Palos en la rueda

Sacudones institucionales
 
Si hubo un año movido en algún sector fue en el de minas y energía. El descubrimiento de que Ingeominas, la autoridad minera nacional, había feriado más de 9.000 títulos, privilegiando a ciertas personas, compañías y políticos, llevó a drásticas medidas. El primero de febrero se congeló la entrega de títulos, los ya entregados pasaron a revisión y más de 20 funcionarios quedaron bajo investigación por venta de información confidencial y tráfico de influencias, entre otras irregularidades.

Ingeominas como tal se acabó, para dar paso a un pequeño instituto técnico y a la nueva Agencia Nacional Minera, siguiendo el modelo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero en esta entidad la Contraloría también encontró problemas y Armando Zamora, su director por ocho años, terminó renunciando. Entre los 31 hallazgos de la Contraloría estarían presuntas irregularidades en contratos para hacer sísmica con el Ejército Nacional, becas para los hijos de los empleados, acoso laboral e inconsistencias financieras. A todo esto se añadió la salida del ministro Carlos Rodado.

Con semejantes sacudones en un tren que ya viaja a toda velocidad, el sucesor, Mauricio Cárdenas, y la nueva agencia necesitarán de pies y manos en todas las palancas para impedir que haya algún descarrilamiento.

Páramos de la discordia
 
Este año, un pequeño pueblo en Santander a más de 4.000 metros de altura pasó a las primeras planas de los diarios. Un megaproyecto de minería de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán levantó críticas de los ambientalistas, alborotó el panorama político regional, hizo que más de 30.000 bumangueses salieran a la calle para proteger sus fuentes de agua y finalmente desembocó en que la compañía Greystar retirara el proyecto.

Si Santurbán se volvió un símbolo del debate sobre los riesgos de la minería para los recursos hídricos y la biodiversidad, es porque no era el único caso. Ingeominas otorgó cientos de títulos en zonas protegidas en los últimos años: 37 en parques nacionales, ocho en parques regionales, 603 en páramos y otros 137 en zonas de reserva forestal y humedales. Algunos de los grandes proyectos de inversión minera están en estas zonas, como el de La Colosa, en el Tolima, de la empresa AngloGold Ashanti, ubicado sobre una reserva forestal, o el de Cosigo Resources, en la Amazonia, en el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, sitio sagrado para 19 comunidades indígenas. Debido a la polémica, Ingeominas revocó este último. Igual suerte corrió un bloque petrolero adjudicado en San Andrés y Providencia, en una zona de reserva de arrecifes de coral. Y AngloGold decidió devolver 38 títulos que tenía en 18.000 hectáreas de páramos y parques. Por lo visto, la locomotora minera, además de la voracidad de los inversionistas, está despertando la conciencia ambiental.

Gira, puerta, gira
 
La aprobación del nuevo Estatuto Anticorrupción dio pie a uno de los más álgidos debates. La nueva ley amplió de uno a dos años la inhabilidad para funcionarios que pasen del gobierno a trabajar al sector privado. Curiosamente, es en el sector minero-energético donde más ‘gira la puerta’. Hoy trabajan allí varios exfuncionarios del gobierno de Uribe, algunos sin haber cumplido siquiera un año de inhabilidad: el exministro de Minas y Energía Hernán Martínez, el exdirector de Ingeominas Julián Villarruel y la exministra consejera presidencial Claudia Jiménez.
 
‘Indignados’ de socavón
 
Paros laborales, marchas y protestas salpicaron el año en empresas petroleras y mineras. La más reciente fue la de la mina de carbón Calenturitas, de Prodeco, en el Cesar. La más seria, la de los trabajadores de Campo Rubiales, en el Meta, que paralizaron en varias ocasiones la producción de alrededor de 300.000 barriles diarios, obstaculizaron vías y chocaron con la Policía.

Los mineros artesanales o informales también protestaron, convencidos de que el gobierno nacional los está persiguiendo en sus esfuerzos para acabar con la minería ilegal y favorecer la explotación multinacional de gran escala. En Marmato están enfrentados los dos modelos. Los mineros tradicionales marmateños protestaron contra la multinacional Gran Colombia Gold, cuya concesión minera para hacer una explotación a cielo abierto no solo coincide con el área donde trabajan sus socavones, sino que implicaría trasladar el casco urbano. Hace unas semanas, en Caucasia, Antioquia, confluyeron cientos de mineros. Con la implementación del Plan de Desarrollo, a partir del 2 de enero, cualquier minero que no tuviera título se convertía en “ilegal” y podía ser perseguido por la fuerza pública. El gobierno aceptó suspender la medida por seis meses, para acelerar la legalización de títulos, que no avanza en la burocracia estatal. Si bien es importante regularizar la situación jurídica y de titulación de los mineros artesanales, el gobierno no debe olvidar que en este vagón de la locomotora viajan miles de pasajeros que dependen de ese oficio para subsistir.

Dime cuánto pagas
 
Hubo discusiones de fondo a lo largo del año: sobre el valor de las regalías, sobre la cantidad de empleo que genera la extracción de recursos no renovables, sobre las exenciones tributarias de las que ha gozado el sector en los últimos años. Pero 2011 terminó con la revelación de que la Contraloría y la Dian investigan a algunas compañías. Aprovechando la debilidad institucional y la laxitud en los controles, ciertas empresas reportaban al país en producción de crudo o carbón cifras distintas de las que informaban en el exterior. Otras habrían inflado el valor de los activos, hecho negocios de papel en paraísos fiscales y hasta importado maquinaria robada para bajar el monto de los impuestos que deben pagar. Las investigaciones hasta ahora empiezan.