado reparó a los familiares de los 11 desaparecidos. En abril de 2011, una juez de Bogotá condenó al general Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por su papel en 11 desapariciones. En febrero de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de dos personas. El informe de la Comisión de la Verdad confirmó las desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares. Sin embargo, pese a estos avances, hoy, 27 años después, la herida del Palacio sigue abierta: como con muchos otros hechos del conflicto armado, el país aún espera la verdad completa. 


De ahí el escándalo que generó la defensa de Nieto ante la Corte Interamericana. El abogado dice que los desaparecidos murieron calcinados, culpa a los guerrilleros de los incendios, niega las torturas, alega que las sentencias de la Justicia colombiana no están en firme y son contradictorias y cuestiona los testimonios aportados a los procesos. Nieto niega que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, que apareció muerto con un tiro disparado a corta distancia, hubiera salido vivo del Palacio, pese a que un video así lo muestra. Descalifica el informe de la Comisión de la Verdad como “una verdad privada y dicha desde un punto de vista que no representa más que a un sector”. Y concluye que los militares no cometieron ninguna violación. 


Esta revisión completa de lo esclarecido por la Justicia nacional causó polvareda en los medios e indignación en las víctimas. Muchos señalaron que va en contravía del discurso oficial a favor de las víctimas. Familiares de los desaparecidos pidieron al presidente Santos pronunciarse. Y recordaron sus palabras, el 4 de noviembre de 2010, cuando los reunió al cumplirse un cuarto de siglo de lo sucedido. “Nuestro deber es rescatar la verdad, por dolorosa que sea, sobre lo que ocurrió en el Palacio, y acompañar a las víctimas y a los familiares”, les dijo, en un sentido discurso en el que reconoció 12 desaparecidos, reivindicó la seriedad del informe de la Comisión de la Verdad y ratificó la autonomía de la justicia para investigar lo sucedido. 


Poco después de estallar el escándalo afloraron contradicciones entre el abogado Nieto y representantes del gobierno. La Cancillería se desmarcó con un comunicado en el que sostuvo que no tiene competencia para designar el agente del Estado; reveló que este había sido nombrado intempestivamente después de la renuncia de su antecesor, Jorge Enrique Ibáñez, apenas cinco días antes del plazo límite para presentar el alegato a la Corte Interamericana y que el papel del Ministerio se limita a prestar apoyo técnico  y logístico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de estos procesos. La directora de este organismo, Adriana Guillén, manifestó desacuerdos con la línea de defensa de Nieto y dijo que el Estado reconocerá los dos desaparecidos que figuran en la sentencia contra el coronel Plazas Vega. Finalmente, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dijo que se podría abrir investigación a ambos abogados para indagar si habían cometido faltas.


Estas declaraciones sugerirían que la Cancillería no conocía la línea de defensa de Nieto y que la agencia encargada de defender al Estado no la compartía por entero. Como mínimo, y pese a que Nieto había tenido acceso al caso, muestran un grado de improvisación insólito en un proceso de semejante calibre, al nombrar al encargado de defender a Colombia para hacer un documento jurídico de casi 400 páginas en cinco días (la premura fue tal que al abogado se le coló una ‘empastelada’ de otro caso que manejó ante la Corte y debió enmendarla).


La mano de los militares en lo sucedido afloró cuando el anterior agente, Jorge Enrique Ibáñez, dijo que se había visto obligado a renunciar porque había sido vetado por ellos, para reemplazarlo por Nieto. Esto y el repentino cambio de abogado defensor del Estado insinuarían que la estrategia de negar los desaparecidos y desconocer las actuaciones de la Justicia colombiana en el caso del Palacio habría sido impulsada por los militares. Nieto se ha caracterizado por ser un defensor de esa estrategia de negación, que empleó en otros casos ante la Corte.


La posibilidad de que la defensa de un caso tan prominente se haya diseñado “a espaldas” del alto gobierno no hablaría nada bien de la capacidad del Ejecutivo para supervisar procesos esenciales en los que el prestigio de la Nación (para no hablar de indemnizaciones multimillonarias) está en juego. Nieto, por su parte, ha insistido en que consultó permanentemente su línea de defensa con la Agencia.


Otra posibilidad es que la línea de defensa haya sido una escogencia del gobierno, como respaldo a los militares. Por una parte, Nieto presentó su alegato final ante la Corte el pasado 24 de noviembre y las diferencias con él solo vinieron a aflorar después de que el documento se filtró a los medios la semana pasada. Sería curioso, como mínimo, que en ese lapso de casi tres meses nadie en el Ejecutivo se enterara de cómo iba la defensa de Colombia en el caso del Palacio de Justicia. Por otra parte, poco se recuerda que, salvo en su discurso frente a los familiares de las víctimas en 2010, el presidente Santos ha cerrado filas con los militares en este proceso. 


El 30 de abril de 2011, un día después de conocerse el fallo contra el general Arias Cabrales, Santos declaró su solidaridad con él. Señaló la “injusticia” y el “sabor amargo” que le dejaba ver al oficial condenado a 35 años mientras verdaderos criminales quedaban libres después de cinco u ocho años. En febrero del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra el coronel Plazas Vega, el presidente criticó el fallo por “poner en la picota pública” al Ejército al exigirle pedir perdón por los hechos del Palacio. “Más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos”, dijo. 


Estos pronunciamientos del primer mandatario generaron reclamos de las víctimas quienes alegan, además, que mientras el presidente las reconoce y la ley busca repararlas, ante la Justicia interamericana el Estado niega las pruebas de la Justicia nacional sobre el involucramiento de sus agentes en graves violaciones a los derechos humanos.


Si el gobierno conocía la línea de defensa escogida por Nieto y permitió que los militares impusieran la estrategia –y el personaje– para su defensa, la coherencia de su política frente a las víctimas quedaría en entredicho.


En todo caso, el efecto de este escándalo es difícil de ocultar. El gobierno pierde con cara y con sello. Si el proceso transcurrió sin su conocimiento queda cuestionada su capacidad de administración en un tema de alto interés nacional. Si la defensa ante la Corte es línea oficial, deja ver contradicciones de fondo en temas claves de derechos humanos y reparación a las víctimas.


Independientemente de lo ocurrido, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un alegato del Estado colombiano que niega toda responsabilidad de sus agentes en lo sucedido en el Palacio y desconoce lo actuado por la Justicia nacional en el caso. Paradójicamente, quienes salen más perjudicados son los propios militares. En lugar de dejar que la Justicia establezca responsabilidades individuales, prestar oídos a las exigencias de un mal entendido espíritu de cuerpo para cerrar filas en torno a los implicados, genera suspicacias sobre la institución castrense. En estos casos, la peor defensa es la negación.

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