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Aún no se sabe quién reemplazará a Luis Alfonso Hoyos como alto consejero de Acción Social. Este cargo es clave para la reelección pues desde él se reparten los subsidios a los más pobres

GOBIERNO

Par ases

El Presidente aún no encuentra un candidato para el Ministerio de Defensa y ahora tendrá que buscar el sucesor de Luis Alfonso Hoyos en Acción Social. Tampoco será fácil.

13 de junio de 2009

A la visible dificultad que ha tenido el presidente Álvaro Uribe para nombrar el reemplazo de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa se le suma ahora el reto de encontrar el sucesor de Luis Alfonso Hoyos en la Dirección de Acción Social. Paradójicamente, ambos cargos son cruciales en este momento porque sobre sus espaldas descansa la estrategia de consolidación de la seguridad democrática, en primer lugar, y porque ambos son las puntas de lanza en caso de que se abra paso la reelección.

Luis Alfonso Hoyos, quien desde 2002 estaba a cargo de Acción Social, se va como embajador de Colombia ante la OEA y le deja al gobierno un hueco difícil de llenar. En la práctica, Hoyos era un súper ministro, pues su oficina tiene decenas de programas de gran importancia social y política y su gestión era una de las más destacadas del gabinete. Erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo, cooperación internacional, lucha contra la pobreza y atención a los desplazados son algunos de los temas que asume Acción Social, la mayoría de los cuales ha generado muchas controversias.

No obstante, tres programas de esta entidad son cruciales para el gobierno. Primero, Familias en Acción, a través del cual dos millones de familias (y llegarán a tres este año) reciben un subsidio mensual de 100.000 pesos, en promedio. Hay quienes interpretan este crecimiento como parte de una campaña exitosa por la reelección. De hecho, en la última gran encuesta los estratos 1 y 2, que son los beneficiarios de este programa, manifestaron mayoritariamente apoyar un tercer período de Uribe.

El segundo programa clave que maneja Acción Social es la reparación de víctimas, tanto la que se hará por vía administrativa -que ya cuenta con más de 200.000 inscritos- como la administración del Fondo de Reparación. Nada más y nada menos que las tierras de los narcos y paramilitares que serán devueltas a las víctimas o las que se adquieran para tal fin.

Por último, esta agencia presidencial maneja en completa llave con el Ministerio de Defensa el Centro de Coordinación de Acción Integral, que tiene a su cargo los planes de consolidación de la seguridad democrática. De esta entidad depende en buena medida que lo que los militares han ganado en estos seis años de control territorial y debilitamiento de las Farc se convierta en una adhesión real y duradera de las comunidades al Estado. Un reto enorme, dada la larga ausencia de las instituciones en estas zonas.

Por eso resulta más que curioso que justamente hoy, cuando la principal consigna reeleccionista es la continuidad y la consolidación de la seguridad democrática, los dos cargos clave en esa materia estén acéfalos y sin candidatos a la vista.

Respecto al Ministerio de Defensa, el Presidente parece no tener afán. Con el general Freddy Padilla de León como ministro encargado garantiza la continuidad. El mismo efecto tendría el hecho de que el viceministro Sergio Jaramillo siga en su cargo, y que en reemplazo de Juan Carlos Pinzón llegue alguien como Alejandro Arbeláez, quien ya tuvo un alto cargo en ese ministerio. Algo similar podría ocurrir en Acción Social, donde también hay cargos medios en manos de personas con gran experiencia y solventes que le permiten al Presidente darse un margen de espera sin que se descarrilen.

Sin embargo, la interinidad prolongada no le conviene al gobierno. En primer lugar, porque ambas entidades son, además de cruciales, gigantes, con presupuestos monumentales y funcionamientos muy complejos. Sólo el Ministerio de Defensa tiene a su cargo más de 600.000 personas entre militares y civiles, un presupuesto que alcanza el 4,6 por ciento del PIB, y uno de los grupos empresariales más grandes del país. Por eso cualquier falla en su dirección puede generar caos y pérdidas inestimables y se necesita quién responda no sólo en lo técnico (o lo militar) por ellas, sino políticamente, en el mejor sentido de la palabra.

Pero una segunda razón, no menos importante, es que alargar el tiempo sin nombrar el nuevo ministro y el nuevo consejero dan una sensación de agotamiento. Queda la idea de que el gobierno ya no tiene ases a su alcance y que le tocará jugar con par jotas o par ochos. Y eso haría inevitable que muchos se pregunten si Uribe no puede encontrar hoy dos pesos pesados para su gabinete, ¿con quién gobernaría en un tercer período?