La presunta inhabilidad del ‘pupilo’ de Dilian

Después de Cali, Palmira es la segunda ciudad intermedia más importante del Valle del Cauca y eso la pone en la mira de los políticos no sólo por su jugoso presupuesto, sino por la carga burocrática que les permite manejar.

En medio de ese escenario las estructuras políticas se jugarán sus cartas durante las elecciones del próximo 25 de octubre, con miras a mantenerse en el poder o reconquistarlo.

Históricamente varias castas políticas como la familia Motoa Kuri y la estructura política de la exsenadora y candidata a la Gobernación del Valle Dilian Francisca Toro se han disputado esa urbe. Llama la atención que los últimos dos mandatarios no han escapado a las polémicas por sus gestiones.

Y para continuar en el poder, esta vez la ficha para reemplazar al alcalde actual Ritter López, la exsenadora se la jugó con uno de sus alfiles políticos. Se trata del exrepresentante a la Cámara Jairo Ortega Samboní.

Ortega Samboní no sólo cuenta con el aval de La U, sino con el respaldo de otros partidos como el Conservador, Cambio Radical, Liberal y hasta el Mira. Pese a que en el partidor hay cinco aspirantes, todo indica que el pupilo de la exsenadora será el ganador.

Sin embargo, desde el pasado 5 de agosto reposa en el despacho de la magistrada Ángela Hernández, del Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud de revocatoria de la inscripción del aspirante Ortega Samboní.

Dicha demanda fue interpuesta por el abogado Gustavo Prado, quien en el pasado fue asesor jurídico de la excongresista y está en una franca pelea con ella. La solicitud de revocatoria de Ortega Samboní se basa en una presunta inhabilidad en la que habría incurrido el candidato, ya que su esposa y su hermana ocupan cargos en la Alcaldía y la Contraloría municipal.

El argumento jurídico de esa demanda se basa en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 617 de 2000, que dice textualmente: “Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.

Este portal indagó sobre la denuncia y en efecto encontró que la señora  María Esther Guendica Argote, compañera permanente del señor Ortega Samboní, labora en la alcaldía en cargos directivos, y desde noviembre del 2014 fue asignada en provisionalidad a la Secretaría de Planeación para cumplir funciones de profesional especializado al frente del Sisbén (Ver Decreto).

Además, la señora Miriam Ortega Samboní, hermana del candidato, labora como profesional universitaria en la Contraloría Municipal de Palmira y desde finales del año pasado fue asignada por encargo como directora de la oficina de Medio Ambiente y Participación Ciudadana (Ver pantallazo página Contraloría).

Curiosamente, ese cargo llegó luego que César Augusto Quintero renunció el 20 de octubre de 2014  para no quedar inhabilitado y poder participar en la contienda electoral de este año. “Para mí estaba claro que ese cargo me generaba inhabilidad, ya que allí ejercemos labores administrativas de control fiscal”, explicó el señor Quintero.

Actualmente él es uno de los promotores del voto en blanco en Palmira y para tal efecto inscribieron, con el aval del Polo, la candidata ficticia que llamó “Cotuda blanco”, con la que buscan manifestar el rechazo a las maquinarias políticas que se enquistaron en la ciudad (Ver campaña Cotuda Blanco).

Frente a la denuncia, el candidato Ortega Samboní manifestó estar tranquilo, por cuanto asegura que si bien su esposa y su hermana laboran en el sector oficial de Palmira, "no cumplen funciones administrativas". Insistió en que los llamados a resolver las dudas son los magistrados del CNE, pero hasta la fecha no lo han hecho.

En efecto, la solicitud de revocatoria fue instaurada desde agosto pasado, pero hasta el momento no ha salido un fallo, pese a que el propio CNE dijo públicamente que todas las solicitudes de revocatorias serían resueltas antes del 25 de septiembre.

Y cuando quisimos indagar con la magistrada sobre ese proceso en particular, nos informó a través de la oficina de prensa que “sólo atenderá preguntas después del 25 de octubre”.

Pero luego se supo que justamente en el despacho de esa magistrada se cometieron errores de procedimiento que obligaron la reasignación de cien demandas de revocatorias, entre ellas la del candidato Ortega Samboní (Ver nota).