Jueves, 20 de noviembre de 2014

| 2013/05/25 08:00

Pánico en el Concejo

El escándalo de Bogotá logró un nuevo clímax con la detención de dos concejales y el anuncio de imputación a dos más.

La silla del concejal Rodríguez amaneció el viernes envuelta en una cinta amarilla que le puso, de manera simbólica, la concejal Angélica Lozano.

Cuando se escriba una historia de la guerra contra los carteles de la droga en Colombia, se tendrá que decir que un arma que resultó poderosa para acabar con esas estructuras que pusieron en jaque al Estado fue la de las confesiones. 


Un narco extraditado abría los ojos y veía solo dos puertas en frente de él: o pasar 30 años en una cárcel de Estados Unidos o delatar a capos y rutas a cambio de estar libre, en el peor de los casos, en cinco. La situación llegó a tal punto que los narcos corrían para ser extraditados, pues el que primero llegara se quedaba con la mejor tajada de los beneficios.


Algo parecido está ocurriendo con el carrusel de la contratación de Bogotá, el saqueo más escandaloso a las arcas del Estado del que se haya tenido noticia en Colombia. El próximo 25 de junio se cumplen tres años desde cuando saltó la chispa que desató el escándalo: una grabación en la que el excongresista Germán Olano y Manuel Nule, uno de los contratistas implicados, hablaban de un lío que se había armado con el pago de una mordida. 


Pero solo hace unos diez meses, cuando Emilio Tapia comenzó a hablar, empezaron a caer uno por uno los nuevos implicados como si fuera un castillo de naipes: hoy hay 15 detenidos (entre ellos, seis condenados) y diez más están en libertad, pero pendientes de lo que decida la Fiscalía que los vinculó ya al proceso. 


En el ramillete de detenidos está el entonces alcalde Samuel Moreno, dos excongresistas, dos concejales, cinco contratistas, el contralor, el personero y dos secretarios del gabinete de la época. Eso sin contar cerca de ocho funcionarios de jerarquía media del IDU, que también están investigados.


El avance de la investigación se sintió como un cimbronazo la semana pasada y sacudió de manera particular al Concejo de Bogotá. El martes, todos vieron cómo Hipólito Moreno, quien durante varios periodos fue uno de los amos y señores del Concejo, confesó haber manipulado un contrato de ambulancias. 


“Pido perdón a la sociedad por estos errores”, dijo en la audiencia. El jueves, el concejal José Juan Rodríguez, que no aceptó los cargos, fue enviado a La Picota. Y ese mismo día, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció que también imputarían cargos a Andrés Camacho y Orlando Parada, fue la tapa. El Concejo en pleno estaba en un cabildo abierto en el Idrd y cuando se filtró la noticia la mayoría puso pies en polvorosa.


En este caso del carrusel, como en el de los carteles de la droga, la estrategia ha sido la misma: la confesión desde las entrañas permite desatar el nudo. Los primeros que decidieron hablar fueron los primos Nule. Incluso, regresaron a Colombia luego de que el fiscal del momento les prometió un principio de oportunidad. 


Sus testimonios y ciertos documentos clave que entregaron llevaron a la cárcel al exalcalde Samuel Moreno y a su hermano el senador Iván Moreno. Y pusieron en calzas prietas a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, que eran engranajes clave del carrusel.


Tapia y Gómez trataron de eludir a la Justicia durante más de dos años y en todas las entrevistas se juraban inocentes. Hasta que un día, Tapia entendió que colaborar no solo le aligeraba la conciencia sino que le salía mejor negocio. Él, a sus 36 años, consideró que todavía tenía toda una vida por delante y que la podía construir más desde el arrepentimiento y una pena menos drástica, que como un simple condenado. 


Cuando Tapia decidió confesar, además de los Nule, ya otros lo habían hecho: los exsubdirectores del IDU Inocencio Meléndez y Luis Eduardo Montenegro, y el excongresista Germán Olano. Sin embargo, la delación del contratista de Sahagún, Córdoba, se ha convertido en la prueba reina por el papel que jugó en el cartel de la contratación como enlace entre los hermanos Moreno Rojas y el resto de contratistas. Y sobre todo porque, además de su testimonio, le ha entregado a la Fiscalía documentos que respaldan sus palabras.


Cuando un eslabón como Emilio Tapia se destapa otros lo hacen también. Sobre todo porque entienden que entonces tienen más que ganar confesando. Julio Gómez siguió sus pasos. Y hay otro importante contratista cantando. Ahora se les unió el concejal Hipólito Moreno. En el caso de este último hay una característica particular, pues según fuentes de su círculo cercano sufre de una enfermedad muy grave y esa sería la razón que lo llevó a confesar. También hay otros funcionarios, de rango medio y que no han salido a la luz pública, ayudándole a la Fiscalía.


