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| 2/12/2011 12:00:00 AM

Paquete de urgencia

Con tres proyectos de ley presentados a sesiones extras, que tocan media docena de temas claves, el gobierno busca responder a los desafíos de seguridad ciudadana y de un sistema judicial que sigue cojo. La cuestión es qué tan efectivos serán los cambios, si son aprobados.

El gobierno presentó desde el año pasado, y ahora llega a sesiones extraordinarias, una ambiciosa lista de cambios, actualizaciones y reformas legales en materia de seguridad ciudadana y justicia: un Código de Convivencia Ciudadana que reemplazaría al que Colombia arrastra desde hace más de cuarenta años; una ley que busca agilizar el tratamiento de delitos menores, y otra que modifica los códigos Penal y de Procedimiento Penal, el de Infancia y Adolescencia, las reglas de extinción de dominio y otros procedimientos judiciales. Además de entender en qué consisten todos estos cambios y hacia dónde apuntan, la gran pregunta es qué tan efectivos serán.
 
El proyecto quizá más importante es el nuevo Código de Convivencia, cuyos 150 artículos reemplazan al vetusto Código de Policía, de 1970. Aunque parezca increíble, Colombia arrastra hasta hoy normas como las multas para quien bote basura en la calle u obstaculice la vía pública, que son de 50 o 100 pesos. El nuevo código se adapta a la Constitución de 1991; busca descongestionar los juzgados, da herramientas más ágiles a la Policía para manejar una larga lista de temas de seguridad ciudadana; actualiza las multas, que estaban en pesos de 1970 y no en salarios mínimos; establece una regulación nacional unificada en materia de policía, de funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales, de uso de la pólvora y muchas otras actividades que tienen que ver con la convivencia ciudadana. Por ejemplo, fija un perímetro para que en todas las ciudades del país, dependiendo del número de habitantes, los locales que vendan licor y pongan música estén lejos de hospitales e instituciones religiosas y educativas, un tema que antes definía cada ciudad.
 
Dados su magnitud y su impacto a nivel local, la discusión del código involucra a un sinnúmero de actores: los ciudadanos están haciendo sugerencias a través de la página de Internet del Ministerio de Defensa (www.mindefensa.gov.co); alcaldes, gobernadores y toda suerte de autoridades en las regiones quieren intervenir. Sin embargo, como el proyecto tiene mensaje de urgencia del gobierno, el plazo para aprobarlo es apenas de 30 días y tienen que discutirlo simultáneamente los cerca de sesenta congresistas de las comisiones primeras. El representante de los verdes, Alfonso Prada, es categórico: "Es nefasto meterle mensaje de urgencia a un proyecto que requiere más estudio. Es por dar un positivo en materia legislativa".
 
Otro proyecto de ley introduce una nueva jurisdicción para ocuparse de los delitos menores. Lesiones personales, hurto inferior a cinco millones de pesos, riñas, consumo de drogas en presencia de niños o dentro de establecimientos educativos y otros delitos serán de conocimiento de los llamados jueces de delitos menores, que los sancionarán con trabajo social, multas y, en ciertos casos, arresto de tres meses a dos años. Los involucrados pueden escoger la vía de la conciliación, en lugar de la judicial, para resolver el caso. Se busca, así, dar un trámite más expedito a delitos que constituyen una masa muy significativa de los que afectan a los colombianos. En discusión está el costo del nuevo sistema, pero en el Congreso parece haber consenso para aprobar el proyecto.

El proyecto más complejo reúne cambios a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, al de Infancia y Adolescencia, a las reglas de extinción de dominio y a otras áreas. En el tema penal, se propone atacar uno de los principales problemas de la justicia en Colombia: cómo evitar que la mayoría de quienes son capturados, aun en flagrancia, salgan libres gracias a tecnicismos judiciales. Para ello, se autoriza que ejerzan la función de control de garantías los jueces municipales y no solo un juez de garantías, como hasta ahora, y se aumenta de 30 a 60 días el plazo que tiene la Fiscalía para acusar o precluir. Se facilitan los procedimientos de allanamiento, de interceptación de comunicaciones y de Internet y de seguimiento. Se tipifica un largo número de delitos, como el uso de menores para crímenes, y se endurecen las penas para muchos otros. Por ejemplo, la nueva figura de "pertenencia a grupos de delincuencia organizada" tendrá prisión de 13 a 22 años.

Por otra parte, se intenta agilizar la extinción de dominio, en especial los mecanismos de notificación. Uno de los principales cambios en el Código de Infancia y Adolescencia es que las sanciones para delitos graves, como el homicidio o el secuestro, se aumentarán para los muchachos de 14 a 18 años. También se endurece la privación de la libertad, en establecimientos especializados, que puede llegar hasta diez años. Padres o custodios responderán por las multas por contravenciones de policía cometidas por adolescentes. Otros apartes del proyecto incluyen cláusulas que comprometen en temas específicos de seguridad ciudadana a empresas de celulares, de vigilancia privada o de comercio.

Este es el proyecto que más debate y objeciones está despertando. El senador liberal Juan Manuel Galán, uno de los ponentes, reconoce que, aunque ayuda, aumentar las penas no soluciona el problema de criminalidad. "Lo que hay que hacer es crear una verdadera política criminal y es el gobierno el que debe trabajar en eso. Hay que hacer un enlace con la política social para que haya una real estrategia de seguridad y una política pública de convivencia ciudadana". El exfiscal Alfonso Gómez Méndez cree que estos cambios son insuficientes: "Hay que ver el tema de la prevención, y eso tiene más que ver con aspectos sociales y económicos".

Para el gobierno, las reformas sí ayudarán a combatir delitos que se incrementaron en 2010 como la extorsión: "El crimen evoluciona, aprende y se adapta. Como saben que hemos sido implacables contra la extorsión grande, entonces montaron una empresa macabra y criminal de microextorsión de 10.000 o 20.000 pesos", dijo el ministro Rodrigo Rivera la semana pasada en Bucaramanga.

Estas reformas apuntan a resolver algunos de los problemas de fondo que impiden un tratamiento adecuado de temas centrales de seguridad ciudadana, una preocupación clave de buena parte de los colombianos. Preocupa que algunos temas se discutan a la carrera y, por ello, lo que se apruebe no sea lo más efectivo o lo más adecuado a las necesidades de las regiones. Y que este país de abogados siga convencido de que la norma puede más que la realidad. Como dice el senador de los verdes Jorge Londoño: "Por homicidio, han venido subiendo las penas y no hemos visto disminuir significativamente los asesinatos. La ley es como un ungüento y eso no es así; el tema es más cultural, más educativo".
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