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| 12/19/2011 12:00:00 AM

Panamá: presidente y vicepresidente chocan por el caso de María del Pilar Hurtado

La oposición de Panamá pidió que la exdirectora del DAS sea extraditada. Mientras tanto, la polémica por quién autorizó el asilo continúa. El presidente Ricardo Martinelli se 'lava las manos' y dice que fue el vicepresidente de ese país.

Mientras la oposición panameña pide que la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado sea extraditada, y continúa la polémica por las imágenes dadas a conocer por Daniel Samper Ospina en su columna en SEMANA, en el gobierno de Panamá hay enfrentamiento por cuenta del asilo, concedido a la exfuncionaria en noviembre del 2010.
 
El viernes pasado, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró, a través de su cuenta de Twitter que en “el caso de la señora Hurtado de Colombia, Varela (Juan Carlos) fue el que la pidió, la recibió, la atendió, era el canciller y ahora miente como siempre”.
 
La reacción de Varela no se hizo esperar. Este lunes, según versión de medios de ese país, aseguró que sólo respaldó la decisión del presidente Martinelli sobre el asilo territorial otorgado a Hurtado.
 
Sin embargo, a Varela lo contradice el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, quien dice recordar que sí fue él quien gestionó todo. “Recuerdo claramente cómo el vicepresidente Varela defendía a título personal y el asilo que se otorgó a Hurtado”, dijo al medio Telemetro Reporta de Panamá.
 
El ministro de Lima señala también el vínculo que Varela ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al asegurar que este hace algunos meses participó como orador en la Convención del Partido Panameñista, que preside Varela.
 
La riña parece ir para largo. Sobre todo porque hace apenas unas horas Varela insistió en que en noviembre del 2010 fue el presidente Ricardo Martinelli quien firmó el Decreto ejecutivo (No. 301 del 19 de noviembre de 2010) con el que se le otorgó asilo a Hurtado.
 
La polémica, que fue atizada por las imágenes de la fiesta en la que participó Hurtado, se da justo unos días después de que la fiscal general, Viviane Morales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidieron a las autoridades panameñas la extradición de la exdirectora del DAS.
 
La solicitud de extradición tiene fines judiciales y es para que responda por el proceso penal que se adelanta en su contra derivado de los seguimientos ilegales que desde el extinto departamento de inteligencia se adelantaron contra magistrados, periodistas, dirigentes políticos de oposición.
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la ministra María Ángela Holguín, ya hizo oficial la solicitud, acogiendo los argumentos de la Fiscalía.
 
Entre ellos, dice la Fiscalía, los delitos por los que la justicia colombiana requiere a Hurtado no son de carácter político.
 
El 4 de agosto pasado se conoció que la Interpol no expedirá la circular roja para permitir la captura de la exdirectora del DAS. Según la Organización Internacional de Policía Criminal, la circular no procede porque los estatutos del organismo son claros en señalar que se respeta la figura de asilo político, del que la exdirectora goza en Panamá desde noviembre del 2010.

Hace dos meses el canciller de Panamá, Roberto Henríquez, dijo que si Colombia realiza la solicitud formal de extradición de la exdirectora del DAS, su país la analizaría. “Cuando la Cancillería (de Panamá) reciba o en la eventualidad de que recibiese alguna solicitud formal del gobierno colombiano para actuar sobre María del Pilar Hurtado, entonces lo veremos”.

María del Pilar Hurtado fue acusada en Colombia de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, por el caso de las interceptaciones ilegales que se realizaron desde el DAS a periodistas, congresistas y opositores durante el gobierno pasado.
 
Hurtado fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 18 años.
 
La exdirectora del DAS, quien viene siendo juzgada como persona ausente, también ha sido solicitada, a manera de testigo, para declarar en varios procesos que se adelantan por las llamadas ‘chuzadas’ ilegales desde el departamento de inteligencia. Uno de ellos es el expediente preliminar que la Comisión de Acusaciones adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe.
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