Pero no ha sido tan fácil como parece. Desde el patio R-Sur de La Picota les están haciendo un enorme contrapeso a quienes están hablando. Este patio se hizo famoso porque allí fueron recluidos los congresistas condenados por la parapolítica. Sin embargo, ahora es jocosamente llamado el ‘pabellón del carrusel’, porque a ese lugar han llegado buena parte de los procesados por el escándalo de Bogotá. 


Allí están el exsenador Iván Moreno, el abogado Álvaro Dávila, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, el expersonero Francisco Rojas Birry, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y los concejales Hipólito Moreno y José Juan Rodríguez. Abogados que frecuentan esa prisión le contaron a SEMANA que Iván Moreno es reconocido por los demás presos como el ‘jefe de patio’. Incluso, dicen, por encima del temido exsenador Juan Carlos Martínez con quien tuvo, cuentan las fuentes, un rifirrafe hace varios meses.


Llama la atención que tanto Álvaro Dávila como Héctor Zambrano, que expresaron a la Fiscalía su intención de colaborar con la Justicia, cambiaron de opinión luego de estar en el ‘pabellón del carrusel’. Y hay quienes se preguntan por qué estos dos –un abogado y un secretario distrital– se ganaron el privilegio de estar en un patio especial destinado a congresistas.


También se han encontrado trabas significativas en algunos sectores de la Justicia para poder seguir destapando la verdad. El caso del acuerdo al que la Fiscalía quiere llegar con Emilio Tapia es bastante ilustrativo. Ya una juez aprobó, en marzo, el principio de oportunidad que la Fiscalía le va a dar por un peculado. Gracias a ese aval, el contratista pudo comenzar a entregar información de manera formal en el búnker, a pesar de que venía en conversaciones con los fiscales delegados ante la Corte desde hace más de un año.


El problema está en que otro juez, el 42 de conocimiento de Bogotá, ha tumbado dos veces el acuerdo al que la Fiscalía y el contratista quieren llegar para otros tres delitos. En ese acuerdo, Tapia acepta una condena de 13 años pero con una gabela significativa y es que sea domiciliaria. 


Sin embargo, el proyecto de acuerdo se radicó desde diciembre en los juzgados y seis meses después no se ha podido finiquitar. En dos ocasiones el juez ha dado argumentos para no aprobarlo a pesar de que las demás partes (Procuraduría y víctimas) están de acuerdo. Todavía no se ha fijado una nueva fecha para una tercera audiencia.


Más allá de si el juez 42 tiene o no razón, lo que llama la atención es que desde cuando se aprobó el nuevo sistema penal acusatorio, que permite este tipo de acuerdos, ningún juez se había mostrado tan reticente a dar su aval. ¿Por qué es importante este acuerdo? Hasta ahora, Emilio Tapia ha entregado información sobre terceros, pero mientras no tenga el convenio firmado no puede colaborar en casos que lo incriminen.


Sin duda, así como la mayoría de los ciudadanos quiere que se destape toda la verdad, también hay muy poderosos intereses en juego, políticos y económicos, que quieren amordazarla. Cabe recordar que el tamaño del ‘negocio’ del carrusel era tal que las utilidades para los Moreno Rojas y Emilio Tapia, según cálculos hechos con información de algunos involucrados, pudo ser de cerca de 900.000 millones de pesos.


Y el problema es que este proceso apenas comienza. Para dar una idea de lo que falta basta mencionar que la mayoría de los que están detenidos y condenados tienen que ver con lo que se podría llamar el capítulo IDU, y se refiere a tres contratos que suman 500.000 millones de pesos (dos de malla vial y un tramo de TransMilenio de la 26) que en su momento denunciaron los primos Nule.


El segundo capítulo es el de las ambulancias, denunciado por Tapia, y apenas comenzó en forma hace unas semanas con la detención del exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, y ahora la de Hipólito Moreno.


La semana pasada se abrió un tercer capítulo, el de la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial, con la imputación al concejal José Juan Rodríguez y el anuncio que hizo el fiscal general, Eduardo Montealegre, de las imputaciones a los también concejales Andrés Camacho y Orlando Parada. En este capítulo, según pudo conocer SEMANA, también tendrá que dar explicaciones el hoy gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz (ver recuadro).


