Palma desplazada

La que parecÍa una maldición que ha mantenido desarraigados a más de 3.000 habitantes de Chocó por una década, comienza a romperse. SEMANA supo de forma exclusiva que el gobierno nacional sólo le reconocerá a un grupo de palmicultores como propias 8.497 hectáreas de 33.580 que tenían ocupadas. Las restantes 25.083, un área equivalente al casco urbano de Bogotá, serán devueltas a los nativos y colonos de los consejos comunitarios de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, hizo el anuncio. De este modo se busca poner punto final a un pleito que por años ha tenido enfrentadas a esas comunidades y los industriales agrícolas.

El problema de las tierras en esta apartada zona del país se ha vuelto emblemático de la restitución de bienes en medio del conflicto armado, y ha captado la atención de ONG internacionales, medios de comunicación y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las dificultades comenzaron allí a mediados de los años 90. En ese momento, la Brigada 17 del Ejército comenzó un gran despliegue contra la guerrilla que operaba en la zona. La población civil quedó en medio de la confrontación y protagonizó uno de los más grandes desplazamientos forzados que se han documentado en la historia reciente del país. Se calcula que 15.000 personas del bajo Atrato tuvieron que dejarlo todo por salvar sus vidas. Con los combates también llegaron los grupos paramilitares.

Mientras tanto, se ponía en marcha la Ley 70 de 1993, con la que arrancó un ambicioso programa de reforma agraria. La norma definió que las tierras que hasta entonces eran consideradas baldías les pertenecían a las comunidades que históricamente las habían habitado. La característica clave de los títulos expedidos con base en esa ley es que son inembargables, imprescriptibles e inajenables, para garantizar que las comunidades mantengan siempre este patrimonio. Esto tiene un significado adicional en zonas como Chocó que, por su diversidad, es considerada la segunda en su tipo luego del Amazonas.

En torno a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó se constituyeron dos de estos territorios colectivos, el primero con 46.000 de hectáreas y el segundo con 55.000. Pero hubo dos situaciones que trastocaron la buena voluntad de la iniciativa. La primera fue legal, pues en el título colectivo no se deslindaron algunos predios privados. La segunda fue que la violencia paramilitar mantuvo alejada a la mayoría de sus propietarios. El año pasado, SEMANA se adentró en esta zona de la selva y escuchó testimonios de personas que fueron desplazadas hasta ocho veces y que vivieron durante meses escondidos como animales para sobrevivir. "Tuvimos que amarrarle la boca al perro y comernos el gallo para que no nos encontraran", decía uno de ellos.

Con el repliegue de la guerrilla, los combates perdieron intensidad y la gente trató regresar a sus tierras, pero encontraron que las había ocupado un megaproyecto agrícola: la palma africana. Un cultivo que en muchos lugares ha significado progreso, pero allá traía sólo la muerte y el despojo.

Los palmicultores insisten en que son poseedores de buena fe, y aseguran que adquirieron los títulos privados que quedaron sin aclarar dentro de los colectivos. Por eso, para acreditar su propiedad, entregaron al Incoder soportes de las negociaciones de las 33.000 hectáreas que alegaban como suyas .

En marzo pasado, el Incoder anunció que ya tenía resuelto el tema y que iba a comenzar a delimitar los territorios. Pero la Procuraduría hizo observaciones y pidió que se tuvieran en cuenta. Esto llevó a que el Ministro de Agricultura y su equipo más cercano se apersonaran directamente del caso. Lo que encontraron fue sorprendente.

En la ley se reconoce la accesión, una figura del derecho civil según la cual se adiciona a un lote la tierra que queda cuando un río se seca o cambia naturalmente de cauce. Para esto debe existir una declaración judicial, luego de la cual el Agustín Codazzi hace una verificación de cabida y linderos y en la Oficina de Registros Públicos se hace la modificación. Esta figura se usó abusivamente, por ejemplo, en la propiedad de un colono llamado Lino Antonio Díaz, a quien en 1990 el antiguo Incora le adjudicó 18 hectáreas. Pero luego de sucesivas accesiones su lote pasó a 5.890 hectáreas.

"Esto es anormal, monstruoso y aberrante, dice indignado el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello. "Eso confirmaría que este es el único país en donde la tierra crece", asegura, y añade que va a llegar hasta las últimas consecuencias contra quienes hayan participado de estas irregularidades. Estos casos por jurisdicción fueron tramitados por la Oficina de Registro de Quibdó, y en algunos casos se hicieron escrituras previas en las que participaron notarios de otros departamentos. Situaciones como esta son las que más 'inflan' los títulos de los palmicultores. Por eso el gobierno va a iniciar un proceso judicial para anularlos.

Otras irregularidades tienen que ver con tierras que se adjudicaron como baldíos luego de la promulgación de la Ley 70, por lo que el gobierno no considera legales las entregas. Además, algunas transacciones se hicieron sobre predios que el Incora en su momento adjudicó en extensiones superiores a las autorizadas por la ley, y se encuentra en estudio la mejor vía para restituir esas tierras en estos casos.

Las empresas que estarían afectadas con la decisión son Urapalma - Palmura, Asibicon, Palmas de Curvaradó, Palmas S. A., Palmadó, Tuqueka, Selva Húmeda y Fregni Ochoa S. A. El empresario Irving Bernal, miembro de la asociación de palmicultores del Darién, dijo a SEMANA que "aún no conocemos oficialmente la decisión. Confiamos en que el gobierno la tomará con base en criterios técnicos y jurídicos, que permitan continuar con el desarrollo económico de la región".

De esta restitución se desprenden varios problemas. En primer lugar, el Estado hizo préstamos a través de Finagro con esos títulos como garantía. Sólo en el caso de Urapalma hay desembolsos cercanos a los 5.000 millones de pesos. El ministro Arias dice que se suspendieron los pagos y que las empresas deben responder con su patrimonio.

El segundo es qué pasará con la palma sembrada en estos lugares. Para Arias, legalmente los empresarios en esta situación son considerados ocupantes de mala fe, por lo que no tienen derecho a que se les reconozca ningún tipo de mejoras, de ahí que lo invertido -11 millones de pesos por hectárea- sería de los nuevos poseedores. Eso requiere buscar alternativas para no perder lo ganado en la región, pues no se puede desconocer que esta actividad ha generado empleo y desarrollo.

Pese a lo alentadora que puede sonar esta noticia para las comunidades, aún se debe determinar si los empresarios con esta clase de títulos tomaron posesión de estas tierras a sabiendas de las irregularidades, en cuyo caso les cabría una sanción penal, o fueron engañados. Y si el terror paramilitar fue determinante para que esto sucediera.

Así mismo, convendría revisar los permisos que autorizaron que miles de hectáreas con una invaluable biodiversidad, fueran arrasadas para ser inundadas con ese monocultivo.

Hay expectativa de que el anuncio del gobierno se traduzca en hechos concretos para quebrar la maldición de las que fueron víctimas, cuando fueron desplazados, los nativos de Curvaradó y Jiguamiandó.