Por ahora, la Fiscalía va ahí. Podrían faltar cerca de 30 capítulos más si se tiene en cuenta la agenda de frentes de contratos, que reveló hace poco más de un mes esta revista. Y los que abran personas como Julio Gómez e Hipólito Moreno, que recién comenzaron a colaborar. Quedan pendientes algunos jugosos, como el del Acueducto, pero también el de muchos de los contratistas que resultaron favorecidos a través coimas.


Este esquema de canje de confesión por años de pena no ha estado exento de cuestionamientos en ciertos sectores de opinión. Sin embargo, eso no es nada nuevo. Es la base sobre la que se construyó el nuevo sistema penal acusatorio que, inspirado en el de Estados Unidos, se implantó en Colombia a partir de 2005. 


Pero esta es la primera vez que en el país se le ha sacado jugo de esta manera. La Fiscalía, además, ha sido hábil en dar ‘perdones’ por unos delitos y no por todos. De manera que, el implicado de todas maneras tendrá condena. Lo importante será que todas esas confesiones también lleguen a la punta más alta de la pirámide: los poderosos contratistas que dieron suculentas mordidas y el alcalde. 


1) El pabellón de parapolíticos de la Picota se convirtió en ‘pabellón del carrusel’


El patio R-Sur de La Picota, que saltó a la fama porque allí fueron detenidos los congresistas de la parapolítica, ahora es más conocido como el ‘pabellón del carrusel’. Allí está buena parte de los procesados por el escándalo del cartel de la contratación de Bogotá. ¿Por qué, algunos de estos que no fueron congresistas, están en ese patio especial?


IVÁN MORENO

Detenido desde el 28 de abril de 2011. Está en juicio por los dos contratos que les dieron a los primos Nule de malla vial y la petición que les hizo a ellos de darle a su esposa gabelas en la vía Bogotá Girardot.


MIGUEL MORALESRUSSI

El excontralor de Bogotá fue destituido por la Procuraduría y está detenido desde el 2010. Ha pedido varias veces ser liberado por vencimiento de términos, pero los jueces le han negado ese beneficio.


HIPÓPLITO MORENO

El martes pasado, en la audiencia de imputación de cargos, admitió su culpa en las irregularidades en el contrato de ambulancias por 67.000 millones de pesos. Es el sexto en colaborar con la Fiscalía.


HÉCTOR ZAMBRANO

El exsecretario de salud fue detenido el 19 de marzo pasado. La Fiscalía lo acusa por el contrato de ambulancias del cual habría compartido mordida y ganancias extravagantes con Hipólito Moreno.


ÁLVARO DÁVILA

El abogado, luego de eludir siete veces la audiencia de imputación de cargos, fue detenido en diciembre pasado. Dávila dará explicaciones por la elaboración de contratos que garantizaban las mordidas.


FRANCISCO ROJAS BIRRY

El expersonero de Bogotá está condenado a ocho años por enriquecimiento ilícito, por recibir 200 millones de pesos de la pirámide DMG. Sin embargo, la Fiscalía tiene testimonios de que era parte del cartel de la contratación.


JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ

En la imputación de cargos de la semana pasada, el fiscal lo señaló de ser el cerebro del IDU por encima de la directora de entonces Liliana Pardo. Y en esa medida el habría incurrido en irregularidades en los contratos.


2) De las casas fiscales de la Picota a la Costa


Los primos Nule y Mauricio Galofre estaban detenidos en las casas fiscales de La Picota. Sin embargo, los roces entre ellos estaban provocando problemas. Ahora Guido Nule está en la cárcel de Barranquilla.


LOS NULE

Están condenados a 14 años por peculado (Galofre a diez años). Pero están pendientes de otras imputaciones relacionadas con los tres contratos que sumaban cerca de medio billón de pesos.


3) Los que están detenidos en sitios especiales


Con varios de los detenidos, sobre todo los que han colaborado, se están teniendo consideraciones especiales por razones de seguridad. Es el caso de Inocencio Meléndez, que está en los llamados calabozos del DAS, para protegerlo de amenazas. El alcalde Samuel Moreno, que inicialmente iba a ser enviado a La Picota, pero el juez en su momento rectificó y lo mandó a la Escuela de Carabineros del Parque Nacional.


SAMUEL MORENO

Está detenido desde el 23 de septiembre de 2011. Tiene dos imputaciones diferentes, por los dos contratos de malla vial para los Nule y por la cesión del contrato de TransMilenio. 


INOCENCIO MELÉNDEZ

El exdirector jurídico del IDU fue el primero en colaborar con la Fiscalía. Llegó a un acuerdo y lo condenaron, en agosto de 2011, a 7 años y seis meses de prisión, porque desde su posición les ayudó, de manera irregular, a los primos Nule.


GERMÁN OLANO

El 28 de septiembre de 2012 fue condenado a  8 años y tres meses de prisión por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en favor de los primos Nule.


JULIO GÓMEZ

El contratista llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta una condena de diez años. Un acuerdo previo, con la Fiscalía anterior, que le daba solo cinco años, fue tumbado por  el Tribunal Superior de Bogotá.


4) Libres pero ya salpicados y pendientes


La Fiscalía tiene pendientes a estos otros diez personajes, pero aún no ha resuelto su situación jurídica. Algunos están esperando la imputación de cargos. Y otros un acuerdo o un principio de oportunidad.


EMILIO TAPIA

Está a la espera de que un juez apruebe una acuerdo con la Fiscalía para una condena de 13 años de detención domiciliaria. Ya le dieron un principio de oportunidad por su colaboración.


ORLANDO PARADA

El fiscal anunció la semana pasada que le imputarán cargos al parecer en relación con la Unidad de Mantenimiento Vial. También tendría que ver con un contrato  del Acueducto.


ANDRÉS CAMACHO

El fiscal general anunció que le imputarán cargos. La audiencia quedó programada para julio.


EDMUNDO DEL CASTILLO

Fue llamado a interrogatorio por mordidas que le habrían dado los Nule por gestionarles contratos en el Icbf cuando el exsecretario general de Presidencia  era asesor de esa entidad.


LILIANA PARDO

La exdirectora del IDU tuvo detención domiciliaria, pero ya está en libertad por vencimiento de términos. Está en juicio.


EDUARDO MONTEALEGRE

El exdirector del IDU, que firmó varios de los contratos de valorización, es otro de los que está colaborando con la Fiscalía. Su testimonio implica al exalcalde.


MANUEL SÁNCHEZ

Este contratista del Distrito, que participó activamente en la campaña de Samuel Moreno, está colaborando con la Fiscalía. 


IVÁN HERNÁNDEZ

Se anunció que imputarán cargos al director de la Unidad de Mantenimiento Vial. Después del IDU y de las ambulancias, este es el tercer capítulo del carrusel. 


YURI CHILLÁN

Al que fuera secretario general del alcalde de Bogotá la Fiscalía lo está investigando por su participación en el direccionamiento de contratos.


LUCY DE MORENO

A la esposa del exsenador Iván Moreno la Fiscalía le imputaría cargos por las estaciones de gasolina que los Nule le habrían cedido en la vía Bogotá- Girardot.


El gobernador de Cundinamarca también será llamado


Álvaro Cruz tendrá que explicar a la Fiscalía su presunta participación en tres contratos por 100.000 millones de pesos.


En la lista de los próximos que tendrán que darle explicaciones a la Fiscalía está el hoy gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por contratos que se hicieron cuando ejercía su profesión de ingeniero civil.


SEMANA pudo establecer que entre la información que han aportado implicados en el carrusel que están colaborando con la Fiscalía figura la participación de Cruz en tres contratos, que suman en total cerca de 100.000 millones de pesos, con la Unidad de Malla Vial. La semana pasada se anunció la imputación de cargos a Iván Hernández, que fue director de esa unidad durante la administración de Samuel Moreno.


Según la información que tiene en su poder la Fiscalía, en uno de los contratos su empresa participó como parte de una Unión Temporal, que se ganó un contrato de suministro de asfalto por 15.600 millones de pesos en 2009. Y en los otros dos, su participación habría sido distinta, como intermediario para que se los ganara otra firma. 


Estos dos últimos eran por 76.000 millones de pesos, se adjudicaron el 27 de noviembre de 2009, y se les hicieron luego adiciones, a dedo. Si bien, han dicho los testigos a la Fiscalía, estaban destinados para su empresa, en vista de que por un error no se le pudo entregar, la firma que se los ganó había sido señalada por él. “En todo caso, en los tres casos, el hoy gobernador pagó o gestionó una mordida de 10 por ciento”.


Consultado por esta revista, el gobernador Álvaro Cruz se mostró tranquilo. Explicó que efectivamente él, un ingeniero civil con 40 años de experiencia, participó en el proceso al que se refiere el primer contrato. Pero defendió férreamente el trabajo que hicieron, argumentado que Incoasfaltos es una de las cuatro empresas que Ecopetrol, por estándares de calidad, tiene mejor referenciadas en el ramo. Además, fue enfático en decir que lo único que hicieron fue suministrar material, como lo decía el contrato, y cumplieron a tiempo con lo acordado.


Al preguntársele si se pagó alguna comisión por ese contrato, el gobernador respondió: “Que yo sepa no”. Y concluyó: “Estaré dispuesto a dar las explicaciones que sean necesarias”.

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